Libera la PGR a los seis policías de la Crac detenidos en Acapulco

El incidente pudo ocurrir porque falta reglamentar la Ley 701, dice el abogado de Tlachinollan

Los jalonearon, los amenazaron, acusa la coordinadora del sistema de justicia Adelaida Hernández 

HÉCTOR BRISEÑO ( )

Los seis policías de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac) detenidos el lunes en Acapulco por fuerzas federales fueron liberados la tarde del martes por la Procuraduría General de la República, pero se desconoce quién pagó la fianza.

Desde la madrugada, abogados del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan se hicieron cargo de la defensa de los seis policías comunitarios detenidos en el bulevar de las Naciones, alrededor de las 14 horas, en la zona Diamante del puerto, y los trasladaron al Ministerio Público de la Federación, donde permanecieron casi 24 horas.

Su detención se debió aparentemente a la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, pero ninguna autoridad confirmó la versión.

El litigante de Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra detalló que el comandante de la Crac Leonel Vázquez Leal, además de los policías comunitarios Iván López González y Fermín Raymundo Martínez, y el coordinador de la organización Raúl de Jesús Cabrera fueron liberados bajo fianza alrededor de las 16 horas bajo las reservas de ley.

Posteriormente, alrededor de las 17:30 horas, fueron liberados el dirigente de la Crac Eliseo Villar Castillo, coordinador de la casa de justicia de Ayutla, y el policía Israel Reyes Cruz.

Rosales Sierra indicó que la postura de la Crac era no pagar las fianzas y defender la inocencia de sus elementos, y manifestó que desconocía quiénes cubrieron los más de 62 mil pesos de fianza que se fijaron a los primeros cuatro policías comunitarios que fueron liberados y que aún se determinaban los términos jurídicos que permitieron la liberación de los dos restantes.

Rosales Sierra señaló que hubo violencia de las fuerzas armadas hacia los comunitarios.

Reprochó que “hubo rispidez en su detención: fue violenta sin que llegara a traducirse en ninguna lesión concreta a los compañeros”.

Sostuvo que no hay ley que impida a los policías comunitarios portar armas en sus desplazamientos.

Argumentó que leyes estatales estipulan que los pueblos indígenas, según sus sistemas de justicia, pueden desarrollar actividades de prevención del delito, jurisdiccionales y de readaptación social.

Rosales Sierra puntualizó que “lo que aquí falta es que el Estado mexicano en su conjunto reglamente la Ley 701 y establecer los sistemas de validaciones y coordinación; a los elementos de la policía comunitaria no les puede imputar la falta de reglamentación de la ley, eso es imputable al Estado”.

“Les exigimos respeto, somos autoridades también nosotros”, dijo la coordinadora regional de la Crac de la casa de justicia de San Luis Acatlán Adelaida Hernández Nava, en referencia al trato que recibieron los comunitarios de las fuerzas armadas, y atribuyó la detención de sus compañeros a asuntos políticos.

Agregó que “a nuestros compañeros los jalonearon, los amenazaron, les dijeron que el único gobierno eran ellos y que si querían los podían matar, así fue el trato de militares, marinos y policías federales”.