Feminicidio, migrantes, desaparecidos, abusos ¿hasta cuándo?

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz

Feminicidio: El 31 de mayo de 2013 la Comisión independiente de Derechos Humanos de Morelos realizamos una actividad en el zócalo de Cuernavaca para seguir recabando firmas en la exigencia de la emisión de la Alerta de Violencia de Género y dirigirlas a la presidencia de la República. Hasta el momento hemos recopilado más de mil firmas que entregaremos en las oficinas del Palacio Nacional, con la respuesta que estamos preparando al documento que nos han enviado de la Secretaría de Gobernación sobre nuestra solicitud enviada a Peña Nieto. La respuesta ciudadana ha sido amplia y solidaria, además de firmar, aportando testimonios de casos de violencia de diferente tipo contra mujeres de distintas edades que ven la necesidad de que se tomen medidas por parte de las autoridades y que se avance realmente en una cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres, ya que si bien está claramente establecido en la ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no ha habido ni la voluntad ni los programas institucionales para aplicarlos y hacerlos valer en la práctica. Como parte de un balance positivo de esta campaña es que instancias internacionales han asumido un compromiso con el seguimiento de los casos que les hemos documentado, por lo que consideramos que con la participación consciente y organizada de la población se puede construir nuevas relaciones sociales, donde no prevalezca ni el machismo, ni la misoginia que lleva a los niveles de violencia feminicida que se ha venido denunciando.

Operativo y migrantes: Detuvieron en Cuernavaca a siete migrantes guatemaltecos en una acción de la SSP en hoteles y moteles y fueron puestos a disposición del Ministerio Público. La información publicada en diversos medios de comunicación y dada a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública indica que estos hechos ocurrieron durante un operativo donde fueron detenidas 12 personas en diferentes hoteles y moteles de Cuernavaca y Jiutepec, Sin embargo, en el caso de los migrantes guatemaltecos, 5 hombres y dos mujeres, únicamente se da a conocer el dato de que carecían de documentos legales, sin que se mencione explícitamente que hubiesen incurrido en algún ilícito, por lo que, de acuerdo a los procedimiento legales, no deberían ser consignados ante el Ministerio Público Federal, sino remitidos al Instituto Nacional de Migración para que determinara su situación legal, toda vez que ninguna persona es ilegal en cualquier lugar del mundo. Esta acción de la SSP incurre en violación de derechos humanos establecidos claramente en la constitución, que señala: nadie puede ser molestado en sus personas y domicilios si no hay orden judicial o flagrancia en algún delito.

Para la Comisión independiente de Derechos Humanos de Morelos, la necesidad de que se garantice la seguridad ciudadana no debe significar que se criminalice a personas migrantes y se les presente como delincuentes en operativos que devienen en redadas violatorias de los más elementales derechos humanos. Las prácticas abusivas contra migrantes han significado una condena internacional al Estado Mexicano, de ninguna manera se debe utilizar la fuerza policiaca represiva cuando se debe abordar desde un análisis integral sobre causas económicas, sociales y políticas, no sólo criminógenos. Al respecto, Amnistía Internacional ha señalado al respeto: “El completo fracaso de las autoridades para recopilar y publicar datos (como los informes de abusos contra los migrantes, las investigaciones llevadas a cabo, los autores de crímenes perseguidos, los funcionarios sancionados y el número de migrantes desaparecidos), es un claro indicio de la falta de prioridad y de atención a los abusos que sufren los migrantes en tránsito por México. Las únicas medidas federales preventivas y de investigación parecen limitarse a la labor de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, indocumentados y Órganos, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR. Esta unidad tiene un mandato muy amplio y los abusos cometidos contra los migrantes no son su prioridad.” La impunidad de estos graves abusos permanece en la norma, por ello es inaceptable que se criminalice a las y los migrantes en esta clase de operativos.

Otro operativo y protestas: Luego de que la policía detuvo a 15 mototaxistas en Atlacholoaya, el pueblo indígena se indigna y protesta masivamente y retiene a 5 policías federales, por lo que llegan de la Secretaría de Seguridad Pública a negociar la liberación de los policías. El origen fue la inseguridad y un menor secuestrado que fue rescatado, hasta un día después en Temixco donde fue localizado por denuncia anónima. Las detenciones arbitrarias y la represión no ayudan a resolver la inseguridad. El respeto a los derechos humanos debe formar parte de la seguridad ciudadana.

Una cosa es clara: mientras haya abusos de autoridad, los pueblos se levantarán en defensa de sus derechos, ¿acaso no lo entiende el gobierno?

Desaparecidos: La marcha que partió de Bucareli, en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, concluyó con un mitin frente al gobierno capitalino, luego de recorrer la plancha del Zócalo. “¡Vivos se los llevaron!, ¡Vivos los queremos!”, fue el reclamo unísono de los padres y familiares de personas desaparecidas, acompañados por diversas organizaciones, mientras enarbolaban pancartas con fotografías de sus seres queridos.