Zihuatanejo, 21 de agosto. Organizaciones y colectivos coincidieron en que la crisis del desplazamiento forzado en las regiones de Tierra Caliente y la Costa Grande se debe al otorgamiento de concesiones mineras y el control de caminos de grupos de paramilitares.
El líder del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (Fodeg), Bertoldo Martínez Cruz, recordó que la situación de violencia y desplazamiento forzado se intensificó de cinco años a la fecha desde comunidades de la Tierra Caliente, así como en la parte serrana de Petatlán.
Ejemplificó con los casos de La Laguna, San Miguel Totolapan, Los Huajes y La Morena, entre otros, donde, aparte del desplazo forzado, hubo ejecuciones.
“Lo de fondo son tres cosas: tratar de sacar a la gente a base del miedo, por las minas –toda esta zona de Coyuca de Catalán y Petatlán es donde hay más minas–; la demanda de tala del bosque, que es para tener el control de la siembra de estupefacientes, y la entrada de madereras”, enlistó.
Recordó que muchos de los perseguidos son de las mismas familias y comunidades.
Recalcó que otro objetivo es desaparecer a las comunidades, y recordó que en la entidad hay más de 400 concesiones mineras por más de 50 años, y se ha asesinado desde niños hasta adultos.
Por su parte, el representante de la Unión Campesina Democrática en la Costa Grande, Bernardo Solís Radilla, reveló que hay comunidades en la sierra de la región que “han quedado solas, y lo más terrible es que las autoridades hacen que no ven”.
Subrayó que más allá de que en Guerrero se da el fenómeno ancestral de la venganza, la violencia de los grupos delictivos ha causado que los pobladores huyan sin tener apoyo gubernamental.
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