La PGR, sin pretextos para investigar el caso de abuso y tortura, señala la organización
CITLAL GILES SÁNCHEZ
Chilpancingo, 1º de octubre. A un año de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) emitiera sentencias condenatorias contra el Estado mexicano por la violación sexual que sufrieron las indígenas me’phaa Inés Fernández y Valentina Rosendo a manos de soldados, el Estado no ha cumplido con lo recomendado por el tribunal internacional.
El Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan criticó el desacato, en particular de la Secretaría de Gobernación, quien es la instancia coordinadora para ejecutar las recomendaciones de la Coidh.
Este sábado se cumplió un año de que la Coidh notificó a Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú las sentencias. En ellas, la Coidh constató que las indígenas habían sido violadas sexualmente y torturadas por militares, delito que denominó “violencia institucional castrense”.
Para reparar el daño, el tribunal internacional ordenó al Estado mexicano reformar el código de justicia militar, a fin de que lo soldados involucrados en alguna violación a los derechos humanos, sean juzgados y sancionados en el fuero civil y no en el militar.
De igual forma se ordenó instalar mesas de trabajo para desarrollar diversos ejes temáticos y poder dar cumplimiento a la sentencia de la Coidh, entre los que destaca el reconocer que hubo violación a las indígenas, así como el resarcimiento económico por el daño causado.
Y aunque hubo compromiso de las autoridades de las secretarías de Gobernación y la de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y la Consejería Jurídica de la Presidencia para dar cumplimiento a las sentencias, es la fecha en que no se ha tenido grandes avances, lamentó el organismo defensor.
Detalló que la remisión de los expedientes al fuero civil fue demorada excesivamente, por lo que Inés y Valentina exigieron a la PGR para que a la brevedad pidiera a la PJM que las investigaciones fueran trasladadas al fuero civil.
El 12 de agosto, se notificó a las indígenas que la PJM había enviado a la PGR las averiguaciones relacionadas con la violación sexual y tortura cometida en su contra, por lo que señalaron que la PGR tiene la obligación de actuar penalmente contra los soldados responsables de las violaciones sexuales, mismos que fueron identificados por Inés y Valentina.
Por tanto, Tlachinollan indicó que “no existe pretexto alguno para llevar las investigaciones hacia direcciones que conduzcan a la impunidad”.
Fuente: La Jornada de Guerrero
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