En concreto | Laura Itzel Castillo
Según datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), los hogares mexicanos presididos por una mujer aumentaron del 20.6 por ciento, en 2000; al 25 por ciento en 2010. Estas mujeres además de hacerse cargo del trabajo doméstico también asumen la manutención de los hijos y la necesidad de garantizar el acceso a la vivienda.
El derecho a la vivienda es un derecho humano central contemplado en las legislaciones nacionales e internacionales, no obstante millones de personas en el mundo enfrentan graves violaciones a este derecho. Situación que afecta por supuesto tanto a hombres como mujeres, pero de manera distinta, ya que ellas son más vulnerables.
De acuerdo con la ONU subsisten leyes y actitudes que discriminan a las mujeres en cuanto a la propiedad, acceso a los créditos y la sucesión en la herencia. En el caso del Infonavit, su política de cobranza no distingue si las acreditadas jefas de familia son madres solteras, viudas, divorciadas, minusválidas, enfermas terminales, de la tercera edad, separadas o en algunos casos abandonadas a causa de que el marido emigró a los Estados Unidos y se encuentra desaparecido, como le sucedió a Lucía Morales.
Lucía quedó al frente de su familia y fue desalojada de su vivienda de interés social. La titularidad del crédito está a nombre de su esposo. Sin embargo, ella no logró firmar el convenio de reestructuración debido a que no consiguió el poder especial notarial para actos de administración, dominio, pleitos y cobranza con carácter de irrevocable por parte de su marido, debido a que se encuentra desaparecido. Con toda la tragedia a cuestas, Lucía es lanzada de su vivienda, sin embargo con la solidaridad y organización vecinal logran realojarla de nuevo.
La unidad habitacional donde se encuentra esta familia, al igual que muchas otras, está llena de casas abandonadas, muchas de ellas vandalizadas, que generan un incremento mayor de la inseguridad. De acuerdo al último censo existen en México 5 millones de viviendas desocupadas en el país.
Por iniciativas no paramos, hace casi dos años propuse a la Cámara de Diputados una reforma integral al Infonavit para devolverle su carácter social. En particular, para casos como el de Lucy planteamos que por el abandono del derechohabiente acreditado, su cónyuge pudiera acceder a la propiedad y a la posibilidad de pago. Insistiré con una iniciativa específica.
Para el asunto de Lucy, desde el Consejo de Defensa de la Vivienda se le han propuesto al Infonavit varias opciones para resolver el problema: El otorgamiento de un crédito solidario al hijo de Lucy, que alcanza la cantidad de $252 mil pesos, o a su sobrina de $287 mil. Según el Infonavit no es posible, porque el avalúo comercial de la vivienda es de $340 mil. Ninguno de ellos “calificó”, señalaron.
El CDV propuso entonces que se hiciera una quita del 15%, considerando que durante años su esposo pagó mensualidades que le descontaba la empresa donde trabajaba, antes de haberse quedado en el desempleo y haber tomado la decisión de irse al otro lado de la frontera. Pero el Infonavit respondió: “En este caso ya no hay nada que se pueda ofrecer. Sólo procede la recompra al precio del avalúo”.
El Infonavit goza del poder del fisco federal, es la nueva tienda de raya del nuevo milenio, cobra los créditos a través del descuento al salario que los patrones realizan como si se tratara de un impuesto. Esta facultad además le otorga la posibilidad de cotizar en bolsa, endeudarse y tener calificaciones financieras altas. Sin embargo, cuando se trata de utilizar este poder para ponerlo al servicio de los trabajadores y no de la banca, la respuesta es negativa. Por esto, se necesita aplicar una política habitacional con visión social y de género para atender a las familias trabajadoras mexicanas.
Fuente: El Gráfico
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