Exige ONG protección inmediata para los familiares de Torres Cruz

Apremia a crear mecanismos que garanticen la labor de los defensores de derechos humanos

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 7 de mayo. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) condenó el asesinato del ecologista Javier Torres Cruz, quien fue emboscado y asesinado el 18 de abril. El organismo internacional exigió a las autoridades estatales y federales a proteger “de manera inmediata” a los familiares de Javier Torres, quienes “se encuentran en peligro inminente”.

A casi un mes del crimen contra el ecologista e integrante de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), el Cejil recriminó a las autoridades que nuevamente los defensores de los derechos humanos vivan las amenazas y criminalización es por ejercer su trabajo.

“El hecho revela una vez más el estado de desprotección en el que se encuentran los defensores y defensoras de derechos humanos en México, y hace más urgente la necesidad de establecer un mecanismo para garantizar su protección efectiva”, destacó Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del organismo internacional.

Recordó que desde diciembre de 2008 había una orden por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que le otorgaran medidas cautelares a Javier Torres y su familia, solicitud que fue ignorada por el gobierno mexicano. También agregó que la CIDH solicitó en reiteradas ocasiones al Estado mexicano información sobre el caso.

Ante el homicidio contra el ecologista, el Cejil exigió al Estado mexicano “que proteja inmediatamente a sus familiares, quienes corren un peligro inminente y se investigue exhaustivamente este hecho y procesen y sancionen a los responsables”.

Indico que la situación en Guerrero “es particularmente alarmante, pues la Corte Interamericana ha intervenido requiriendo la tutela de la vida de otros activistas”.

Sin embargo, el Estado mexicano ha sido omiso en proteger a los activistas guerrerenses y, por tanto, consideró que dichas actitudes omisas “acarrean responsabilidad moral, política y jurídica por las muertes prevenibles”.

Finalmente dijo que hechos como el asesinato de Javier Torres Cruz denotan la necesidad de que el Estado mexicano institucionalice “de una vez por todas” un mecanismo de protección adecuado y en consulta con las organizaciones de derechos humanos y con otros actores que puedan brindar asistencia técnica.

Fuente: La Jornada de Guerrero