Pedro Matías
OAXACA, Oax., 3 de mayo (apro).- Las negociaciones para lograr el retorno de desplazados a la comunidad de San Juan Copala se complicaron hoy luego de que los afectados desconocieron como interlocutores a la delegada de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Concepción Rueda, y al director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Bernardo Vásquez Colmenares.
Los desplazados se inconformaron porque ambos funcionarios acudieron a San Juan Copala a inaugurar el albergue escolar indígena "Renovación", donde se reunieron con los “paramilitares” que, acusaron, en el 2010 asesinaron a 20 indígenas triquis simpatizantes del autodenominado municipio autónomo.
La vocera del plantón de desplazados que se encuentra en el corredor del Palacio de Gobierno, Reyna Martínez Flores, condicionó la participación del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente en las mesas de diálogo, al retiro de ambos personajes como interlocutores.
Consideró como una burla del gobierno, por un lado, sentarse a definir el retorno de los expulsados y, por otro, reunirse con los “paramilitares”.
Consideró como una burla del gobierno, por un lado, sentarse a definir el retorno de los expulsados y, por otro, reunirse con los “paramilitares”.
El pasado 30 de abril, explicó, “comprobamos, con coraje y tristeza, que la impunidad y protección que gozan estos criminales”, dijo Martínez Flores, quien aseguró que dicha impunidad está avalada por los gobiernos federal y estatal.
“Si se presentan esas personas, nosotros nos vamos; no vamos aceptar a esos funcionarios porque son cómplices de los asesinos. Siempre esta señora (Concepción Rueda) estuvo aliada con los paramilitares. Ellos nos están declarando que son otro miembro de los que nos han atacado por eso no vamos a aceptar a ellos allí”, puntualizó.
Martínez Flores advirtió que la dignidad del pueblo trique no está en venta. “Tenemos muchos muertos, muchos huérfanos y viudas”, precisó.
La vocera del movimiento recordó que el 28 de noviembre de 2009, el 27 de abril de 2010 y el 7 de junio de 2010, un grupo armado no sólo impidió la entrada de caravanas humanitarias, sino que emboscó a una. Como consecuencia de ese acto, murieron los activistas Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola.
“Sabemos que hay un grupo armado que impidió la entrada da las caravanas y ahora cómo es posible que esta señora entra libremente a Copala y todavía tiene el descaro de decir que hay paz y que ya están iniciando las clases cuando sabe muy bien de que es un grupo de paramilitares los que están allí y los niños no son de allí, sino de otras comunidades”, añadió.
Por otra parte, informó que ante la falta de resultados para la implementación de las medidas cautelares que les otorgó la CIDH --según el informe MC-197-10--, a 135 indígenas triquis en octubre de 2010, realizaran el próximo 23 de mayo una marcha en la capital del estado. Posteriormente, iniciarán una caravana rumbo a la Ciudad de México para denunciar que en este país no hay justicia ni gobierno, ni leyes que se respeten.
Hizo hincapié en que desde el 19 de septiembre del año 2010 quienes habitan su pueblo son los “paramilitares” al servicio del exgobernador Ulises Ruiz Ortiz.
Fuente: Proceso
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