México, D.F. a 25 de mayo del 2011.
Al cumplirse 4 años de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, consideramos importante dar a conocer a la opinión pública las siguientes:
REFLEXIONES
1.- La doctrina y las normas internacionales han consolidado la caracterización de la desaparición forzada de persona como un crimen de Lesa Humanidad, que produce violaciones múltiples a los Derechos Humanos y que es de los más aborrecibles que existen.
2.- El Estado mexicano ha suscrito y ratificado todos los instrumentos jurídicos que se han elaborado en el ámbito internacional, de modo que podría suponerse un gran interés de su parte en combatir este flagelo y en hacer todo lo posible para evitar su repetición.
3.- Sabiendo que en nuestro país se han denunciado desapariciones desde hace décadas, era de esperarse que hubiesemecanismos jurídicos ágiles y de fácil acceso para cualquier persona, que sirvieran eficazmente para prevenir las desapariciones forzadas y para sancionarlas ejemplarmente en los casos en que se presentaran.
4.- Tomando en cuenta que el delito de desaparición forzada es cometido por agentes del Estado o por particulares con la aquiescencia de aquellos, a estas alturas deberían estar purgando severas condenas muchos (o al menos algunos) personajes influyentes.
5.- Lo cierto es que nada de lo anterior ha sucedido y que en México no ha sido castigado un sólo delincuente de Lesa Humanidad. Tampoco se ha investigado de forma legal la desaparición forzada de Reyes Amaya y de Cruz Sánchez.
6.- Conforme a los parámetros internacionales, la desaparición forzada de los militantes del PDPR–EPR está plenamente acreditada. En esas condiciones, resulta absurda la postura de la Procuraduría General de la República de no orientar sus indagaciones hacia ese delito, sino que dice estar esperando la conclusión de su tarea en este caso (sin fijarse plazos) para determinar si estamos o no ante ese ilícito. Da la impresión de que administra convenientemente el conflicto, para aprovechar la tregua que el grupo armado aceptó a propuesta de la COMED.
7.- El Estado mexicano se ha desvalorizado ante la Comunidad Internacional, pues ha sido puesto en el banquillo de los acusados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en seis ocasiones resultó condenado. Quienes lo representan en juicio no procedieron con honestidad profesional, pues intentaron confundir al Tribunal asegurando que las desapariciones forzadas son en México cosa del pasado, cuando el caso de Reyes Amaya y Cruz Sánchez es del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
8.- Tres instancias del Estado han reconocido que estamos ante una desaparición forzada de personas: dos jueces federales que al conceder la suspensión en amparo ordenaron la presentación de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que recomendó lo mismo. Ante el incumplimiento del Estado, es claro que las instancias internas del país se han agotado y puede abrirse ya el camino hacia la justicia internacional. Lamentablemente podría ser que también en este caso la solución vendría de fuera. Será un nuevo fracaso de la justicia mexicana.
9.- En su reciente visita oficial, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) constató que el denominador común en esta materia es la impunidad. Los órganos del Estado encargados de investigar estos crímenes muestran más interés en encubrir a los perpetradores que en hacer justicia. Los une un “espíritu de cuerpo” que los lleva a abandonar sus deberes y anteponer sus intereses. Por eso no responden ni a las resoluciones ni a las recomendaciones que les hacen.
Como mexicanos, nos avergüenza que ciudadanos y ciudadanas de otras latitudes se enteren de los graves males que afectan al conjunto del aparato estatal.
10.- El gobierno de Oaxaca avanza ante la oportunidad de aportar nuevos elementos que contribuyen a la solución de estos hechos. Esperamos que estas acciones pronto aporten los resultados esperados.
Con base a lo anterior, formulamos el siguiente:
PRONUNCIAMIENTO
Primero.- Es deseable que la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez se resuelva en México y que los familiares no se vean en la necesidad de recurrir a los Tribunales internacionales.
Segundo.- Lo anterior implica que la PGR tome en serio el asunto. De otra forma, sus titulares podrían ser sometidos a juicios de responsabilidad. Es totalmente inadmisible que a cuatro años no haya un solo resultado mínimamente creíble,
Tercero.- Las bases elementales para investigar esta desaparición forzada están en la Recomendación 7/2009 de la CNDH. A partir de ella es posible llegar a la verdad y fincar responsabilidades para hacer justicia.
Cuarto.- La COMED continuará la labor que aceptó llevar a cabo en este caso, entendiendo que de resolverse se abrirá la posibilidad de aclarar las más de mil desapariciones ocurridas en México, así como otros crímenes de Lesa Humanidad.
Miguel Álvarez Gándara, Jorge Fernández Souza, Dolores González Saravia,
José Enrique González Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa,
Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra,
Gonzalo Ituarte, Gilberto López y Rivas,
† Carlos Montemayor, Pablo Romo Cedano,
† Samuel Ruiz García.
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