ÉRICK ALBA
Justo en el momento en que la activista por los derechos humanos, Gloria Rivera Rodríguez, encabezaba una marcha pública en el Centro Histórico de Morelia como parte de la búsqueda que hace de su hijo adolescente desaparecido, Agustín Hernández Rivera, otros activistas invitados por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), convocaban a su propia reunión para hablar sobre lo mismo: lo absurdo de las desapariciones forzadas y la exigencia de que todos regresen con vida.
Aunque desde dos trincheras distintas, los dos movimientos simultáneos que se vivieron a escasas cuadras ayer por la tarde en la ciudad de Morelia tuvieron la virtud de exponer la indignación individual colectiva ante un sistema que no se muestra abierto a las exigencias, según el periodista Julio Pimentel, primero de los oradores convocados en el Museo del Estado por iniciativa de la Jornada Nacional contra la Desaparición Forzada.
Desde la mesa de discusiones, Pimentel inició las primeras deliberaciones sobre el tema Los Crímenes de Lesa Humanidad bajo el pretexto del combate a la delincuencia organizada, en donde resaltó las pocas variantes en la actitud del gobierno mexicano desde las protestas sociales de los años 50 y 60.
Desde entonces, aseguró el ponente, el sistema gubernamental recurre, en ocasiones, al diálogo o a la cooptación de los dirigentes sociales para sofocar la protesta, o a la simple represión, que incluye el asesinato, en otros, como sucedió a ferrocarrileros, estudiantes, obreros y campesinos durante la llamada guerra sucia del régimen echeverrista, así como en los casos de Atenco, que involucra a Enrique Peña Nieto y a Genaro García Luna a pesar de las exoneraciones que hizo sobre ellos el sistema judicial mexicano, junto a otras que se refieren a masacres cotidianas en estados con población indígena y caciques, como en Chiapas y Oaxaca.
Julio Pimentel aseguró que la represión gubernamental en el México actual es una forma de legitimización de Felipe Calderón ante el pueblo gobernado, y en donde la guerra contra el narcotráfico funciona como excusa para desaparecer a activistas incómodos para ese mismo régimen, cuyo número fatal se calcula hasta el momento en 30 mil activistas desaparecidos, según datos del FNLS.
A eso se suma la inercia expansionista de Estados Unidos, que ve en la problemática latinoamericana una oportunidad de controlar el territorio para sus propios fines intervencionistas, mientras que el narcotráfico latinoamericano le representa a ese mismo país la oportunidad de deshacerse de los ex colaboradores incómodos cuando llega el momento, tal como ocurrió en el caso Panamá con el general Manuel Antonio Noriega.
En el momento actual, la participación de Estados Unidos en Colombia, con un plan que lleva el mismo nombre, parece tener efectos positivos según la información de las televisoras, aunque en el fondo, aseguró el periodista, los envíos de sustancias ilegales siguen arrojando ganancias millonarias al crimen organizado y costando vidas de civiles en disputa, mientras la potencia controla la situación política de Colombia pero no el problema del narcotráfico, algo muy cerca de suceder en México a través del Plan Mérida.
Los resultados reales al final del sexenio de Felipe Calderón, dijo el ponente, es el aumento en el número de policías federales, de 5 mil que existían al inicio del calderonismo, a 40 mil en la actualidad, además del envío del Ejército a las calles y la violación sistemática a los derechos humanos que eso significa.
Pero el sector gubernamental, incapaz de contener su propio engendro, encontró en las televisoras una nueva herramienta de control social al dibujar a los inconformes como criminales e incitadores de la violencia, algo que bien podría aplicarse hoy a la señora Gloria Rivera cuando se aferra a encontrar a su hijo, y que ayer encabezó una marcha para exigir la creación de una fiscalía estatal especializada en casos de personas desaparecidas, aunque ella, como muchos otros activistas empujados a la manifestación pública por las circunstancias, ya no tiene miedo de ser reprimida.
Fuente: La Jornada de Michoacán
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