Parlamentario I

Mauricio Toledo - miércoles, marzo 23, 2011

La vida pública de nuestro país exige la formulación y creación de propuestas alternativas para un sistema político que no ha sabido ser congruente con la profunda y amplia riqueza cultural y social de nuestra nación. Hoy como nunca es necesario que comprendamos el papel que como ciudadanos debemos representar, que podamos ser capaces de involucrarnos, de participar, de imaginar y actuar, y que reconociendo las múltiples omisiones y ausencias que hemos dado a este país, asumamos la responsabilidad de éste.

Un primer intento para la consecución de lo anterior posiblemente se encuentre en el reconocimiento de ciertos aspectos del sistema político mexicano y su diseño y arquitectura institucionales. En distinguir y profundizar en el contexto institucional contemporáneo, su funcionamiento cotidiano, sus aportaciones y vicios, para, partiendo de éste, consolidar las propuestas congruentes y prudentes que hagan de su posibilidad de transformación una realidad. En ese sentido este espacio pretende existir como un medio capaz de exponer y mostrar elementos necesarios, aunque no siempre suficientes, de una de las instituciones fundamentales en la vida pública de nuestro país; el Senado de la República, una de las dos cámaras constituyentes del Poder Legislativo Federal; y por tanto una referencia esencial para comprender la necesaria y compleja interrelación entre los tres poderes de la Unión que caracterizan la forma de gobierno en México.

El Senado de la República sugiere un diseño institucional que toma como referentes esenciales tres aspectos, un primero que alude a la representación oficial legítima en el interior del Poder Legislativo, de las entidades territoriales que dan forma a la Federación con la intención de mantener el equilibrio de la Unión y la igualdad entre los estados; un segundo, que garantiza y facilita tanto la función como el quehacer de formación de las leyes en esa misma representación, teniendo en consideración la equidad que supone la representación popular y territorial de la República Mexicana; y un tercero que surge por la necesidad de mantener un órgano equilibrante con el Poder Ejecutivo. Este modelo es el mismo que gradualmente le ha permitido una mayor influencia y capacidad de gobierno en un sistema soportado históricamente en el Poder Ejecutivo, y el que lo sitúa como una institución potencial en las posibles evoluciones o involuciones del sistema político.

En su interior, actualmente se desarrollan los trabajos correspondientes al segundo periodo ordinario, del segundo año de ejercicio de la 61 Legislatura. El desarrollo de éstos ha planteado dos elementos a rescatar, el proceso correspondiente a la ley migratoria y el correspondiente a la reforma en materia de derechos humanos.

El primero representa la consolidación de una ley de migración que fundamentalmente establece la obligatoriedad del Estado para respetar y defender los derechos humanos de los migrantes, con la intención de que la movilidad de indocumentados por el territorio nacional pueda sucederse en condiciones de respeto a su vida y dignidad. En este proceso se hizo evidente la intención de omitir cualquier posible sospecha de criminalización y penalización del migrante, independientemente de su estatus migratorio, poniendo especial atención en el delicado tema del papel de la policía, y buscando una reformulación más congruente y justa de la figura del migrante, en relación a los flujos migratorios existentes en los complejos contextos contemporáneos.

El segundo representa la modificación constitucional de mayor trascendencia en materia de derechos humanos, la cual superando los debates ideológicos, logró incluir la prohibición de todo tipo de discriminación, incluso la motivada por preferencias sexuales, así como el otorgar facultades de investigación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, modificar disposiciones del Artículo 29 en el sentido de establecer limitantes a la suspensión de garantías, y fundamentalmente una serie de argumentos que consagran y amplían libertades y derechos para las cuales el Estado debe garantizar su pleno ejercicio, en una conducta de congruencia con los tratados internacionales reconocidos por el propio Estado mexicano.

Así, ambos procesos bien pueden ser útiles a las intenciones del presente espacio, situándose como aspectos que sugieren cierta idea de la actividad legislativa del actual periodo, la cual aun plantea el desahogo de una serie importante de asuntos y circunstancias que constantemente le seguirán dando sentido a estas líneas.

Fuente: La Jornada de Veracruz