ALEIDA HERNÁNDEZ CERVANTES
En las recientes discusiones que tuvieron lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la constitucionalidad de las leyes antiaborto de algunos estados y que volvieron a abrir el debate de la opinión pública al respecto, ha quedado de manifiesto el clásico error de confundir el derecho con la moral.
La concepción de un Estado laico implica que en sus instituciones y su derecho no debe prevalecer ninguna opción moral particular. Por ejemplo, en nuestro país se consagró la laicidad del Estado con las leyes de Reforma; gracias al presidente Benito Juárez, se estableció la separación tajante del Estado respecto a la Iglesia católica. Esto dio lugar a que el Estado mexicano no privilegiara ninguna opción moral ni religiosa desde sus normas jurídicas e instituciones estatales. Lo anterior supone, desde la filosofía del derecho, la tesis de separación entre el derecho y la moral: el derecho es un sistema normativo separado de ese otro sistema que prescribe conductas también, que es la moral. Así, podemos encontrar que para la moral puede ser reprobable el divorcio, pero para el derecho no; lo mismo sucede con el aborto: mientras que para la moral cristiana éste puede ser reprobable y condenable para quien lo realiza, no lo será para el derecho.
En ese sentido, las normas jurídicas que emanan de un Estado laico no deben privilegiar ninguna opción moral en el tema del aborto. Por el contrario, deben maximizar las libertades y los derechos fundamentales de las personas. Optar por la concepción de que el embrión es una persona no es una cuestión ni científica ni es posible comprobarlo empíricamente. Se trata entonces, como lo reflexionan muchos filósofos, de una cuestión estrictamente moral. El embrión es considerado “persona” para la opción moral cristiana, y las leyes llamadas antiaborto de Baja California y San Luis Potosí imponen esa opción a todas las mujeres, olvidando el principio de laicidad del Estado mexicano y la posibilidad de decidir con libertad de conciencia y autodeterminación a las mujeres. Cada una de ellas es la que debe decidir si lo que lleva en su vientre es una persona o no, porque ese feto o embrión será “persona” en tanto así lo piense y lo desee. Se trata, como diría el filósofo Luigi Ferrajoli, de “un acto de voluntad moral”. Pero cuando esto no es así, la mujer debe tener la libertad de decidir, nadie tiene derecho a imponerle una opción de vida, mucho menos de tipo moral.
Algo aún peor es el caso de las leyes que penalizan el aborto, pues no sólo restringen la libertad de decisión de la mujer sobre su cuerpo, sino que le imponen una opción de vida: la de la maternidad. El derecho penal moderno tiene como objetivo prohibir conductas consideradas ilícitas, pero no debe mandatar un tipo de conducta en lo particular, como es el hecho de obligar a una mujer a ser madre. Y eso hacen precisamente las leyes penales que criminalizan la interrupción del embarazo.
Lo que presenciamos en los debates de algunos ministros de la Corte refleja la intención siempre latente de los funcionarios públicos de querer imponer su moral en las decisiones y leyes que afectan a todos los mexicanos. Cuando el ministro Ortiz Mayagoitia argumenta que “la protección es igual para los nacidos que los no nacidos”, nos está imponiendo su concepción de tutela para los no nacidos, decidiendo que un embrión tiene el mismo derecho que tiene una persona adulta, por ejemplo. Por su parte, la ministra Luna Ramos, al expresar que “la Constitución no define cuándo inicia la vida o quién posee carácter de persona” y, al mismo tiempo votar a favor de las leyes antiaborto, decidió precisamente en lugar de la Constitución, que el embrión posee el carácter de persona.
Esta experiencia nos debería obligar a ser más cautelosos al decidir quiénes son nuestros ministros y legisladores; si nuestra Constitución no privilegia ninguna opción moral ni religiosa, ¿con qué derecho lo hacen algunos ministros de la Corte y los legisladores?
aleycristal@hotmail.com
Fuente: La Jornada de Michoacán
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