El clero católico y las elecciones

JAIME HERNÁNDEZ ORTIZ

Como un precedente y un logro muy significativo en la separación Iglesia-Estado, debe calificarse la sanción de amonestación que impuso la Secretaría de Gobernación al sacerdote católico Hugo Valdemar, al haber llamado a la ciudadanía a no votar por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El clero católico no entiende, o no ha querido entender, que ya pasaron esas épocas en las que a una sola mirada, huestes y turbas de fanáticos linchaban verbal o físicamente al disidente, al opositor, al crítico del catolicismo; o al que osara cuestionar su autoridad.

Vigilantes de poderes fácticos

Los tiempos han cambiado y aun cuando los logros son todavía escasos, por lo menos los que se saben de forma pública, hoy vivimos tiempos de mayor apertura y conciencia social. Aunque de forma soterrada y de manera generalizada sigan presentándose miles de casos de intolerancia política y de persecución religiosa.

Si bien Gobernación impuso una simple amonestación a Hugo Valdemar, la medida permite que en los casi 20 años que tiene la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, se deje asentada una sanción a tan alto miembro del clero.

Hay que recordar que la Iglesia católica había desplegado impunemente, en cada entidad donde había elecciones, abiertas campañas de “orientación” del voto para favorecer a los partidos de derecha y campañas de odio contra los partidos de izquierda.

Era necesaria una sanción al clero católico, por mínima que haya sido. Esto traerá vientos frescos de confianza ante un ya casi inminente proceso electoral federal que se antoja competitivo para el 2012, donde los poderes fácticos aún insisten en querer manipular o incidir perversamente en la voluntad ciudadana.

Es previsible que veamos en los próximos años ciudadanos más vigilantes de las conductas de los sacerdotes y ministros públicos; documentando y denunciando eventuales violaciones a la ley. Y lo mismo pasará frente a corporativos y cúpulas empresariales que buscarán reeditar una guerra sucia contra las izquierdas; de manera que antes de vigilar casillas, habrá que vigilar a los poderes fácticos.

Sanción a todo el clero

Cabe precisar que el sacerdote Hugo Valdemar llamó a no votar por el PRD, no a título personal, sino como vocero y a nombre de la Arquidiócesis de la ciudad de México; es decir, lo hizo como representante de una asociación religiosa cuyos dirigentes no sólo respaldaron esos dichos, sino que emprendieron una campaña nacional tendenciosa en su defensa.

Un vocero da voz a toda una institución. Nada de lo que dijo Valdemar fue circunstancial. Como sabemos, la historia de la Iglesia católica en México ha estado plagada de conductas institucionales, las más de las veces antipatriotas, entreguistas y por qué no, también muchas veces anticristianas.

Recordemos su triste papel en la Santa Inquisición durante la Colonia; su férrea oposición a la lucha de Independencia; su actitud perversa en contra de la Reforma; su papel activo y negativo contra la Revolución Mexicana; su genocida presencia en el movimiento cristero; el silencio criminal ante una pederastia transgeneracional, así su lamentable complicidad con el caso Marcial Maciel.

Pero al referirse a la petición del PRD, en que Gobernación lo sancionara con mayor fuerza, un memorioso Valdemar contestó: “A mí me asombra la actitud vengativa (del PRD). Si hubiera pena de muerte, ya estarían clamando que me fusilaran o que me enviaran a la silla eléctrica, pero afortunadamente la ley no prevé eso”.

En el caso de Marcial Maciel, Gobernación debió haber cancelado como mínimo el registro a los Legionarios de Cristo. ¡Ah!, pero como los funcionarios son católicos tal acción nunca prosperó.

Por menos –sin dejar de reconocer hechos graves por mínimos que sean–, y de manera oficiosa pero indebidamente, Gobernación retiró el registro a Casitas del Sur.

Necesario, nuevo gobierno juarista

El sacerdote Hugo Valdemar impugnará la resolución. Su principal argumento ha sido el mismo que han utilizado diversos miembros del clero cuando se trata de golpear todo proceso democrático y causa justa: que se hizo a nombre de la libertad de expresión.

Acompañado de abogados especialistas en leguleyadas, el sacerdote Hugo Valdemar recurrirá a la revisión del procedimiento administrativo y de ser necesario al amparo.

En teoría, Gobernación debe aplicar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, como ha sucedido; en tanto que el Instituto Federal Electoral debe aplicar sanciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pero es aquí donde el IFE no puede sancionar a particulares y donde puede darse margen a la impunidad. Cuidado.

Ya no es posible que la Iglesia católica participe en tantos asuntos políticos públicos del país. Ya no es posible que sigan actuando con tanta impunidad. Definitivamente necesitamos un gobierno juarista y de izquierda que sujete a la Iglesia católica al orden constitucional.

Fuente: La Jornada de Jalisco