CITLAL GILES SÁNCHEZ
Chilpancingo, 28 de junio. Defensores de derechos humanos de Guerrero expusieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) que el Estado mexicano “es incapaz” de garantizarles seguridad, pues a pesar de que tienen medidas de protección dictadas por el máximo tribunal de derechos humanos, las autoridades del país no las han otorgado, provocando con ello que se den más amenazas contra los defensores.
Este martes el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) estuvieron ante la Coidh para denunciar los “nulos” avances en cuanto a las medidas cautelares que ordenó la Corte al Estado se le otorgaran a las indígenas violadas sexualmente por militares en 2008 así como a los integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y a los miembros de Tlachinollan quienes han llevado su defensa desde hace varios años.
En la audiencia, el abogado defensor de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, expuso que todas las deficiencias y el incumplimiento de las medidas provisionales que la Coidh ordenó el pasado 9 de abril de 2009, para 107 defensores y defensoras de derechos humanos en Guerrero.
De acuerdo con información que envió Tlachinollan, ya que la audiencia no fue transmitida en vivo, el Estado mexicano, en voz del subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, y de la titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Omeheira López, argumentó que sí ha cumplido con algunas medidas, y detallaron que se otorgó a los activistas infraestructura de comunicación y vigilancia.
Sin embargo –detalla el comunicado- Rosales Sierra criticó que dichos sistemas de comunicación satelital no funcionan adecuadamente, mientras que los sistemas de vigilancia de circuito cerrado otorgados a Tlachinollan para las oficinas en Tlapa y Ayutla, a la organización Monitor Civil de la Policía y a la OPIM, aún no están instalados en su totalidad.
En dicha audiencia se aprovechó para denunciar las diversas amenazas, hostigamiento y agresiones que han recibido los defensores y defensoras en los últimos dos años a raíz de la sentencia dictada por la Corte.
Incluso dijo que la situación de riesgo constante a la que están expuestos las y los defensores “es el resultado directo de la negligencia y el incumplimiento del Estado mexicano en la implementación de dichas medidas ordenadas por el Tribunal Internacional”.
Por ello, Tlachinollan consideró que en esta audiencia, ha quedado evidenciado que “a pesar de que los riesgos y las amenazas persisten en contra de las y los defensores, el Estado mexicano es incapaz de garantizar su seguridad, pues a pesar de que hoy existen 18 averiguaciones previas relacionadas con las amenazas y agresiones, el avance en las investigaciones es nulo”.
Finalmente se expuso que el Estado no ha implementado todas las recomendaciones que dictó la Coidh en los casos de Rosendo Cantú y Fernández Ortega.
Fuente: La Jornada de Guerrero
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