Difusión Cencos México D.F., 4 de febrero de 2011
Boletín de prensa
HRW
• Abusos del Ejército y la Marina deben ser investigados por la justicia penal ordinaria
Human Rights Watch señaló que habría militares y policías implicados en una serie de muertes y desapariciones ocurridas en el estado mexicano de Nuevo León durante 2010. Los agentes del ministerio público federal y estatal deberían adoptar medidas de forma inmediata para juzgar a los responsables.
En el marco de una misión de investigación llevada a cabo en el estado de Nuevo León, Human Rights Watch obtuvo evidencias de que ocho asesinatos cometidos durante 2010 habrían sido el resultado del uso ilegítimo de la fuerza letal por parte de miembros del Ejército y la Marina. Human Rights Watch también documentó más de una decena de desapariciones forzadas en las cuales las pruebas señalan que estarían involucrados miembros del Ejército, la Marina, y agentes de policía.
"La decisión de no llevar ante la justicia a soldados y policías responsables de asesinatos, desapariciones forzadas y otro tipo de violaciones graves envía el mensaje de que estos crímenes son tácticas aceptables para combatir al crimen organizado", expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Si bien es cierto que Nuevo León sufre niveles de criminalidad extremas, estos abusos oficiales socavan la eficacia de las medidas de seguridad pública y agravan la situación de violencia".
Los familiares de las víctimas informaron a Human Rights Watch que habían reclamado ante las autoridades estatales y federales y que, en la mayoría de los casos, se habían iniciado averiguaciones previas. Sin embargo, según los mismos familiares, ninguna persona ha sido sentenciada en relación con los delitos documentados en Nuevo León por Human Rights Watch.
Human Rights Watch descubrió graves irregularidades en las investigaciones de estos casos iniciadas por funcionarios de la justicia ordinaria. Por ejemplo, en algunas de las investigaciones no se entrevistó a testigos clave, tampoco se visitó el lugar de los hechos y no se cumplieron otros requisitos procesales básicos. A su vez, la justicia militar había asumido la jurisdicción de algunos casos y no había impulsado investigaciones serias. Tradicionalmente, el sistema de justicia militar de México ha garantizado la impunidad de los soldados que cometen violaciones de derechos humanos contra civiles.
En algunos casos, los familiares de víctimas que exigieron que se investigaran los incidentes han sido objeto de intimidación u hostigamiento.
A título de ejemplo, a continuación se describen dos casos de ejecuciones extrajudiciales documentados por Human Rights Watch en Nuevo León:
Rocío Romeli Elías Garza y Juan Carlos Peña Chavarria
El 3 de marzo, esta pareja (ambos de 29 años) fueron alcanzados por disparos efectuados por miembros del Ejército en el municipio de Anáhuac. Dos testigos informaron a Human Rights Watch que las víctimas habían salido de la fábrica donde trabajaban cuando, aproximadamente a las 12:15 p.m., quedaron en medio de un enfrentamiento entre militares y hombres armados. Dos hombres armados intentaron secuestrar su vehículo pero, al verse perseguidos por los soldados, desistieron y se dieron a la fuga. Juan Carlos salió del automóvil e intentó correr hasta un lugar seguro, pero fue impactado por disparos de los militares. Rocío y Juan Carlos lograron resguardarse detrás de otro automóvil, y fue hasta que terminó el enfrentamiento que, con las manos en alto, Rocío grita a los militares rogándoles que ayudaran a su marido, que estaba herido, y manifestando que eran civiles y no estaban armados. Un soldado que se encontraba a aproximadamente 3 metros de distancia les dispararon.
Un grupo de soldados se acercó hasta los cuerpos y les disparó nuevamente a quemarropa. Luego, según afirmaron los testigos, los soldados movieron los cuerpos y colocaron armas cerca de ambas víctimas. Al día siguiente, el Ejército emitió un comunicado en el cual anunció haber matado a ocho delincuentes en un enfrentamiento armado.
