En cinco años, 153 privaciones ilegales de libertad: visitador
HÉCTOR BRISEÑO ( )
El visitador general de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) del estado de Guerrero, Hipólito Lugo Cortés, informó que en los cinco años más recientes el organismo ha recibido 57 quejas diversas corporaciones por tortura, 47 de ellas contra agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), seis contra la Secretaría de Seguridad Pública y Protección estatal, y cuatro contra ayuntamientos; además de 153 privaciones ilegales de la libertad, conocidas como levantones, entre otras violaciones a las garantías individuales. Sin embargo, dijo, no hay ni una sola averiguación previa abierta por el delito de tortura.
Enfatizó que entre las 87 desapariciones forzadas registradas, 66 ocurrieron después de 2005.
Lugo Cortés advirtió que los abusos siguen ocurriendo y en los pasados cinco años se ha reportado 10 muertes en cautiverio, en sitios como rejillas y separos policiacos en el estado.
Señaló que técnicas como los golpes, la chicharra eléctrica y golpes con toallas y almohadas para no dejar rastro se mantienen, así como la simulación de ejecuciones, quemaduras de cigarro y la presión sicológica para firmar declaraciones. Subrayó que estas prácticas persisten por la escasa cultura de derechos humanos de perpetradores y agentes de investigación, corrupción y falta de capacitación, e indicó que la Coddehum da seguimiento a casos de violaciones a los derechos humanos, no solamente de la guerra sucia de los 60 y 70, sino que los atropellos a las garantías surgen de nuevo a raíz de la aparición del Ejército Popular Revolucionario y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente a finales de los 90 en Guerrero.
Expresó que la tortura no es asentada en averiguaciones previas, lo que encierra una red de complicidades, en las que se ve envuelto el policía ministerial, el agente del Ministerio Público, los médicos legistas y los defensores de oficio, quienes firman declaraciones sin haber estado presentes en los interrogatorios.
El visitador indicó que es lamentable que la legislatura local vigente haya presentado una iniciativa de ley para castigar la tortura, cuando ya existía una propuesta de la legislatura pasada.
El representante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz Taboada, señaló que si no existieran abusos del Estado, no existiría como tal la lucha social, que surge ante los quebrantos oficiales de la armonía de una sociedad
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