Denuncian el secuestro de una activista; piden protección

La empresa Esperanza Silver “tiene antecedentes violentos contra los movimientos”, afirman

Dulce Maya

CUERNAVACA. Integrantes de Movimiento Morelense contra las Concesiones de Mineras de Metales Preciosos y del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, denunciaron el secuestro, “por algunas horas”, de la activista Norma Garduño. Los activistas demandaron la protección del Estado a fin de que sus garantías individuales sean respetadas.

Según explicaron, el lunes, Norma Garduño (quien estaba acompañada por su hija) y el investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Gerardo Gómez, su esposo -ambos activistas sociales-, recibieron de manera paralela una llamada telefónica. A él se le advertía sobre la supuesta detención de su pareja y se le exigía el pago de un rescate al tiempo que también se le obligaba a permanecer en la línea telefónica para garantizar su supervivencia. Mientras, Norma Garduño fue guiada hasta un hotel y se le dejó incomunicada en medio de las presiones de los supuestos secuestradores de su marido.

Primero, al esposo le pidieron 500 mil pesos por la liberación, pero la cifra disminuyó hasta los 110 mil pesos. El cambio no se concretó, dado que elementos policiacos dieron con la investigadora.

“La mano de la minera”

Acompañado por Saúl Roque, Ignacio Suárez y miembros locales del movimiento, el activista Gilberto López y Rivas advirtió que en este caso existe “no sólo la mano del crimen organizado, sino que está directamente relacionado” con la lucha en contra de la instalación de una mina a tajo abierto en la comunidad de Tetlama.

“Dadas las circunstancias de este evento y los seguimientos a varios miembros del movimiento y a algunos hechos relacionados con el propio secuestro y las conversaciones, podemos suponer que este no es un asunto solo del crimen organizado, sino que están directamente relacionados con las actividades de ambos compañeros en los movimientos de resistencia contra la mina y otros movimientos políticos del estado”, dijo.

Indicó que se ha pedido con insistiencia al gobierno del estado que se les otorgue seguridad en los actos públicos, dado que la minera canadiense Esperanza Silver “tiene antecedentes violentos contra los movimientos que se sitúan en contra de las actividades mineras”.

“En México hay decenas de este tipo de procesos con estas características, en las que enfrentan a las comunidades y hostigan a los miembros que hacen trabajo en las comunidades y encuentran la manera de utilizar a miembros del crimen organizado, para este tipo de hostigamiento.

Dijo no tener ningún elemento comprobable, puesto que “no somos un ministerio público”. Agregó: “Entendemos este evento como un acto de presión en contra del movimiento en el que estamos participando en contra de la minera Esperanza Silver”.