QUEBRADERO

ANTONIO GONZÁLEZ VÁZQUEZ

Desde ayer y durante seis días, México pasará a ser un estado Policíaco en el que el aparato represor del Estado, por la vía de la fuerza, será el que dicte quien está fuera o dentro de la Ley.

El dilema es confiar o no en las acciones de la autoridad.

En un país ya de por si militarizado por la amplia presencia de elementos de las fuerzas armadas en todo el territorio nacional, se suman ahora más de 310 mil policías.

La desconfianza en las instituciones encargadas de brindar seguridad y procurar justicia, es el primer obstáculo a vencer en un país en donde priva la impunidad y la corrupción.

El Operativo Nacional de Seguridad Pública aprobado por la Conferencia Nacional de Gobernadores e implementado desde ayer, parte de la premisa de que los gobernadores si se ocupan y se preocupan de lo que ocurre en sus entidades federativas con respecto de los altos índices de criminalidad.

La responsabilidad en las 40 mil muertes que suman desde el inicio de la guerra que Felipe Calderón inició contra la delincuencia organizada, alcanza también a los gobernadores.

El operativo orientado a la persecución de probables delitos del fuero común era necesario frente a la percepción generalizada de que los gobiernos locales no le entraban de lleno al problema.

Sin embargo, resulta penoso que se alardee de dicho operativo, cuando en resumidas cuentas de lo que se trata, es de que se pongan a trabajar en lo que, constitucionalmente les toca.

No es nada para el aplauso. La policía hará lo que tiene que hacer un policía, nada más. Combatir a la delincuencia y preservar la tranquilidad es su función.

Los objetivos son por demás encomiables y dignos de crédito. Nadie habría de ponerles un pero.

“Se combatirán delitos como robo de vehículos, robo a transporte de carga y de pasajeros, venta de autopartes robadas, detención de personas con mandamientos judiciales pendientes, combate al secuestro, recuperación de vehículos sustraídos, desarticulación de bandas criminales, detención de vehículos con vidrios polarizados y/o sin placas.

Así como detectar y recuperar vehículos robados, detener autos con placas sobrepuestas, con vidrios polarizados, así como aquellos que no tengan en orden los documentos respectivos para la circulación.

De entre ese amplio listado, vale la pena hacer énfasis en aquellos que más lesionan a los ciudadanos, como lo es el secuestro. En los diversos delitos que se perseguirán no aparece el de extorsión.

En el caso del plagio de personas, en el estado se han presentado hechos muy lamentables que han terminado en la ejecución de las víctimas, en tanto que hay casos que no han sido resueltos porque hay ciudadanos aun privados de su libertad.

Destaca también el asunto de la detención de presuntos delincuentes cuyas órdenes de aprehensión están pendientes. En ese caso, la actual administración recibió un rezago gigantesco que no ha sido abatido y que en seis días, es de dudar que se pueda lograr algún avance significativo, sobre todo, en casos de alto impacto.

El rezago es tan absurdo como inexplicable, pues en asuntos ajenos a la delincuencia organizada, verbigracia el de los ex presidentes municipales con órdenes de aprehensión, por actos de corrupción, en su mayoría están detenidos.

Y da el caso de que cuando los detienen, como ocurrió con Gustavo Alarcón, a la vuelta de unas horas alcanzan su libertad. Dos años para detenerlo y en 48 horas estaba fuera de prisión.

Es decir, no basta que la Policía Ministerial actúe y detenga a quienes se han evadido de la justicia, sino que el Agente del Ministerio Público integre de manera profesional sus expedientes para que los detenidos sean llevados ante la justicia para ser castigados.

Cualquier esfuerzo debidamente organizado para un combate más eficiente al delito debe ser bienvenido, pero eso no resuelve de fondo el serio problema de inseguridad.

Por ejemplo, en el Distrito Federal, la Procuraduría General de Justicia inició su operativo en la emblemática colonia Buenos Aires, famosa por su alta incidencia delictiva.

¿En el caso de San Luis a que zonas de riesgo real se habrán metido los policías?

El sentido común dicta que seguramente habrá una especial atención a San Ciro de Acosta donde se encontraron fosas con cuerpos enterrados, o bien, en Ébano, Villa de Ramos, Ciudad Valles y otros municipios “contaminados” con el ingreso de delincuentes de otras entidades.

El gobernador Fernando Toranzo ha fijado la meta del Operativo en tierras potosinas con una vara muy alta: bajar a cero la tasa delictiva. Eso no existe a menos de que se trate del paraíso terrenal.

De cualquier modo, el esfuerzo es válido en tanto que la sociedad está harta de lo que ocurre, no solo por las ejecuciones y enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los delincuentes, sino también porque se puede ser víctima del robo desde un medidor del agua, un tanque del gas hasta el de un vehículo.

El delito ha alcanzado a todos y en cualquier estrato social.

Esperemos que el Operativo no concluya con el simplismo de que se enviaron cientos de vehículos al corralón por falta de placas sino que el dato sea el del cumplimiento de órdenes de aprehensión de delincuentes peligrosos.

Ojala y este tipo de operativos se legitime ante la sociedad con resultados contundentes y concretos respecto del número de bandas desarticuladas, de la recuperación de vehículos robados, del desmantelamiento de bandas que tienen bajo amenaza a empresarios y comerciantes.

Es de esperar que se detenga a quienes han hecho de la industria del secuestro un negocio de millonarias ganancias y que se le haga justicia a quienes han denunciado casos individuales.

Los resultados serán los que hablen por los gobernadores y por sus mandos policíacos.

Hay que esperar y dar el beneficio de la duda, pues en los últimos años, ha habido más elementos para el pesimismo que para la esperanza de recobrar el lugar en que vivimos.

Fuente: La Jornada de San Luis