Es la política del Estado para inhibir la lucha social, acusa el activista Manuel Olivares
HÉCTOR BRISEÑO ( )
Estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, denunciaron que además de los dos jóvenes que perdieron la vida en el desalojo de la autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011, Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino, hubo tres muchachos heridos y 24 detenciones arbitrarias.
El joven Gerardo Torres Pérez describió las más de 24 horas que permaneció detenido y golpeado por elementos ministeriales para que firmara una declaración, además de que fue obligado a disparar en ocho ocasiones un arma de fuego.
En su participación en el foro Tortura de ayer y hoy, impunidad de siempre, relató que en una primera instancia fue sometido a maltrato físico en los baños de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) después de ser separado de sus 23 compañeros, además de ser golpeado con tablas y zapatos y aventado contra los lavabos.
El estudiante Torres Pérez recalcó que las demandas que originaron que los estudiantes bloquearan la autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011, siguen vigentes, pues la institución no ha sido remodelada y los materiales educativos no han sido entregados.
Sus compañeros, Agustín Chocolate Salazar y Cipriano Bernardino Melchor Rojo, reprocharon que “no quieren a Ayotzinapa por ser una escuela de lucha de muchos años atrás”.
Manuel Olivares Hernández, integrante de la Red Guerrerense de Derechos Humanos y el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, expresó que la tortura y la desaparición forzada han sido una política del Estado encaminada a inhibir la organización y la lucha social, desde la guerra sucia a finales de los 60.
Como ejemplo de violación de los derechos individuales citó la lucha del Partidos de los pobres, las masacres de Aguas Blancas, El Charco, de los Copreros; la ejecución de Arturo Hernández Cardona, la desaparición de Eva Alarcón, la violación sexual de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
Señaló que dichos hechos constituyen la prueba de que la sociedad sigue dividida en clases.
Puntualizó que “es lamentable que nos cueste tanto trabajo levantar nuevamente la conciencia de los estudiantes; precisamente este desinterés, esta apatía, es lo que hace más difícil la lucha contracorriente, los que defendemos los derechos humanos, más vamos a tardar en cambiar esta realidad que estamos viviendo”.
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