México, DF. Familiares de personas desaparecidas en México pidieron a las autoridades que ya no les entreguen más restos convertidos en cenizas y que tampoco les entreguen ataúdes y les digan que no los pueden abrir, lo anterior durante la firma de un convenio para crear la Comisión Forense de identificación de las personas asesinadas entre agosto de 2010 y mayo de 2012, y que fueron inhumadas de manera clandestina en fosas halladas en los municipios de San Fernando, Tamaulipas, y Cadereyta, Nuevo León.
Integrantes de organizaciones civiles de México, Guatemala, Honduras y El Salvador celebraron la firma de este acuerdo con el cual se reiniciarán los trabajos de identificación de los restos de más de 260 personas.
Durante el acto el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, aseguró que es obligación del Estado mexicano atender este problema y meterse de lleno en el reconocimiento de esas personas asesinadas, pero también estableció que la dependencia que encabeza hará “todo lo posible”, pero también aclaró que no alimentará falsas expectativas o esperanzas de algo que no pueda darse.
Asimismo, Murillo Karam puntualizó que está de acuerdo en hacer todo el esfuerzo posible, con quien sea necesario, con quien pueda ayudar a resolver un caso, pues señaló que se hará todo lo que esté a su alcance.
En Agosto de 2010, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, fue localizada una fosa clandestina en la cual fueron inhumadas 72 personas.
En abril de 2011 un testigo pudo informar a la autoridad de una masacre cometida contra 193 personas, entre ellas migrantes de Centro y Sudamérica que pretendía llegar a Estados Unidos; en el caso de Cadereyta, se localizaron los restos de 49 personas. Todos estos casos serán el primer intento en la cual las autoridades federales y organizaciones civiles traten de establecer mecanismos de cooperación para identificar los restos de las personas asesinadas sepultadas en fosas clandestinas.
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