SARÍAH SOSA TRUJILLO - DOMINGO, MAYO 08, 2011
Veracruz Ver.- La Jornada Veracruz tuvo acceso al convenio firmado entre el gobierno del estado y la Federación hace poco más de 20 años, en el cual se estipula una serie de beneficios para los municipios asentados en los 60 kilómetros perimetrales de la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde. De una simple lectura se resume que todo ha sido una mentira.
Por ejemplo –y el más importante– las familias que viven en la zona de influencia de la planta, según este documento, deberían contar con tarifas preferenciales en el pago de luz eléctrica dado el peligro que viven diariamente ante una posible eventualidad nuclear.
A la fecha, la resistencia civil La Leyenda de Chucho el Roto Vive, no al pago de tarifas injustas de energía eléctrica sostiene una pelea pacífica contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como David contra Goliat, para hacer valer dicho documento, que es su principal base legal.
Un luchador social está en la cárcel, Francisco Morales Fernández, El Potro. Cuenta los días en el penal de Pacho Viejo, irónicamente, donde se pasó buena parte de su vida el ex gobernador Dante Delgado Rannauro –inventando el partido Convergencia por la Democracia– y quien firmó el documento en su papel de secretario de Gobernación de Fernando Gutiérrez Barrios.
El Potro, como se le conoce popularmente, tiene una sentencia de 20 años de prisión por los cargos de privación ilegal de la libertad, amenazas y delitos cometidos contra funcionarios, de los cuales ya purgó dos.
Este hombre logró que más de 35 mil veracruzanos asentados alrededor de la nucleoeléctrica dejaran de pagar a CFE para exigir que se cumplan sus demandas. Las pérdidas que se originaron para la paraestatal superaron los 22 millones de pesos.
Actopan, Úrsulo Galván, Paso de Ovejas y Veracruz son parte de los contagiados con las ideas progresistas del ex diputado del PAN, cuyos compañeros de partido lo abandonaron en la adversidad.
Dicho documento fue firmado en los primeros meses de 1990 por el presidente de la República en turno, Miguel de la Madrid Hurtado, como gobernador de Veracruz, Fernando Gutiérrez Barrios y secretario de Gobernación, Dante Delgado Rannauro, en donde se especifican los beneficios de los ciudadanos que habitan alrededor de la nucleoeléctrica.
Según el escrito antes mencionado, en la declaración 1.4.4 indica que: quienes vivan en comunidades aledañas a esta central en un radio de 60 kilómetros recibirían tarifas preferenciales en la facturación de su consumo de energía eléctrica por Comisión Federal de Electricidad por ser quien la maneja.
Algunos fraccionamientos de esta urbe se encuentran instalados dentro de este perímetro, por lo que se han unido a habitantes de lugares como Alto Lucero y La Antigua para reclamar lo que por derecho y decreto es justo, una tarifa preferencial.
“Apoyar en todo momento a la ciudadanía y a los gobernados para que éstos reciban los beneficios que en este convenio plantea el Ejecutivo federal”, este texto está manifestado como parte de las declaraciones aceptadas por ambos niveles de gobierno en donde se comprometían a cumplirle a la gente lo ahí asentado.
En la cláusula cuarta señala que la vigencia del mismo será de manera indefinida, pudiéndose adicionarse si esto es conveniente para el gobierno estatal o del federal. Hasta la fecha no ha sido invalidada ni modificada.
“Se firma con el objetivo de controlar las reacciones de la ciudadanía en contra de la puesta en marcha de lo que llamaremos La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV), misma que se estableció su construcción mediante un convenio”, es lo que se puede leer en la tercera hoja sexto párrafo del mismo.
La conservación de caminos y carreteras dentro de los primeros 16 kilómetros, así como la construcción de nuevas vías de comunicación alternas para las comunidades en caso de accidente en la planta generadora de energía está establecida en la declaración 1.4.2 y, a la fecha, los alcaldes de esa región, hasta del PRI, reclaman la reparación de las vías de comunicación.
De igual forma en la cláusula 1.4.1 y 1.4.7 garantizan la seguridad de la población en materia de energía nuclear, además de la construcción de clínicas rurales y hospitales donde se dé atención médica general, que deberían ser dotadas de medicamento por la misma planta, lo que no se ha cumplido, la alcaldesa de Vega de la Torre mantiene un reclamo constante contra el Sector Salud pues sospecha que la empresa es responsable del gran número de enfermos de cáncer en su municipio.
Finalmente, salvaguardar en todo momento la seguridad y la vida de todos sus gobernados mediante la aplicación de programas de seguridad, así como la creación de un programa radiológico externo para garantizar la seguridad de la ciudadanía es lo que marca el primer párrafo de la tercera hoja.
Este acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, así como en la Gaceta Oficial del Estado, luego de ser aprobado.
Fuente: La Jornada de Veracruz
No hay comentarios:
Publicar un comentario