JORGE COVARRUBIAS
Investigadores de la Universidad de Guadalajara revelaron que los habitantes de Temacapulín sufren de estrés postraumático y alteraciones nerviosas debido al desplazamiento forzado que intentan hacer las autoridades para construir la presa El Zapotillo. El equipo de especialistas es encabezado por Jorge Gastón Gutiérrez, académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Máxima Casa de Estudios.
De los 500 a 600 habitantes cuantificados en el lugar, la mayoría presenta problemas de salud.
“Se está reportando un incremento de estas enfermedades de alrededor de un 50 por ciento. Esto lo hemos podido corroborar también con información del centro de salud que está en la población de Temacapulín en donde el personal de atención médica nos ha informado en que en la medida en que se dan eventos coyunturales como cuando hay recorridos de policías, cuando se presentan amenazas o casos como el actual en que se tuvo organizar el plantón para exigir el cumplimiento de la ley a las autoridades involucradas estas enfermedades se incrementan a través del índice de consultas”, dijo.
Explicó que las enfermedades registradas son de tipo cardiovascular, hipertensión arterial, diabetes, afecciones cutáneas, irritabilidad, insomnio, depresiones, y afecciones gastro intestinales.
Gastón Gutiérrez mencionó que el informe tiene carácter de peritaje psicosocial y fue presentado ante los juzgados correspondientes en uno de los juicios de amparo que promovieron los pobladores.
Por la mañana se organizó una rueda de prensa en la que académicos de la Universidad de Guadalajara mostraron su apoyo a los habitantes de Temacapulín. Se sumó al pronunciamiento Salvador Peniche, investigador del Centro Universitario de Ciencias Económica Administrativas, al menos 13 organizaciones sociales, el Centro de Investigación y Producción de Tecnología Ecológica para la Vivienda (CIPTEV) y el Sindicato de Empleados Públicos del Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SEPSIAPA).
Discurso desgastado
Mencionaron que las autoridades antes de pensar en inundar a las comunidades alteñas, tendrían que revisar opciones como la reducción de la demanda, mejorar la gestión integral del agua superficial y subterránea de la ciudad, renovar las redes de distribución y reestructurar el sistema tarifario.
Salvador Peniche, experto en economía ambiental y agua, subrayó que el discurso de que los menos se tienen que sacrificar por los más está desgastado y sólo exhibe la torpeza gubernamental.
“En un país normal, civilizado, lo primero que tendría que haber hecho la autoridad pues es resolver el problema legal en el supuesto caso que ellos tuvieran la razón y entonces proceder, pero qué fue lo que hizo el gobierno: ignoró totalmente la parte del juez y siguió construyendo, eso es de un país bananero donde no oye la autoridad”.
Fuente: La Jornada de Jalisco
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