México, DF. Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya emitió una sentencia definitiva para suspender las obras del Acueducto Independencia en Sonora hasta que se consulte a los miembros de la etnia yaqui, los gobiernos estatal y federal se han negado a acatarla, en un acto que pone en riesgo el equilibrio entre poderes en México, denunciaron los afectados.
En conferencia de prensa, Mario Luna, secretario ejecutivo de la comunidad yaqui denunciante, explicó que el máximo tribunal del país dio a conocer el pasado 8 de mayo una sentencia en la que deja sin efecto la autorización de impacto ambiental otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
No obstante, la propia Semarnat y el gobierno del estado de Sonora se han negado a acatar la mencionada disposición, argumentando que aún deben analizar cuales son los “alcances” de la misma.
“Violentar esta sentencia implica un peligro para la vida institucional de todo el país, porque se estaría poniendo al Ejecutivo por encima de otros poderes”, lamentó el activista.
De igual forma, Luna señaló que los 75 millones de metros cúbicos de agua que el Acueducto pretende desviar del río Yaqui al río Sonora condenarían a la etnia a la desaparición de su entorno natural en beneficio de proyectos inmobiliarios y zonas industriales, con el argumento falso de que se trata de la única alternativa que tiene la ciudad de Hermosillo para abstenerse del vital líquido.
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