LEOPOLDO GAVITO NANSON - MIÉRCOLES, OCTUBRE 12, 2011
Ayer martes varios ciudadanos mexicanos entre académicos, periodistas y defensores de derechos humanos dieron a conocer la denuncia que están por presentar ante la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. En ella denuncian al presidente Felipe Calderón, a Guillermo Galván, a Francisco Saynez y a Genaro García Luna, entre otros, como responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad. En la descripción del motivo de la denuncia los promotores de la iniciativa sostienen que desde diciembre de 2006 el país vive un estado de emergencia y la crisis humanitaria más dramática de su historia reciente. Recuperan algunos datos de los saldos del gobierno de Calderón: 50 mil muertos, 230 mil desplazados, 10 mil desaparecidos y mil 300 jóvenes y menores de edad asesinados. Sobre eso, la violación de los derechos humanos como constante indiscriminada y en ensañamiento sobre los grupos más desprotegidos, las mujeres y los migrantes que son violentados tanto por criminales como por las autoridades supuestas a protegerlos. Impunidad estructural le llaman, toda vez que sólo 12 por ciento de los delitos son denunciados y aún menos investigados.
Distorsiones estructurales de origen como la dependencia de la Procuraduría General de la República (PGR) de la Presidencia implican inmunidad de facto. Es casi imposible juzgar en el marco institucional mexicano a las autoridades con responsabilidad de la crisis humanitaria. Hace pocos días ECP desagregaba la situación de guerra de baja intensidad en la que la administración federal ha colocado al país. La denuncia que presentará la sociedad civil ante la Corte Penal Internacional sostiene que se vive un conflicto prolongado que enfrenta a autoridades gubernamentales y grupos armados, así como a estos grupos entre sí que combaten por el control territorial para el tráfico de drogas; sin embargo, aun en las guerras existen límites y en ésta se han rebasado. Excepto en las guerras contrainsurgentes de baja intensidad que tanto se asemejan a la que atraviesa el país.
La denuncia para un juicio penal internacional contra Felipe Calderón sostiene que a pesar de que diversos organismos internacionales le han solicitado dejar de emplear al Ejército en funciones policiacas, Calderón ha ordenado continuar con esa línea. De hecho explícitamente ha dicho que no cambiará de política a menos que le presenten alguna alternativa viable. Se las han presentado y las descalificado a priori o malinterpretado con dolo, como cuando afirma que le piden dejar de combatir al crimen. En marzo pasado fue la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la que pidió al gobierno mexicano considerar el retiro en el corto plazo de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad pública. El grupo de trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias tuvo que subrayar que su petición se basaba en un amplio número de denuncias contra las fuerzas armadas. Grupos civiles reportaban 3 mil casos desde 2006, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguraba que se había pasado de cuatro quejas recibidas en 2006 a 77 el año pasado.
Sólo en el 2010 las muertes derivadas de la particular política del gobierno para combatir al crimen fueron mayores a las de la guerra emprendida por los Estados Unidos en Afganistán y Paquistán. Ha propiciado más personas desplazadas (unos 120 mil), y mil 226 jóvenes y niños han muerto en fuegos cruzados o ataques directos. A las 14 horas de ayer 10 mil 774 personas habían firmado el documento. Hoy en el Club de Periodistas algunos de los promotores de la petición profundizarán sobre ella.
De manera repetida el presidente Calderón ha argumentado falaz que los reclamos sobre su política de seguridad dejarían el camino libre a las empresas criminales. Nadie con un mínimo de seriedad concluiría que las múltiples y repetidas peticiones para cambiar el método de sus políticas implican dejar de combatir al crimen. El estatus del gobierno de Felipe Calderón en el concierto internacional y en la opinión pública es muy bajo pero de perfil. Su deterioro es acelerado, irreversible y sobre bases diarias.
Una posición políticamente correcta es, desde luego, apoyar su determinación en combatir al crimen organizado. Y hasta ahí nada más. Se apoya el compromiso de combatir al crimen, pero en absoluto los métodos son del todo reprobables por equivocados y sangrientos. Desde esa óptica sería también políticamente correcto y altamente recomendable que el gobierno del estado tomara distancia y modulara los apoyos incondicionales al calor de la coyuntura.
*Es Cosa Pública
leopoldogavito@gmail.com
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