MATHIEU TOURLIERE
MÉXICO, D.F. (apro).- Entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) reportó 89 agresiones contra defensores de derechos humanos. De ellas, 36 ocurrieron durante 2012.
Dicha institución asevera en un informe que, en 23% de los casos, los presuntos agresores fueron funcionarios públicos: 12% provenía de la administración pública federal, 6% de autoridades municipales y 5% de operadores de justicia; mientras que 39% de los agresores nunca fueron identificados.
El ACNUDH tuvo conocimiento de que las autoridades empezaron un proceso de investigación en solamente 37 de las 89 agresiones. Estas investigaciones desembocaron en cinco identificaciones, que a su vez llevaron a tres detenciones.
“La falta de sanciones a los perpetradores no solamente contribuye a la repetición de los hechos, sino que además agrava el nivel de riesgo en que los defensores de los derechos humanos continúan realizando su labor”, señala el informe.
El 38% de las agresiones que documentó ACNUDH consiste en amenazas directas hacia los defensores de derechos humanos. 13% sufrieron “injerencias arbitrarias”, 12% hostigamientos, 11% detenciones y 11% fueron asesinados.
En el informe sobresalen Oaxaca, Chihuahua, Coahuila, Guerrero y el Distrito Federal como los cinco estados más peligrosos para los defensores de derechos humanos. Los más agredidos son los que luchan por los derechos de los migrantes, así como los que defienden derechos civiles y políticos.
Entre noviembre de 2012 y abril de 2013, el nuevo mecanismo de protección a defensores de los derechos humanos y periodistas recibió 64 solicitudes: 38 de activistas y 26 de profesionales de la información.
El mecanismo, analiza el informe, se encuentra en un estado temprano de operaciones y necesita superar obstáculos “para disponer de recursos económicos, tener una adecuada estructura interna y dotar a ésta de los funcionarios adecuados”.
Si el ACNUDH reconoce las condenas hacia agresiones de defensores de derechos humanos que pronunciaron sucesivamente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, deplora que éstas se limiten en “reaccionar” ante agresiones puntuales.
Promesas
El ACNUDH publicó un primer informe en 2009, en el cual hizo recomendaciones al Ejecutivo mexicano para proteger a los defensores de los derechos humanos. El reporte que acaba de publicar propone realizar un balance de los avances cuatro años después de las recomendaciones.
El reporte lamenta que el decreto de reforma constitucional en derechos humanos del 10 de junio de 2011 incorporaba 11 artículos transitorios cuyo plazo ya venció. De este decreto ambicioso, agrega, resultó sólo una modificación a la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ninguna ley secundaria.
De igual forma, la institución apunta los dos años de retraso de la reforma constitucional que permite interponer un amparo para reconocer una violación de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales. El decreto del 6 de junio de 2011 preveía un plazo de 120 días para redactar una ley; no obstante esta fue promulgada el 3 de abril de este año.
Casi todas las recomendaciones que el ACNUDH había proporcionado en 2009 las reiteró este año, aunque reconoce esfuerzos por parte del gobierno hacia la protección de los defensores de los derechos humanos. Hace tres años, por ejemplo, exhortó a reconocer y permitir legalmente la radiodifusión comunitaria. Hoy en día, la legislación sigue sin contemplarla, y la institución observa problemas en el otorgamiento de frecuencias radiofónicas.
Aunque el ACNUDH vio con buenos ojos la reforma de la Secretaría de la Defensa Nacional, señala que todavía falta legislar sobre el uso de la fuerza. Celebra la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 6 de agosto de 2012, que permite a un tribunal ordinario juzgar a militares responsables de violaciones de los derechos humanos.
Las nuevas herramientas, como la Ley de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas –un “paso trascendental”–, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 o el Pacto por México generan buenas expectativas en el seno del ACNUDH.
Sin embargo, insiste en que estos nuevos mecanismos necesitan ser completados, ya que “el resultado esperado aún no se refleja a la escala y extensión del daño sufrido por los activistas, ni al de la necesidad de justicia, reparación y garantías de no repetición que exigen sus casos”.
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