CRÍMENES DE ODIO

El asesinato del activista de la diversidad sexual, Quetzalcóatl Leija Herrera, a la sazón ex presidente del Centro de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Humano Integral, AC tiene que asumirse en un contexto mucho más amplio que en el simple expediente de la violencia.

Leija Herrera era un activista por los derechos de los homosexuales, con una importante presencia en la comunidad lésbico gay no sólo en Guerrero sino en el país y se había caracterizado precisamente por denunciar la violencia contra este sector. Su muerte ocurrió en el centro de Chilpancingo, inclusive muy cerca del zócalo, y de una manera cruenta, a pedradas, lo que lleva a asumir dos hechos ineludibles: por una parte, la expresión de odio que eso implica y por la otra, la ausencia policiaca en el área, o su omisión para contener el ataque.

Pero además, este asesinato exhibe la violencia sistemática, aunque silenciosa, contra homosexuales. En el país, según recuento de las organizaciones, ha habido más de 600 crímenes de este tipo en 14 años.

Pero en Guerrero, las cifras son imprecisas porque casi por regla no hay denuncia. El propio Leija en algún momento había hablado de 16 casos, pero hay muchos otros datos más de agresiones que no se denuncian o que no se vinculan con una agresión homofóbica.

En Acapulco varios jóvenes homosexuales han sido agredidos por individuos que se desplazan en un mismo vehículo y que suele esperarlos afuera de los bares, amenazarlos y golpearlos con un procedimiento que tiene un sello particular. Pero, según expresiones de las mismas víctimas, no presentan ninguna denuncia por temor a seguir siendo agredidos o a veces por no hacer mayor escándalo.

En Chilpancingo y en otras poblaciones la situación no ha de ser muy diferente. Sin embargo, es necesario advertir que esta violencia no va a disminuir mientras no se promuevan políticas de respeto a la diversidad, en lo cual la Iglesia tiene mucho que hacer porque es el sector más reacio a reconocer los derechos a la comunidad lésbico gay; y de cero tolerancia ante las agresiones a este sector, por lo que las autoridades tienen que investigar y sancionar a los responsables.

Fuente: La Jornada de Guerrero