LEOPOLDO GAVITO NANSON - LUNES, JUNIO 20, 2011
El secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, ofreció en mayo una muestra de su singular comprensión de las cosas. Criticó los narcocorridos porque “encumbran a los más perversos ejemplares de la violencia delincuencial, capaces de masacres inhumanas”. Profundo, en mayo 19 el doctor Poiré se preguntaba: “¿Debemos o no preocuparnos si nuestros jóvenes en Sinaloa cantan, bailan y se divierten al ritmo de esta música? ¿Acaso no merecen esos videos y canciones el repudio pleno de todos quienes aspiramos a un México de seguridad y justicia?”. Un día después, el viernes 20 de mayo, Alejandro Poiré respaldó la iniciativa del gobernador de Sinaloa para prohibir los narcocorridos en lugares públicos. Arguyó que “no es un tema de censura, porque no es un tema de moral”.
El doctor Poiré no entiende o simplemente desconoce el concepto censura. Es verdad que se puede censurar por motivaciones morales, pero no es ésa la característica que define a la censura como tal. Censura es la intervención que hace un gobierno para dictaminar qué se publica o no de un escrito o una obra. Es un acto de autoridad gubernamental. La asociación de la censura sólo motivada por la moral que hace el señor Poiré deriva de la idea fija del papel de censor de la Iglesia católica durante la Contrarreforma y su posterior desempeño durante la Colonia. Es una idea equivocada. La censura es un acto gubernamental que suprime, sea por razones morales o políticas, la expresión de un algo. Hasta la Constitución de 1857, Iglesia y gobierno eran la misma cosa. Si el doctor Poiré entiende la censura exclusivamente como un acto de moralidad comete un error suficientemente significativo como para dudar de su capacidad en la tarea que le asignaron.
En fin. Poiré aborda el tercer argumento desmitificador con la idea de probar que es falso que la estrategia de seguridad detone sistemáticamente la violencia. Lo hace sobre la cuestionable base de echar la culpa a otros: “Las causas de la violencia criminal anteceden a esta administración (...) El problema creció frente a una autoridad que en el mejor de los casos se mostraba incapaz de cumplir con su obligación”. Una idea a la que el gobierno federal recurre repetidamente. Reprobable costumbre de lavarse las manos por el desastre desatado. Es verdad que las causas pueden ser previas, pero la violencia escala en este gobierno, a niveles demenciales, una auténtica crisis humanitaria.
Para probar su dicho que no son las fuerzas federales las que “desatan sistemáticamente la violencia”, Poiré elaboró una tabla en la que listó 10 casos donde algún conspicuo criminal ha sido detenido, “abatido”, o ejecutado. Pese a la profusión de “notas metodológicas”, el doctor no se molesta es desagregar con claridad el matiz que diferencia ser “abatido” o del ser “ejecutado”. Puede suponerse con verosimilitud, sin embargo, que la diferencia la determina la condición del homicida. Si son federales, el muerto es abatido; si son criminales, entonces el muerto es un ejecutado.
De los 10 casos listados hay cinco detenciones, cuatro “abatimientos” y una ejecución. Y dice textual Poiré: “Tomando en cuenta el número de homicidios por rivalidad delincuencial (!) en el contexto de ejecuciones (!!), registrado seis meses antes y seis meses después de la neutralización de los líderes criminales seleccionados, éstos son los resultados” (aquí la tabla).
En dos de los casos Poiré dice que hubo disminución “de la tendencia de homicidios” posteriores a la detención, abatimiento o ejecución; en cinco de ellos aumentó la violencia y en tres “no hubo cambio perceptible”. La afectada floritura del lenguaje empleado y el esfuerzo por encontrar el eufemismo son casi emocionantes.
Luego, en lo que pretende ser una sumatoria, el doctor ofrece una descripción con tal nivel de desagregación que es imposible concluir tendencias generales. O Poiré ostenta un inmerecido doctorado, o pretende manipular. En cualquier caso su tren argumental no resiste la primera lectura.
