Algunos refugiados contrajeron deudas por la permanencia en ejidos y material para sus casas improvisadas
El gobierno estatal incumplió con el pago de sus cultivos y ganado, se quejan
MARGENA DE LA O
Ayutla, 26 de junio. Familias que fueron desplazadas de la Laguna, comunidad de la sierra de Coyuca de Catalán por la violencia, viven actualmente en Tepango y La Unión, pertenecientes a Ayutla, en condiciones complicadas y de carencias. A los que mejor les va de las 16 familias, están en casas de adobe en terrenos que todavía deben, y el resto, entre lonas y toldos a la ribera de un arroyo.
De las casas que el gobernador Ángel Aguirre Rivero informó que les construía ni siquiera hay una insinuación.
En Tepango, comunidad ubicada en una desviación que sucede a la cabecera municipal de Ayutla, las casas son contadas, entre ellas viven siete familias directas desplazadas de la Laguna; una es la de la pareja Sergio Santana Palacio y Juana Alonso Ochoa, suegros de la líder ecologista Juventina Villa Mojica, asesinada el 28 de noviembre de 2012, en una emboscada en La Laguna. Primero, se refugiaron en Puerto las Ollas, hasta llegar a esta comunidad de Ayutla a mediados de diciembre de 2012, junto a tres de sus hijos, de los cuales dos llevaban sus propias familias y su nuera con sus cuatro hijos.
El día del crimen, los suegros de la líder ecologista lo ubican como el despunte del periodo más violento en esa zona de la sierra que crean los municipio de Coyuca de Catalán y Petatlán, al grado que los hizo salir de la comunidad sin llevarse nada de su patrimonio; la gente de Los Ciruelos, dijeron, son los que se apoderaron de la zona óptima climatológicamente para la siembra de droga, y por el control y venta de la madera.
Apenas habían dejado Puerto las Ollas, cuando supieron que en una riña les asesinaron a su hijo Natividad Santana Alonso, el 3 de febrero pasado, quien había decidido quedarse allí con su familia. Antes, el 15 de febrero de 2011 les mataron a otro de sus hijos, el líder ecologista Rubén Santana Alonso, quien era esposo de Juventina Villa Mojica; después, a su nieto, el niño que iba con la ecologista el día de la emboscada; un primo, un sobrino y un nieto político, crímenes que atribuyen a la persecución contra los defensores de los bosques.
Las deudas, su nueva vida
Sentada al lado de su marido, doña Juana recordó que en La Laguna tenía una casa en un terreno grande –de casi 50 hectáreas, precisa don Sergio–, donde había sembrados mangos, chiles, maíz, aguacates; criaba puercos y gallinas, cuidaba sus cabezas de ganado, y abundaba el agua. Entre ellos y sus nueve hijos reunían 78 cabezas de ganado, que al salirse las dejaron en la comunidad, con el compromiso de la entonces subsecretaria de Desarrollo Político, Rossana Mora Patiño, de que el gobierno estatal se las pagaría; 440 mil pesos por todo el ganado.
Ahora viven en un terreno de menos de media hectárea, que “palabrearon” en 80 mil pesos con una persona del pueblo; aún no lo pagan. Construyeron en medio del espacio una casa pequeña de adobe, madera y lámina; realmente son dos cuartos, uno acondicionado como dormitorio y el otro como cocina.
Para construir la casa en la que viven, la pareja de ancianos pidió fiadas 40 láminas, a 170 pesos cada una, dos docenas de morillos y dos docenas de fajillas, que les sumó una cuenta de 7 mil 650 pesos. Por asentarse en Tepango, el Comisariado de Bienes Comunales les pidió 10 mil pesos, que también deben y por los que amenazan con retirarlos. En su lista de deudas, están apuntados los 10 mil pesos que pidieron prestados para enterrar a su hijo; Natividad fue sepultado en Tepango.