Los familiares de la pareja presentaron una querella el 11 de marzo ante la Agencia del Ministerio Público del estado. El 9 de agosto, la Agencia del Ministerio Público del estado publicó un oficio en el cual señalaba que Rocío y Juan Carlos "fueron víctimas en el enfrentamiento entre personal de la Sedena y sicarios", y que no había indicios para presumir que "pertenecieran algún grupo u organización delictiva, ni son señalados por persona alguna como participantes del evento donde perdieran la vida". En noviembre, se inició una investigación paralela en el sistema de justicia militar.
A casi un año de los asesinatos, tanto familiares como testigos informaron a Human Rights Watch que no habían sido entrevistados por investigadores de la justicia ordinaria ni militar, y que tampoco se les había informado sobre el estado de las investigaciones.
Vicente de León Ramírez y Alejandro Gabriel de León Castellanos
El 5 de septiembre, aproximadamente a las 9 p.m., siete civiles se trasladaban en automóvil por una carretera cerca de Apodaca. Cuando el vehículo aceleró la marcha para pasar a un convoy de soldados, un capitán disparó a los neumáticos y, acto seguido, tres soldados abrieron fuego contra el automóvil. Alejandro, de 15 años, y su padre Vicente murieron en el incidente. Otros cinco pasajeros resultaron heridos, entre ellos dos niños de 8 y 9 años.
En un comunicado de prensa del 6 de septiembre, Sedena señaló que las muertes se habían producido en un retén de control. En respuesta al pedido del Senado, el 13 de octubre Sedena presentó un informe sobre el incidente. En este se contradecía su versión anterior (aquella referida al retén de control) y se afirmaba que los soldados habían ordenado al automóvil que se detuviera desde otro vehículo en movimiento y que, al ver que no acataba la orden de detenerse, el capitán había disparado. Sedena admitió que "no existió agresión contra el personal militar" desde el automóvil y que los tres soldados habían disparado "por inercia". Los sobrevivientes, entre ellos la esposa de Vicente, manifestaron que los militares habían disparado sin ninguna advertencia y que en ningún momento hicieron señas para que la familia se detuviera.
El ministerio público militar ha iniciado una investigación del incidente, y varios soldados han sido acusados de "violencia contra las personas causando homicidio". Human Rights Watch solicitó reunirse con autoridades militares para analizar aspectos concretos de este y otros casos, pero la petición fue denegado.
A título de ejemplo, a continuación se describen dos casos de desapariciones forzadas documentados por Human Rights Watch en Nuevo León:
Jehú Abraham Sepúlveda Garza
El 12 de noviembre, Sepúlveda Garza había detenido su camioneta pick-up afuera de una tienda en San Pedro Garza García cuando, aproximadamente a las 6:15 p.m., fue interceptado por miembros de la policía de tránsito. Según un registro proporcionado por la policía municipal, como no llevaba consigo su licencia de conducir, fue detenido y trasladado a la estación de policía. No había transcurrido una hora desde su detención cuando, sin la correspondiente orden de aprehensión, miembros de la policía ministerial de Monterrey se presentaron en la estación de policía y se llevaron a Sepúlveda Garza en un vehículo bajo su custodia.
La esposa relató a Human Rights Watch que llamó al teléfono celular de su marido a las 7:30, poco después de que fue transferido a la policía ministerial. La víctima respondió el llamado y dijo que no se le había permitido efectuar llamadas y que estaba siendo trasladado por la policía ministerial hasta su delegación, pero que, según le habían informado, sería liberado a la brevedad. Una hora después, su esposa llamó nuevamente, pero el teléfono había sido apagado. Ante esta situación, sus familiares iniciaron una búsqueda inmediata para dar con su paradero ante distintas estaciones de policía, bases militares y oficinas estatales y federales. Todos afirmaron que Sepúlveda no se encontraba detenido allí.
En los días siguientes a su detención, la policía ministerial ofreció versiones contradictorias de los hechos. En un primer momento, dijeron a los familiares que no lo habían detenido, y luego les informaron que la víctima se encontraba bien y que estaba bajo su custodia. Posteriormente, dijeron que había sido puesto a disposición de la Marina la misma noche en que fue detenido. La Procuraduría de Justicia del estado inició una investigación sobre su paradero.