Con base en ignota metodología afirma que “por lo tanto, no hay fundamento que permita asegurar de manera sistemática que las detenciones o abatimientos de liderazgos criminales detonen la violencia”. Lo que el doctor seguramente quiere decir es que no hay fundamento que permita asegurar que las detenciones, de manera sistemática, detonen la violencia. Pero su sintaxis o la de sus amanuenses son perfectibles. También lo son sus habilidades para la abstracción aritmética. En números reales cinco siempre es mayor que tres y desde luego que dos. Si su tabla de “elaboración propia” dice que la violencia aumentó en cinco casos, en dos disminuyó y en tres no hubo cambio, no se precisa de un posgrado en el extranjero para observar ahí que la tendencia dominante es hacia el aumento de la violencia. Afortunadamente el posgrado de Poiré es en Ciencia Política, no en contabilidad o administración.
Dice el exégeta gubernamental que “no hay un patrón claro que establezca la inhabilitación de un líder criminal por la acción de las fuerzas federales como un factor que incremente sistemáticamente los niveles de homicidios o el ritmo al que éstos crecen”. No tiene desperdicio. Frente a más de 40 mil muertes violentas, la degradación de la convivencia social y de las instituciones, la precisión es irrelevante. Por lo demás, basta recordar la bacanal de asesinatos y escenas macabras en Cuernavaca cuando Arturo Beltrán Leyva fue “abatido”, y de quien el buen doctor en sus concusiones dice que la “tendencia creciente de los homicidios no se mantiene posterior a los asesinatos”.
Poiré parece desconocer los señalamientos recientes de Human Rights Wacht (HRW) en la ONU respecto a México hechos en marzo de este año y también del año pasado. Torpeza abrumadora. O el doctor no tiene el hábito de leer periódicos, o lo tiene pero es manipulador y falaz. En cualquier caso, lo uno no excluye lo otro.
Ambicioso, o presa de un arrebato de inspiración, el doctor nos regala otra perla. Una suerte de apostilla entre argumentaciones desmitificadoras: La institucionalización de los derechos humanos en las fuerzas armadas. Estas son algunas de sus frases: “cambio sin precedentes en la cultura democrática de las fuerzas armadas (…) reflejado en la labor que día con día realizan por respetar y promover los derechos humanos de la ciudadanía; “parte de las transformaciones institucionales de fondo que esta Administración impulsa en materia de seguridad y justicia”; “las fuerzas armadas no solamente se profesionalizan en tareas operativas y de inteligencia; sino en servir y acercarse a la ciudadanía a partir del respeto y la promoción a sus derechos fundamentales”. No tiene desperdicio… ni madre.
Habría que oír lo que tienen que decir los familiares de Ernestina Ascencio y las de los dos preparatorianos acribillados por soldados en San Luis Potosí; o los dos niños asesinados por militares en Tamaulipas al cruzar un retén porque soldados del Ejército mexicano dispararon y arrojaron granadas de fragmentación contra una camioneta en la que viajaban dos familias. Martín y Bryan Almanza Salazar, de 9 y 5 años de edad resultaron muertos y dos adultos heridos, el Ejército hizo el intento de encubrir al hablar de “fuego cruzado”.
O los familiares de cinco personas acribilladas (dos niños) en un retén instalado en la comunidad Los Alamillos, Sinaloa, en 2007. O los familiares de Vicente de León Ramírez, a su hijo Alejandro Gabriel, de 15, sobre la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, muertos por soldados de la séptima zona militar; o el de los dos estudiantes de doctorado en el Tec de Monterrey asesinados dentro del campus por soldados y sobre quienes se hizo el intento de hacerlos pasar por criminales… por mencionar sólo algunos de los imperdonables casos a los que el cretinismo gubernamental llama “incidentales”.
*Es Cosa Pública
Fuente: La Jornada de Veracruz
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