TULIO MORENO ALVARADO - LUNES, SEPTIEMBRE 19, 2011
Quizá el último recurso electoral que le queda a Felipe Calderón para sostener a su partido en el poder es mantener el discurso de lo imprescindible que resulta continuar con el proceso de militarización debido a que, como dijo el michoacano, si él no hubiera tomado la iniciativa quién sabe en qué condiciones estaría el país.
Por “fortuna” para todos los mexicanos, Calderón tomó las acciones necesarias y en estos momentos la nación entera le está “agradecida” por los más de 50 mil muertos, la ingobernabilidad en varias regiones del país, la inestabilidad, la zozobra y el miedo de la población que de no ser por la oportunísima y providencial decisión quién sabe en qué país viviríamos.
Como sea, acaso los menos culpables en todo este complejísimo panorama sean las fuerzas armadas, que pese a que su actuación al incorporarse a la vida civil en la guerra calderonista contra el narco han rebasado en ocasiones los límites de los derechos civiles y humanos de la ciudadanía ajena a los grupos delincuenciales, se convirtieron –junto con el miedo y la zozobra de la población– en distorsionado instrumento de presión política al que Acción Nacional se aferra con desesperación frente a un proceso electoral en el que pocas dudas hay de que, quien resulte su candidato, perderá la silla presidencial.
Por si fuera poco, gravita sobre la la nación entera –a menos que diputados y senadores le pongan un alto– la posibilidad de que se establezca una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que, de llevarse a cabo, abriría la puerta para la militarización absoluta de la vida cotidiana.
Según la oposición al PAN, la reforma calderonista pretende instaurar un Estado militar parecido al que Augusto Pinochet instaló en Chile. Ahí van algunas de las propuestas que busca “institucionalizar” el mandato calderonista: uno de ellos es que el gobierno podrá declarar la intervención de las tropas federales “contra movimientos o conflictos de carácter político, electoral, de índole social o del trabajo” cuando se considere que “constituyan un desafío o amenaza” a la seguridad interior.
De acuerdo con legisladores que han tenido acceso al proyecto de reformas que pretende el panista heredarle a su sucesor, las acciones de carácter militar incluyen la atribución a militares, marinos y agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para intervenir comunicaciones telefónicas previa orden judicial, realizar tareas de espionaje y seguimiento a presuntos miembros de la delincuencia e integrar expedientes confidenciales, incluso de carácter político.
Otro aspecto es concederle a las fuerzas armadas poder para restringir la circulación de mercancías y vehículos, revisar las pertenencias de particulares en las calles y a requerirles información con “cualquier herramienta que resulte necesaria”.
Además, prevé que militares y marinos cuenten con informantes anónimos y que, para sus actividades de inteligencia y contrainteligencia, “puedan hacer uso de cualquier método de recolección de información, sin afectar en ningún caso los derechos humanos y las garantías para su protección”.
Es de suponer que, como están las cosas, y aplicando como lo hace sin ningún pudor los recursos públicos para alimentar al enorme aparato de desinformación que se finca en las televisoras y las radiodifusoras comerciales, mucha, muchísima gente está lista para declararse dispuesta a aceptar limitar sus libertades personales con tal de acabar con la violencia y la inseguridad. El problema es que en medio de esta “razonable” oferta va la propuesta de votar por el candidato de Calderón. A ver quién se la compra.
Fuente: La Jornada de Veracruz
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