FERNANDO HERNÁNDEZ (Enviado)
Coyuca de Benítez, 28 de junio. La desconfianza en que el gobernador, Ángel Aguirre Rivero instale una Comisión de la Verdad que investigue y promueva el castigo para los autores materiales e intelectuales de los crímenes políticos del pasado, así como la exigencia generalizada de que reabra el caso por la masacre del vado de Aguas Blancas, imperaron en el homenaje luctuoso por el 16 aniversario del asesinato de 17 campesinos a manos de elementos de la desaparecida Policía Motorizada y la Judicial. Por su parte, deudos de los campesinos masacrados denunciaron que el gobierno del estado no ha cumplido con su compromiso de indemnizarlos y brindarles apoyos económicos.
Alrededor de las 11 de la mañana integrantes de organizaciones de todo el estado marcharon hacia el vado de Aguas Blancas, “siguiendo el sendero de la sangre de los campesinos asesinados”, como lo recordó desde un carro de sonido el miembro de la Organización de Campesinos de la Sierra del Sur (OCCS), Carlos Mesino Mesino.
En el monumento a los caídos en el que hace 16 años no había construcción alguna y ni siquiera la carretera que lleva a las comunidades serranas del municipio, hablaron sólo representantes de las organizaciones, los protagonistas, hermanos, madres, viudas, hijos y sobrevivientes no fueron contemplados en la lista de oradores, sin embargo al final del evento denunciaron que la actual administración no ha cumplido una deuda histórica que tiene con ellos.
La viuda del campesino Lorenzo Rafael Ventura, Ruperta Avelino Molina señaló: “hace unos días tuvimos una reunión con el gobernador en el que se comprometió a apoyarnos económicamente como lo prometió en su campaña, pero al final el secretario de Finanzas, Jorge Salgado Leyva, me dijo ‘¿que quieren hijos de la chingada?, ya les di dinero y sus maridos han de estar ya en el infierno’. Para mí no es justo que me diga algo como esto, hasta ahorita estoy diciendo esto en público”.
Por su parte Rodolfo Carranza Pastrana, sobreviviente del asesinato masivo denunció que el gobierno de Aguirre Rivero se comprometió en una reunión que sostuvo con viudas y otras personas que escaparon a las balas hace 16 años a entregarles apoyos por 50 mil pesos.
Pero puntualizó que Salgado Leyva hizo sólo se les entregó 20 mil pesos, y a las madres de los ex integrantes de la OCCS no les han dado un peso.
De espaldas a los cerros por donde hace 15 años incursionara en la escena política nacional el Ejército Popular Revolucionario (EPR) la dirigente de la OCCS, Rocío Mesino, sentenció que de nada servirá que se instituya en la entidad una “comisión de la verdad propuesta por el gobierno” ya que lo que se necesita es una fiscalía con capacidad legal, pero dirigida por la sociedad civil.
Observó que la postura del gobernador respecto a la creación de la fiscalía pareciera más bien, “un compromiso político” y la creación de “una oficina para darle chamba a quienes la andan buscando”.
En su intervención en representante de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, Luis Olivares Hernández, señaló que con la administración Aguirre se está dando continuidad al problema de los desplazamientos forzados en la zonas rurales y más alejadas del estado.
“Este día nuestros muertos en su lecho revolucionario han de estar contentos de ver a las organizaciones juntas, hace 16 años pasaron por aquí sin saber que el gobierno asesino les tendió una trampa mortal y esos árboles con el tiempo reverdecieron, porque Guerrero puede ser el lugar en el que el poder popular tome el poder”, mencionó a su vez el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame y tras un minuto de aplausos acabó el evento.
Fuente: La Jornada de Guerrero
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