Alejandra Domingo Portillo y Marco Aurelio Palma Apodaca
Decenas de mujeres pobres han sido asesinadas en Morelos. Decenas de miles de mujeres padecen pobreza cotidiana en la misma entidad. Son dos aspectos de una cruda realidad que deberían motivar no sólo rechazo, sino indignación y una lucha por transformar de raíz un sistema explotador, opresivo y violento. A la injusticia social se agrega la violencia de género y se tiene un cuadro de horror cotidiano que tiene ejemplos de crudeza en casos como el de las abuelas asesinadas en San Antón o las jóvenes mutiladas encontradas en campos de cultivo en Santa Catarina.
El hambre cotidiana que padecen las familias obligadas a migrar, es menos visible, pero igualmente devastador para la sensibilidad humana.
Las estadísticas oficiales lo único que hacen es confirmar que este gobierno sirve únicamente a intereses de unos cuantos. ¿Qué decir del hecho de que el hambre afecte cotidianamente a 28 millones de personas en el país, 4.2 millones más que en 2008 según cifras del Coneval?
El número de hambrientos a nivel mundial aumentó de 800 a mil millones de personas de 2008 a esta fecha, y la tendencia al alza de los alimentos en el mundo permanece.
El incremento de la miseria en México es el caldo de cultivo para que las mujeres sufran más violencia de género, tengan menor conocimiento de sus derechos y un escaso acceso a la justicia.
Los bajos ingresos para adquirir la canasta alimentaria y solventar los gastos en salud, vestido, vivienda, transporte y educación son un detonante para la violencia contra las mexicanas. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó, hace un par de semanas, que hasta 2010, ocho de cada 10 de las y los mexicanos viven en pobreza o tienen algún tipo de carencia social. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, en México hay 112 millones 336 mil 538 habitantes, el 51.1 por ciento está integrado por mujeres (57 millones 481 mil 307).
A partir de que más de la mitad de la población es femenina se infiere que la pobreza afecta más a las mujeres.
Entre 2006 y 2008, el porcentaje de personas en condición de pobreza alimentaria pasó de 13.8 a 18.2 por ciento, mientras que el de pobreza patrimonial se incrementó de 42.6 a 47.4 por ciento.
Según INEGI, el 60 por ciento de los ingresos de los hogares son los salarios pero el poder adquisitivo de éstos es muy limitado, lo que se traduce en mayor carencia social.
La pobreza es una condición que impacta de manera negativa todas las condiciones de vida de las mujeres y las afecta en el ejercicio de sus derechos humanos. La pobreza las hace más vulnerables ante la violencia de género y la falta de acceso a la justicia.
Las mujeres pobres son más susceptibles a sufrir abusos de todo tipo, ya que no cuentan con los recursos, herramientas e información para ejercer sus derechos.
Cuando se juntan pobreza y violencia se daña severamente los derechos de las mujeres.
Por eso es digno de mencionarse el hecho de que la Procuraduría General de Justicia Militar decidió remitir al fuero civil las investigaciones de los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, quienes en dos hechos separados fueron violadas sexualmente y torturadas por miembros del ejército mexicano en el estado de Guerrero en 2002.
Además de significar una victoria para estas mujeres que han luchado por más de nueve años por la justicia, esta decisión marca un paso importante de transferir casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por militares a los tribunales civiles.
Históricamente, la Procuraduría General de Justicia Militar no ha castigado a aquellos miembros que cometen violaciones contra civiles, lo que ha dejado a muchas víctimas sin justicia. En agosto de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió dos fallos obligando al gobierno mexicano a transferir los casos de estas mujeres al fuero civil, pero por un año el gobierno mexicano no tomó los pasos para transferir los casos a la Procuraduría de Justicia General.
Al mismo tiempo, el 12 de julio de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, en una decisión histórica, que las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas deberán de ser juzgadas por tribunales civiles, lo que generó esperanza de que los casos de las mujeres y otros similares serían trasladados al fuero civil.
La transferencia de los casos de Inés y Valentina significa una nueva etapa en la lucha que esperamos tenga un fin a favor de la justicia.
Invitación: El sábado 27 de agosto a las cuatro de la tarde en La Comuna, en Morrow 6, centro, con el tema La reforma laboral, continuará el Seminario Derechos Humanos Retos y Situación Actual.
cidhmorelos@gmail.com
Fuente: La Jornada de Morelos
No hay comentarios:
Publicar un comentario