Una reforma laboral para los trabajadores

RAÚL MORÓN OROZCO

Este mes de mayo en que celebramos un año más el día internacional del trabajo, hagamos un análisis serio y profundo, pensemos si lo que requiere el país en este momento, es una reforma laboral que favorezca los intereses de los empleadores en perjuicio de los trabajadores como lo proponen el PAN y el PRI o una reforma laboral, que como históricamente se ha hecho, defienda los intereses de los trabajadores como lo propone la izquierda en México.

Primero habría que señalar que la reforma propuesta por Acción Nacional y Javier Lozano, Secretario de Trabajo, propone entre otras cosas, el establecimiento de los contratos a prueba y de capacitación inicial, que no son otra cosa, sino la autorización legal para la contratación eventual y para el despido sin responsabilidad jurídica y económica alguna si los resultados del trabajo no satisfacen las expectativas del patrón, propone también un tope máximo de 6 meses para el pago de los salarios caídos, autoriza la contratación por horas (otra forma de fomentar la precarización del empleo), limitaciones del derecho de lactancia de las madres trabajadoras, limitación a los derechos de sindicalización, incremento de condiciones para la celebración de los contratos colectivos de trabajo y, sobre todo, introduce un elemento de parcialidad al derecho de huelga de los sindicatos, al permitir que sea la junta y no las partes, quien concluya por resolución o laudo un movimiento huelguístico si este se prolonga por más de dos meses sin existir una solución conciliada.

En tanto que la reforma laboral propuesta por el Partido Revolucionario Institucional, entre otras cosas, rompe con el principio de bilateralidad y de estabilidad en el empleo al modificar el artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo, suprimiendo el texto que refiere que la existencia del contrato de una persona se dará mientras subsista la materia de trabajo, es decir, lo que ahora se pretende es que la existencia de un contrato de trabajo dependa exclusivamente de la voluntad del patón y no de la subsistencia de la materia de trabajo, que es lo que actualmente justifica la estabilidad del trabajador en el empleo; además, igual que el PAN, propone un tope máximo para el pago de salarios caídos, con la única concesión de que el PRI otorga 6 meses más que el PAN, e igual que el PAN, promueve limitaciones a los derechos colectivos de los trabajadores, al desaparecer la posibilidad de la sindicalización gremial; por otra parte, desaparece la obligación del patrón de entregar personalmente al trabajador el aviso de rescisión del empleo, incrementa las causales del despido, se legitiman las renuncias anticipadas y las renuncias en blanco del empleo, sin importar las circunstancias en que estas se hayan obtenido, se derogan los derechos de seguridad social establecidos en la Ley Federal del Trabajo para trasladar su regulación a la Ley del Seguro Social, como es el caso de las incapacidades por riesgos de trabajo, entre otras, que a todas luces constituyen no sólo una violación al principio constitucional de justicia laboral, sino un retroceso de más de 100 años de conquistas laborales y derechos adquiridos con lucha, movilización, protesta, unidad y organización de la clase trabajadora.

Por eso, hoy más que nunca, la izquierda debe defender los principios que dieron origen al artículo 123 Constitucional en sus apartados A y B, a la Ley Federal del Trabajo de 1931 y a las reformas laborales de 1955, 1970 y 1980, ésta última aprobada un 1 de mayo, en donde quedaron establecidos muchos de los derechos que hoy pretender ser derogados, como los efectos del aviso del despido, la carga de la prueba al patrón, la suplencia de la deficiencia de la queja en favor de los trabajadores y la imparcialidad del estado en el procedimiento de huelga.

Hoy más que nunca, en este mes de mayo del 2011, debe propugnarse por una “contrareforma laboral”, que garantice condiciones reales de trabajo, que proteja al trabajador como un derecho y un deber social, que rescate el principio de la estabilidad en el empleo, anulando cualquier posibilidad de “eventualidad”, bajo la figura de los contratos a prueba o de capacitación, por el contrario, que promueva la definitividad o inamovilidad en el empleo cuando subsista la materia del trabajo, que mantenga el principio de la igualdad entre las partes desde la contratación, impidiendo que se institucionalice el “intermediarismo” bajo la figura del outsourcing, que no son sino una forma de evadir obligaciones patronales, y sobre todo, que se rescate el derecho a la no discriminación ahora por razones de “edad, sexo, capacitación o preparación técnica”, los trabajadores merecemos un trato digno, sin merma de nuestros derechos históricos y sin olvidar que el derecho laboral es y debe seguir siendo un derecho fundamentalmente proteccionista del trabajador y no del empleador, por la simple y sencilla razón de su naturaleza social y su función de generar condiciones de equidad y de equilibrio entre dos sectores con intereses diametralmente opuestos.

No es generando más impuestos, pagando menos prestaciones a los trabajadores y matando delincuentes, como habrán de cambiar las condiciones sociales de este país, requerimos un cambio estructural de fondo, un cambio de políticas económicas y sociales que tengan su prioridad en el país y no en los intereses de los organismos internacionales, pero sobre todo, necesitamos una reforma laboral que incentive la producción y el trabajo, que estimule un gran movimiento laboral dentro de las fábricas, del campo, de los centros urbanos y de comercio, que nos permita producir lo necesario para volvernos autosuficientes, manteniendo primero, nuestra soberanía alimentaria y generando condiciones laborales y productivas después, para incrementar nuestro nivel de exportaciones, como una buena medida de fortalecer nuestra balanza comercial con un superávit que dé al país los recursos necesarios para alcanzar la estabilidad económica que tanto necesitamos.

Fuente: La Jornada de MIchoacán