De todo lo que prometió el gobierno del estado, que incluía la construcción de su casa, sólo les dio 100 mil pesos, que repartió entre cinco familias desplazadas en Tepango; dos de esas familias son las de sus hijos, y una de su nuera. “Nos tocó apenas de 20 mil pesos, con eso no haces una casa”, soltó a la par de recordar que si el gobernador Ángel Aguirre Rivero no les paga lo de sus cabezas de ganado, menos querrá reembolsarles el costo de las 50 hectáreas que tenían en La Laguna, con todo y las 12 toneladas de maíz que dejaron sembradas.
Antes de la entrevista, la pareja fue a regar un pedazo de tierra que les prestaron, en el que sembraron elotes, y que para dimensionar qué tan pequeño era el espacio, doña Juana dijo que sólo dos bombazos de agua de una ánfora que utilizan para rociar, gastaron. Recordó lo que le dijo a su esposo de camino a su casa: “¡Oi! Qué bonito se escuchan esas vacas bramar”, y lloró al acordarse de su vida pasada.
Don Sergio comentó que por su edad no puede trabajar, sus dos hijos que viven cerca de su casa le ayudan con parte de los 100 pesos que ganan al día de alquilarse como peones, además que han subsistido con las tres despensa que le dieron a cada integrante de la familia hace un par de meses.
En las inmediaciones de La Unión, también comunidad de Ayutla, viven los hermanos Hermelindo, Bernardo y Constantino Díaz Pérez, con sus esposas y sus tres, cuatro y cinco hijos respectivamente. Sus casas son estructuras con metal, troncos y lonas que están a lado de un arroyo, y cerca del río que atraviesa la comunidad.
En el lugar estaba Juana Méndez, esposa de Hermelindo, quien en ese momento fue a traer a dos de sus hijos a la escuela del pueblo, que está a 30 minutos de distancia caminando.
El resto de las nueve familiares que llegaron allí en marzo pasado, están en Ayutla, el gobierno del estado paga la renta de dos casas que están en la calle Plan de Ayutla de la cabecera municipal, es decir los cinco restantes hermanos Díaz Pérez y la madre de éstos, Catalina Pérez Duque, quien vende picaditas junto con sus nueras y nietas afuera de la casa alquilada. “Con todo lo que hacemos no nos alcanza, aquí hasta por el agua tenemos que pagar”, comentó la mujer que también le mataron su marido, Damián Díaz Hernández.
Juana Méndez Manzanares aclaró que ellos decidieron quedarse en los márgenes de La Unión para cuidar ese terreno en que se supone el gobierno del estado les construirá sus casas, y para estar pendientes de qué ayuda les puede llegar. Por ser paso de un arroyo, el terreno es blando.
Precisó que lo único que les llevaron de parte del gobernador fueron tres paraguas, tres impermeables, unas cobijas, despensas y cinco mil pesos por familia. De no ser por las 20 toneladas de cemento que los hermanos ya hicieron tabicón no habría ningún indicio de casas.
El 17 de junio pasado, el gobierno del estado difundió un boletín de prensa en le que textualmente se leía: “Conforme a los compromisos contraídos mediante el Plan Emergente de Atención a las Familias Desplazadas (Pemafad) de la sierra de Coyuca de Catalán, representantes de diversas dependencias se reunieron para evaluar los apoyos otorgados a las familias, y garantizarles mejores condiciones de seguridad, servicios básicos y apoyos necesarios para poder fincar una nueva vida”.
Informó que la reunión estuvo el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Victoriano Sánchez Carbajal, y que el gobierno del estado “donó a las nueve familias 10 hectáreas de terreno para poder instalarse en un lugar seguro”.
“Con recursos del Fondo Solidario, las familias se han visto beneficiadas con la entrega de 200 láminas de fibrocemento, colchonetas, cobertores, despensas, kits de limpieza y atención medica; además, se apoyará con la realización de un dictamen técnico de las hectáreas de tierra que les fueron otorgadas, para garantizar que vivan en suelo estable que no les represente riesgos”, se lee en el comunicado.
Agregaron que el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano se comprometió a construir las casas de las familias desplazadas en una superficie de 45 metro cuadrados.
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