La esposa de la víctima, quien tuvo acceso al expediente, informó a Human Rights Watch que dos oficiales de la Marina declararon ante la Procuraduría del estado que Sepúlveda Garza había sido puesto a su disposición sin aparente justificación, y que fue liberado luego de un breve interrogatorio. Desde los altos mandos de la Marina, se continúa negando que esta institución haya intervenido en la custodia de la víctima. Sus familiares desconocen su paradero y no han tenido noticias de él desde la noche en que fue detenido.
José Guadalupe Bernal Orzúa
Este joven de Monterrey, de 22 años, fue detenido el 23 de mayo a las 10 p.m., cuando salía de la casa de su suegra, quien fue testigo de su detención. Luego de varios días sin tener noticias, la madre de Bernal, Isabel Orzúa García, se presentó ante el Ejército, la Marina y la policía, pero todos negaron haber detenido a su hijo. Posteriormente, presentó una denuncia formal ante la Procuraduría de Justicia.
Durante la semana siguiente a la presentación de la denuncia, la vivienda de Bernal fue allanada en dos ocasiones por fuerzas de seguridad. Dos semanas después de la denuncia, se presentó en el domicilio de la madre de la víctima un hombre vestido de civil que afirmó pertenecer a la Procuraduría estatal y le preguntó "¿Está segura de que no quiere retirar la demanda?". Orzúa interpretó estas declaraciones como una amenaza.
Orzúa informó a Human Rights Watch que no sabía si las autoridades civiles o militares habían iniciado una investigación por la desaparición de su hijo. La suegra de Bernal nunca fue entrevistada por investigadores civiles o militares. Aún se desconoce el paradero de Bernal.
México es parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas desde marzo de 2008. Entre las obligaciones jurídicas asumidas en los tratados, México tiene el deber específico de registrar la detención de cualquier persona y proporcionar información al respecto; investigar en forma rápida, imparcial y efectiva todas las denuncias sobre desapariciones; y sancionar penalmente a los implicados. El incumplimiento por parte de las autoridades de Nuevo León incluso de las garantías más básicas de la Convención despierta dudas acerca de en qué medida el gobierno Mexicano cumple con la Convención, señaló Human Rights Watch.
En la mayoría de los casos sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por miembros del Ejército o la Marina, los agentes del ministerio público del fuero común han renunciado a su jurisdicción y han transferido los casos al fuero militar. Según comentaron a Human Rights Watch agentes de la Procuraduría General de la República habían iniciado investigaciones en "dos o tres" casos de presuntas violaciones de derechos humanos en Nuevo León, que aún estaban en curso.
El 20 de diciembre, la Corte Interamericana dictó una sentencia vinculante para México, en la cual dispuso que todas las violaciones de derechos humanos debían ser investigadas y juzgadas en el sistema de justicia penal ordinario. Se trata de la cuarta sentencia sobre abusos militares contra civiles dictada por la Corte desde 2008. En todas, la Corte determinó que bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar en casos de violaciones de derechos humanos de civiles cometidas por las fuerzas armadas.
Las investigaciones de Human Rights Watch-incluido un informe de 2009, Impunidad Uniformada-han demostrado que el sistema de justicia militar de México carece de la independencia e imparcialidad necesarias para ofrecer vías de acción efectivas a las víctimas, a través de la investigación y el juzgamiento de los militares que cometen violaciones de derechos humanos. El Secretario de la Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas, el control civil de las decisiones de los tribunales militares es muy limitado y prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares.
"El Gobernador Medina debe asegurarse de que los agentes del ministerio público del estado lleven a cabo una investigación enérgica, exhaustiva e imparcial de estos asesinatos y desapariciones, y debe enviar un mensaje claro de que su gobierno no tolerará ningún tipo de violaciones de derechos humanos ni investigaciones mediocres", afirmó Vivanco. "Ante un sistema de justicia militar que ha demostrado mayor preocupación por proteger a sus miembros que por asegurar justicia para las víctimas, es crucial que las autoridades de la justicia ordinaria investiguen los abusos del Ejército y la Marina".
Washington, DC; 3 de enero de 2011
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
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