miércoles, 6 de abril de 2011

Piden reabrir investigación de desaparecido en 1996

MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 4 de abril. Norma Lorena Valdez Santos, esposa de Gregorio Alfonso Alvarado López, desaparecido en 1996, exigió al gobernador Ángel Aguirre Rivero que retome el caso y que se cree la fiscalía especial como se comprometió en su periodo interino.

La exigencia de siempre cobra mayor eco ahora que Ángel Aguirre Rivero es gobernador nuevamente, ya que la desaparición se dio en su primer periodo al frente del Ejecutivo estatal.

Incluso, Norma Lorena Valdez responsabilizó a Aguirre, y al actual diputado federal del PRI, Fermín Alvarado Arroyo, quien en ese entonces se desempeñaba como secretario de Gobierno.

Gregorio Alfonso Alvarado López, activista social que apoyó la lucha de los pueblos campesinos de Guerrero y Oaxaca, era originario del segundo de estos estados, llegó a este entidad en 1990, tuvo contacto con el sector democrático del magisterio, y con los pueblos campesinos e indígenas, como el Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia, Indígena, Negra y Popular.

Fue precursor de movimientos de unidad, y como muestras de esas agrupaciones de lucha, integraron el Frente Amplio por la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FACMLN), pues en el gobierno de Rubén Figueroa se vivió una fuerte represión. Efraín Torres Fierro y Omar Garibay, también fueron desaparecidos.

Su condición de activista social lo mantuvo viviendo en el acoso del sistema, incluso durante 10 meses antes de su desaparición, él y su familia fueron perseguidos por gente de Gobernación, y los vehículos sin placas siempre rodeaban el domicilio que actualmente guarda la familia en la colonia Amelitos.

Rafael Copaba Balderas y Roberto Vázquez Villanueva, al parecer agentes de CISEN y Seguridad Pública nacional, fueron los que participaron en el proceso de vigilancia, hostigamiento y acoso a la familia, por esa razón la esposa de Gregorio los responsabiliza directamente.

Desde su desaparición, el 26 de septiembre de 1996, su caso ha estado en tránsito entre la PGR y la Procuraduría del estado, y permanece abierto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Fuente: La Jornada de Guerrero

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