CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 1º de octubre. El Estado mexicano se niega a firmar el protocolo para combatir la pobreza, a pesar de que desde hace más dos años varios países han firmado dicho pacto, y existen más de 17 mil firmas de organizaciones sociales exigiendo a las autoridades mexicanas que lo suscriban, hay resistencia del gobierno federal, lamentó el director de Amnistía Internacional, Alberto Herrera.
En días pasados compareció ante el Senado de la República, la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y aunque se le cuestionó en dos ocasiones por qué de la negativa a firmar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no hubo respuesta.
Este protocolo establece un mecanismo para que los ciudadanos puedan hacer rendir cuentas a sus países a nivel internacional sobre la violación de derechos como el de la educación y la salud. “Resulta decepcionante para Amnistía Internacional México que a más de dos años de distancia la respuesta de las autoridades mexicanas sobre la adhesión de nuestro país al Protocolo Facultativo continúe siendo que se llevan a cabo consultas entre las secretarías de Estado y que no exista evidencia de pasos concretos dirigidos a su firma”, criticó Alberto Herrera. A más de dos años de creado dicho protocolo, sólo lo han firmado nueve países en América Latina.
Por ello, Amnistía Internacional México se sumó a la campaña que hacen varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, que ha logrado recabar más de 17 mil firmas de personas que piden a las autoridades la firma de este tratado, por considerarlo fundamental para combatir la pobreza. “Amnistía Internacional México hace un llamado a la Presidencia de la República para que priorice la firma de este tratado””, manifestó Alberto Herrera.
El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales establece un mecanismo internacional para que las personas que sufren violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales y a quienes se les niegan recursos efectivos en el ámbito nacional para reclamar la protección de estos derechos, puedan reclamar justicia en el ámbito internacional.
Fuente: La Jornada de Guerrero
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