A siete años, la tortura y represión contra altermundistas en GDL continúan impunes

El 28 de mayo de 2004, policías cargaron contra manifestantes por órdenes de Ramírez Acuña

ANALY S. NUÑO

A siete años de la represión del 28 de mayo de 2004, cuando por órdenes del gobierno estatal encabezado por Francisco Ramírez Acuña, elementos de seguridad pública se enfrentaron con altermundistas durante la manifestación contra la III Cumbre América Latina, El Caribe y la Unión Europea (ALCUE), los acontecimientos que dejaron en evidencia “la criminalización de la protesta social” siguen impunes, por lo que es urgente y necesario que el estado inicie una averiguación y sancione a los responsables, señalaron integrantes del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

“De acuerdo con diversos organismos locales, nacionales e internacionales, se pudieron documentar decenas de víctimas de tortura el 28 de mayo y días subsecuentes, incluyendo hechos ocurridos en el propio Reclusorio Preventivo, sin que a la fecha se haya iniciado alguna investigación por el Estado mexicano, como parte de sus obligaciones internacionales de conformidad con las Convenciones de las Naciones Unidas y de los Estados Americanos contra la tortura. Es necesario que se haga una investigación y se aplique una sanción, considerando la sanción como reparación de los derechos humanos”, indicó César Octavio Pérez Verónica, coordinador del área de Litigio Estratégico del organismo.

En entrevista con La Jornada Jalisco, los representantes del organismo advirtieron que actualmente continúan condiciones adversas para que la propia Procuraduría General de Justicia del Estado investigue los “crímenes” ocurridos el 28 de mayo, sin embargo, a pesar de esto y de los años transcurridos, por obligación y acatamiento a la ley se tiene que llevar a cabo la averiguación correspondiente.

“Los principios de objetividad e imparcialidad se derrumban por sí solos al analizar las quejas y las denuncias públicas por tortura en la presente administración. Lo anterior no quiere decir que algún día no se vaya a investigar cada una de las violaciones a los derechos humanos sufrida por los y las jóvenes, el delito de tortura es imprescriptible, esto es, el transcurso del tiempo no es motivo para que no se investigue, procese y sancione a los responsables, empezando por el ex gobernador Francisco Ramírez Acuña”.

En este tenor, recordaron que en el Análisis de la Tortura en Jalisco 2000-2009 destaca la situación de tortura que se registró en estos hechos, calificados por distintos sectores como uno de los capítulos más graves que han marcado la historia de Jalisco en materia de violaciones de derechos humanos en la última década.

“En el Análisis de la Tortura en Jalisco 2000-2009 elaborado por el Cepad, podemos observar que la tortura es una práctica recurrente por parte del personal de Seguridad Pública y de la Procuraduría, pero lo relevante en el caso del 28 de mayo, fue la gran cantidad de jóvenes sometidos a dichas prácticas, incluso hubo imágenes que le dieron vuelta al mundo, esto desde luego que no le importó a las autoridades lo cual nos demuestra el grado de impunidad con que actúan”.

Por su parte, Francisco Macías Medina, coordinador del Cepad, consideró que la mayor problemática a la que se enfrentan los afectados de la represión del 28 de mayo es que se ha “dinamitado” el acceso a la justicia, puesto que hoy en día no hay instituciones que documenten denuncias por tortura y las que existen se han politizado lo que ha dado derivado en que la criminalización de extienda a otros aspectos.

“Se ha diversificado la criminalización de la protesta, llegando a la criminalización de distintos aspectos, como el sexoservicio o gente en situación de calle y esto es efecto de la impunidad y de la falta de investigación de los hechos y sanción a los responsables derivado de que los gobiernos estatales han minado la institución pública con carácter y vocación ciudadana como es la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, al grado de convertirse en un órgano que trabaja de espalda a la sociedad, opaca y generadora de desconfianza en cada investigación que supuestamente realiza”, puntualizó.

Fuente: La Jornada de Jalisco