Parar la indiferencia

LEOPOLDO GAVITO NANSON - MARTES, ABRIL 26, 2011

El 16 de diciembre de 1998 México se sometió expresamente a la facultad jurisdiccional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De los gobiernos en el subcontinente latinoamericano en funciones de cuatro años a la fecha, el gobierno de Felipe Calderón es el que más fallos en contra, condenas y recomendaciones de la CIDH ha recibido. Apenas en diciembre de 2010 la CIDH condenó a México por tratos inhumanos y degradantes contra dos campesinos ecologistas en el estado de Guerrero. Ordenó al gobierno mexicano a pagar una indemnización de 25 mil 500 dólares a cada una de las víctimas por daños materiales e inmateriales. Además, los jueces ordenaron a México “conducir eficazmente la investigación penal de los hechos, en particular por los alegados actos de tortura, para determinar las eventuales responsabilidades penales y, en su caso, aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea”. La instrucción quedó como letra muerta.

El lunes 18 de abril –día en que el ritual de Semana Santa recuerda el lavatorio pies y la latigueada a los cambistas de moneda en el Templo– Javier Torres Cruz, el campesino ecologista de la sierra de Petatlán, Guerrero, fue asesinado cerca de su comunidad por oponerse al desmonte que se hacía para la siembra de amapola. Las autoridades locales lo acusaron en algún momento de ser guerrillero. Nunca pudieron comprobarlo. Era, eso sí, integrante e la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán. Luego, el gobierno del estado dijo que había otorgado medidas cautelares para protegerlo, pero eso fue desmentido por el visitador general de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum), Hipólito Lugo Cortés. En 2001 la Coddehum había acompañado a Javier al DF para declarar sobre el asesinato de Digna Ochoa. Señaló ahí a un narcotraficante como quien había dado muerte a Digna. La versión de las autoridades es que Digna Ochoa se suicidó.

Ayer, la CIDH condenó el asesinato de Javier Torres e instó al Estado mexicano, al gobierno de Calderón –que por ahora representa al Estado– a investigar el crimen y castigar a los responsables materiales e intelectuales. La CIDH recibió información sobre amenazas, hostigamientos y atentados en contra de Javier Cruz y su familia desde 2007. El gobierno del estado mintió con la supuesta protección que daba al campesino y al gobierno federal simple y llanamente le valió madre, ocupado como está en complicaciones bélicas. En el transcurso de este gobierno la CIDH comprobó la responsabilidad del Estado mexicano en varios casos y dictó sentencia en el caso del Campo Algodonero de Ciudad Juárez; luego en el de Rosendo Radilla, líder social desaparecido en a mediados de los años 70; el de Inés Fernández y Valentina Rosendo, indígenas torturadas y violadas por militares, y el de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera que, al igual que Javier Torres, se oponen a la devastación ecológica por taladores en la sierra de Guerrero.

El mismo día en que Javier fue asesinado, la CIDH condenó la muerte de 145 personas halladas en fosas clandestinas en Tamaulipas. También en el amanecer de ese mismo día, a mil 280 kilómetros de distancia, fue acribillado en Monterrey un joven recién casado que se dirigía a su trabajo después de haber regresado de su luna de miel.

Fue asesinado, literalmente acribillado, por policías estatales en Monterrey. Los policías contaron al realizar su patrullaje dieron con una camioneta que les pareció sospechosa, que marcaron el alto pero que el conductor no hizo caso, lo persiguieron y terminaron por dispararle.

La persona a la que dispararon era Jorge Otilio Cantú Cantú, hijo de un médico conocido en la ciudad. Dos días después del asesinato aleatorio, un policía estatal aceptó que dejó una pistola 9 milímetros en la camioneta del joven acribillado. Dijo que lo hizo por la prisa de cumplir varias órdenes de sus superiores. La autoridad ministerial aceptó la falta policiaca pero aún sostenía que había que aclarar si el joven había muerto en un fuego cruzado.

Sin mencionar otros vehículos o presencia de sicarios, una fuente del periódico El Norte dijo que Jorge Cantú, fue interceptado sobre Lázaro Cárdenas por dos patrullas estatales con 12 elementos. Una de las patrullas se colocó atrás y otra adelante de la camioneta manejada por el occiso, no se precisa el momento en que el joven fue baleado.

El canal de Televisa, canal 12, dio seguimiento al caso, que ha sido de muy alto perfil. A las 7:20 de la mañana siguiente entrevistó al médico padre de Jorge Otilio Cantú. Entrevista desgarradora que fue subida a Youtube (http://www.youtube.com/watch?v=ZTd7fR8n26w). En ella, apenas contenido su dolor, denuncia que autoridades manipulan la información y que el día anterior lo hicieron trasladarse de un lado a otro para al final decirle que un estudio preliminar en la policía ministerial había un capitán segundo de infantería adscrito a la policía estatal, Reynaldo Camacho Ramírez, que fue quien dio la orden de disparar en contra de su hijo, “me lo asesinan las gentes en las que según el gobierno y según el presidente Calderón debemos confiar… estamos hasta la madre. Discúlpame Gregorio (Martínez, conductor del noticiero matutino Las Noticias, Televisa Monterrey)… pero ya no puedo... ¿Contra quién? ¿A quién te diriges? ¿A quién para que hagan justicia?”.

Los daños colaterales que hace unos meses el Presidente y sus ayudantes decían que eran menores hoy suman cientos.

Conviene que el liderazgo político de este país, diputados y senadores, asuma su responsabilidad cabalmente. Los calendarios electorales deben quedar subordinados al imperativo de poner un alto al continuo sinsentido de estas decisiones tomadas hace más de cuatro años. Es sobradamente demostrado, estadísticamente comprobado que la rigidez del Presidente lleva a ningún lado, excepto al desastre. Debe ser activamente acotado. Esta política no debe seguir así. Es necesario parar, hacer un alto y evaluar. Eso es tarea, por lo pronto, del Congreso y de la SCJN.

Los autos de fe pueden celebrarse como curiosidad sociológica o cultural, jamás por empecinarse neciamente en decisiones comprobadamente erradas.

*Es Cosa Pública

Fuente: La Jornada de Veracruz