ESTHELA DAMIÁN PERALTA
¿En verdad no hubo elementos para dictarle a Jorge Hank Rhon el auto de formal prisión por presuntas violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos? ¿Será que pasó como en otros casos donde el agente del Ministerio Público federal integró mal la averiguación previa para beneficiar a algún indiciado? En aras de despejar cualquier sospecha sobre su actuar, la Procuraduría General de la República (PGR) está obligada hoy más que nunca a rendir cuentas sobre este escandaloso caso.
En ese tenor, el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados presentará ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para que dicha dependencia rinda un informe detallado sobre las causas que orillaron a la Juez Noveno de Distrito, Blanca Evelia Parra Meza, decretar el auto de libertad.
Estoy cierta de que sería muy sano conocer los hechos que motivaron la llegada de militares a la residencia de Hank Rhon el pasado 4 de junio a raíz de una supuesta denuncia ciudadana, la integración del expediente que realizó el agente del Ministerio Público federal y determinar por qué una acusación que daba la impresión de estar bien fundamentada vino de más a menos, hasta que la juez consideró que no había elementos para dictar el auto de formal prisión.
Se trata de asuntos muy delicados para el desarrollo democrático del país, no sólo porque se presumió el vínculo con la delincuencia organizada de un político de renombre en Baja California, sino además por los nexos que éste tiene en el estado de México donde próximamente se van a celebrar elecciones.
Necesitamos conocer qué fue lo que pasó y qué es lo que sigue en este asunto de carácter jurídico-penal, me parece elemental esclarecer los hechos de una detención que la semana pasada se convirtió en un escándalo nacional.
El auto de libertad concedido a Jorge Hank Rhon, nos hace replantear la necesidad de grabar no sólo el desarrollo de los juicios sino también la integración de la averiguación previa, a efecto de que el acusado o la parte acusadora no puedan sembrar situaciones inexistentes o que despierten sospechas.
¿Qué es lo que está pasando con la procuración de justicia en el país? ¿Cuáles son los pasos que se tienen que agotar para impedir que con tanta facilidad se desechen las averiguaciones previas? ¿Qué sucede con la parte de la Procuraduría que es el representante de la sociedad? ¿Realmente se cuenta con los elementos necesarios para acreditar la comisión de delitos como los que se le imputaron a Jorge Hank Rhon?
No basta con que la PGR impugne la resolución de la juez, sino que se requiere que informe a detalle qué fue lo que ocurrió en este caso y dónde estuvo la falla; y es que resulta difícil de creer que ahora digan que no hubo elementos para dictar el auto de formal prisión cuando en su residencia le fueron aseguradas 88 armas de fuego de diversos calibres, así como nueve mil 250 cartuchos útiles.
En un escueto comunicado, la oficina de prensa de la PGR se limitó a señalar que la dependencia federal no había sido notificada de la resolución que emitió la Juez Noveno de Distrito con sede en Tijuana. Tras un recuento de los hechos, salió con la clásica frase, ya desgastada por cierto, de que refrendaba “su compromiso de velar por la estricta aplicación de la Ley, agotando las instancias legales procedentes para su cumplimiento, siempre con respeto a los derechos humanos, así como a los procedimientos y competencias establecidos en el ordenamiento jurídico”.
Como si con lo anterior, la Procuraduría General de la República despejara todas las sospechas que rodean su actuación en este espinoso asunto.
Fuente: La Jornada de Guerrero
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