Durante la madrugada del día de ayer 17 de abril en la ciudad de Guadalajara, la sede del diario “Mural”, perteneciente al grupo Reforma, fue atacada con dos explosivos, que provocaron daños al exterior del edificio.
El pasado 6 de marzo las instalaciones del “Diario de Juárez” y de “Canal 44” ubicadas en Chihuahua fueron también atacadas. En los últimos años otros medios de comunicación y periodistas en diferentes estados han sido objeto a ataques de esta naturaleza.
Amnistía Internacional considera que estos ataques tienen como objetivo intimidar a los medios de comunicación e influir sobre la cobertura que realizan. Por lo tanto deben considerarse como un intento de limitar el ejercicio de la libertad de expresión.
Amnistía Internacional llama a las autoridades a que se aseguren de que las investigaciones que se conduzcan sean eficaces e imparciales, que los resultados de estas investigaciones sean hechos públicos y que las personas responsables de esta agresión rindan cuentas ante la justicia.
Así mismo, la organización hace un llamado a las autoridades estatales y federales a garantizar las medidas de seguridad que las y los periodistas requieran, de conformidad con su voluntad, para asegurar que quienes colaboran con estos medios puedan continuar haciendo su trabajo sin temor a ser víctimas de represalias.
Información adicional.
En los últimos años México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, como lo reconocen numerosas organizaciones internacionales.
En 2012, el Legislativo mexicano aprobó por unanimidad la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que fue firmada por el presidente. El proceso de aplicación de esta ley ya ha comenzado, e incluye la participación directa de representantes de la sociedad civil.
Sin embargo, es fundamental que los Estados que todavía no han firmado los convenios de colaboración para poner en marcha el Mecanismo de Protección lo hagan cuanto antes, y que la Secretaría de Gobernación garantice su plena implementación incluyendo las previsiones para prevenir los ataques a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. También es necesario que las autoridades de todos los niveles tomen todas las medidas necesarias para prevenir, investigar y castigar este tipo de agresiones.
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