RODOLFO VALADEZ LUVIANO (Corresponsal)
Atoyac, 9 de julio. A casi 40 años de que los militares se llevaron detenidos a sus familiares, a quienes jamás volvieron a ver, miembros de la organización de Defensores en el Esclarecimiento de los Años 70 y 74 en este municipio, exigieron al gobierno federal que cumpla con los decretos presidenciales que ordenan la reparación de los daños para quienes lo perdieron todo al tratar de encontrar a quienes los soldados se llevaron.
Los 86 miembros del grupo son personas que sufrieron la detención y posterior desaparición de al menos un familiar acusado de pertenecer al ejército del guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, o al menos haber tenido algún contacto con él.
Desde 1974 se organizaron para demandar al gobierno mexicano la liberación de sus seres queridos, que en la mayoría de los casos eran los jefes de familia o quienes las mantenían económicamente, por lo que desde su detención muchas esposas, madres y hermanas se vieron obligadas a malbaratar sus pertenencias como casas, huertas y joyas para reunir fondos que les sirvieran para viajar de un cuartel a otro, de una cárcel a otra, con la esperanza de encontrarlos vivos o muertos.
Eleazar Peralta Santiago dirige a este grupo de familiares y es quien, hasta la fecha, lucha para que el gobierno federal les regrese algo, como dijo en entrevista para La Jornada Guerrero, de lo que perdieron al buscar a quienes fueron aprehendidos durante la guerra sucia.
“A nosotros nos critican porque buscamos que el gobierno nos pague la reparación de los daños que el Ejército mexicano nos causó cuando se llevaron a los nuestros, pero creo que luchamos por algo justo, porque muchas mujeres quedaron abandonadas y solas sin tener culpa, y tuvieron que deshacerse de sus cosas para buscar a los suyos. Unas ya murieron sin jamás volver a saber nada de ellos y otras son ancianas y mujeres adultas que se quedaron sin nada”, manifestó la dirigente.
En 2001 el grupo se dirigió a Los Pinos para exponer su situación al presidente Vicente Fox Quezada, quien en respuesta decretó que el gobierno federal destinara una parte del presupuesto para indemnizar a los miembros de la organización, como consta en el decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de ese año, pero “jamás pasó nada”, aseguró la mujer de aproximadamente 75 años.
En 2008, nuevamente una comisión del grupo de defensores se trasladó a la capital del país para exigir el cumplimiento del mismo decreto al presidente, Felipe Calderón Hinojosa, quien, según Peralta Santiago, les aseguró que se cumpliría y de nueva cuenta el decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, “y aunque nos han visitado representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob) hasta ahora continuamos sin recibir nada”, afirmó Eleazar.
Fuente: La Jornada de Guerrero
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