Demandan indígenas al gobernador Aguirre que los soldados y paramilitares salgan de la zona
FRANCISCA MEZA CARRANZA (Enviada)
Ayutla, 7 de junio. A 13 años de la matanza de 11 campesinos en la comunidad de El Charco, Ayutla, la exigencia de justicia y apoyo a las viudas sigue vigente y asimismo el llamado a sacar los militares y los grupos paramilitares que hostigan a los habitantes de las comunidades. En el acto conmemorativo las organizaciones sociales hicieron hincapié en que el gobernador Ángel Aguirre Rivero, en ese entonces interino, tiene una “deuda histórica” con la comunidad y lo conminaron a que la creación de la Comisión de la Verdad, promesa “cacaraqueada” en campaña no sea una comisión de falsedad.
Habitantes de distintos poblados de la zona serrana de Ayutla colocaron ofrendas desde la noche anterior en uno de los dos salones de la escuela Caritino Maldonado en la que pernoctaban los campesinos cuando fueron masacrados y donde aún por fuera se observan secuelas del ataque; en la pared del salón hay un mural relacionado con la matanza sobre el cual fue colocada una cruz con los nombres de los caídos, flores y veladoras.
Como a las 11 de la mañana la banda de chile frito entonaba las últimas melodías. Los hombres sentados en sus sillas platicaban y algunos observaban la banda mientras que en los salones de atrás las mujeres servían el almuerzo a las personas que los acompañaban en su duelo.
Poco antes del medio día los indígenas e integrantes de distintas organizaciones sociales se reunieron en el punto del camino conocido como Crucero del Ocote Amarillo, desde donde caminaron en caravana con mantas y una escolta con la bandera nacional, conformada por niños, al frente.
“Nos asesinan por tener un sueño: dejarles un mundo mejor a nuestros hijos con justicia, dignidad, amor y respeto a todo ser viviente y a la madre tierra”, “La muerte es material, la memoria inmortal” y “Por los caídos el 7 de junio, toda una vida de lucha”, decían las mantas.
La marcha en que participaron más de 100 personas se desarrolló en silencio, sin consignas ni gritos de lucha; al llegar a la cancha donde se cometió el crimen comenzó el acto con honores a la bandera.
Al frente se colocaron cinco viudas y ocho sobrevivientes; poco a poco representantes de las organizaciones tomaron la palabra.
Eustolia Castro Ramírez, una de las viudas, exigió justicia pues desde la muerte de su esposo, José Rivera Morales, de 22 años, no se ha hecho nada; pidió al gobierno una indemnización ya que los menores no cuentan con los recursos necesarios para continuar con sus estudios. “Que esto no quede en el olvido, lo seguiremos haciendo año con año”, aseveró.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, exigió también que se lleve ante la justicia los responsables de la masacre; dijo que la creación de la Comisión de la Verdad debe ser con sentido de justicia y resaltó que desde el 7 de junio en que murieron los indígenas no ha terminado la represión y hostigamiento en las comunidades por parte de militares.
La dirigente de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel, sostuvo que los únicos beneficiados han sido los “guachos” porque se les ha permitido matar y violar a sus compañeros.
“A nosotros nos vienen a matar y a amenazar y en la esquina están los delincuentes riéndose de nosotros”, aseveró.
Bertoldo Martínez Cruz, representante del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), dijo que a la fecha han sido asesinados al menos 40 luchadores sociales además de los detenidos y encarcelados.
Criticó que los militares hostiguen a los habitantes de comunidades cuando saben en dónde se vende droga y no hacen nada ante ello.
Mario Zamora Maldonado de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación (Ceteg) exigió al gobernador justicia y la creación de la comisión de la verdad y sostuvo que mantiene una deuda histórica en El Charco.
En el acto también participaron integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), la Red Guerrerense de Derechos Humanos, los Cinco Pueblos de Tecoanapa, Red Solidaria Década contra la Impunidad, entre otras, quienes coincidieron con las peticiones y exigencias.
Al finalizar, Erika Zamora, sobreviviente al ataque, pasó lista de las personas fallecidas: Honorio García lorenzo, Mauro González Castro, Mario Chávez García, Ricardo Vicente, Fidencio Morales Castro, José Rivera, Fernando Félix Guadalupe, Daniel Crisóforo, Ricardo Zavala Tapia, Manuel Francisco Prisciliano, Apolonio Jiménez García así como los sobrevivientes asesinados más tarde Esteban Leobardo, Porfirio Hernández, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.
Sin apoyo
Eustolia Castro Ramírez tenía cinco meses de embarazo cuando su esposo fue asesinado, actualmente su hija Maribel Rivera Castro tiene 12 años y está por terminar la primaria. Cuenta que quiere ser médico, pero que esa carrera es muy costosa.
En entrevista pidió al gobierno de Ángel Aguirre una indemnización o becas para los niños pues tras la matanza no recibieron ningún apoyo, dijo que a los cinco años recibieron 5 mil pesos para proyectos productivos.
Recordó que en la campaña a la gubernatura Aguirre Rivero los buscó para decirles que no tuvo nada que ver en la matanza y les pidió su apoyo, sin embargo no han vuelto a las comunidades.
La sobreviviente, Erika Zamora, de Hidalgo, quien en ese momento era estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, consideró que si bien Aguirre “se ha querido lavar las manos” con el argumento de que fueron militares los autores, eso no lo exime de su responsabilidad como gobernador, por lo que exigió justicia y respuestas.
Fuente: La Jornada de Guerrero
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