El último año ha sido un año de transición. Con esta transición ha llegado un nuevo discurso que promete terminar la impunidad y garantizar el acceso a la justicia, la verdad y a la seguridad. Sin embargo, Amnistía Internacional (AI) ha escuchado una y otra vez las mismas promesas en boca de distintas administraciones, sin que se hayan materializado.
“Las graves violaciones de derechos humanos que Amnistía Internacional ha documentado durante los últimos años y sus causas permanecen sin cambios significativos. Es cierto que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha reconocido algunos de estos problemas, pero las palabras no bastan.” Afirmó Daniel Zapico, Representante de Amnistía Internacional México durante la presentación del Informe Anual de la organización, "El estado de los derechos humanos en el mundo 2013" en la Ciudad de México.
En la presentación de su informe, la organización remarcó que esta administración tiene la oportunidad de verdaderamente cumplir sus compromisos de poner fin a las graves violaciones de derechos humanos, pero que para hacer creíbles estos compromisos las autoridades deberán tomar cuanto antes acciones efectivas que demuestren que su estrategia de derechos humanos consiste no solo en palabras sino en acciones.
La crisis de violencia que sacude a México desde 2006 ha sido terreno fértil para la comisión de graves atrocidades y el último año no ha sido la excepción.
Durante el último año AI documentó graves violaciones a los derechos humanos en el país, incluyendo ataques y amenazas contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, ataques y secuestros a migrantes, uso de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso excesivo de la fuerza y extorsiones. La impunidad continúa siendo la norma frente a estos abusos.
“Las desapariciones, incluyendo las desapariciones forzadas son una herida abierta que duele cada día a decenas de miles de familias.” Agregó Zapico durante la presentación.
En febrero de este año el gobierno federal publicó información sobre las más de 26,000 personas desaparecidas entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012. Estas cifras son parciales, pues de acuerdo a las autoridades representan sólo un avance hacia una base de datos más completa. “Este anuncio reviste una gran importancia, pues confirma que en México se vive un patrón generalizado de desapariciones. Y a pesar de este reconocimiento, la realidad no ha cambiado pues sigue sin establecerse el paradero de las víctimas, y las familias continúan indefensas, sin acceso a verdad y justicia.” Afirmó Daniel.
Amnistía Internacional recordó que el actual presidente se comprometió durante las elecciones de 2012 a poner fin a la tortura. Pero desde su llegada al poder, no ha habido acciones nuevas o políticas públicas específicas para prevenir y sancionar la tortura y malos tratos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 1,662 denuncias de tortura y malos tratos en 2012, y eso supone apenas una parte del problema, pues la CNDH sólo tiene competencia para casos federales. A pesar de la magnitud del problema, no hubo condenas por tortura en 2012.
La organización señalo que siguen sin conocerse las medidas que el gobierno federal piensa implementar para detener los abusos contra migrantes y contra quienes les defienden, al tiempo que en los caminos y las vías del tren continúan los ataques.
Así mismo, Amnistía Internacional remarcó que al menos 6 periodistas fueron asesinados y este año comenzó igualmente con asesinatos y ataques a periodistas y medios de comunicación. También se documentaron casos de detenciones arbitrarias e intimidaciones por parte de la policía y otras autoridades contra periodistas y defensores de derechos humanos
Resulta sumamente preocupante para la organización que las medidas en materia de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto no parecen poner en un lugar destacado la prevención y rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos.
Resulta especialmente preocupante la falta de acción para reformar el Código de Justicia Militar, para garantizar que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares sean juzgadas en el fuero civil, pese a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto. El fuero militar facilita la impunidad y la falta de acción supone apoyar la perpetuación de esta impunidad.
“Mientras los perpetradores, y quienes ordenan estos ataques continúen en la impunidad será difícil poner fin al clima de violencia.” Concluyó Daniel Zapico.
No hay comentarios:
Publicar un comentario