Una propuesta tributaria de la Secretaría de Hacienda acaba de prender las alarmas entre diversos actores políticos, toda vez que “debilitaría” a Pemex, además de que busca incorporar los “contratos de utilidad compartida” en beneficio del sector privado. Por lo demás, en foros organizados por la Comisión de Energía del Senado y por la bancada perredista hubo coincidencia en advertir acerca de los peligros de una reforma energética completa, es decir, que implique modificaciones a los artículos 27 y 28 constitucionales.
La reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto quedó amarrada al futuro de la reforma fiscal que deberá aprobarse en los próximos días en el Congreso. Por la vía de una nueva Ley de Ingresos de Hidrocarburos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pretende crear un régimen tributario que debilitaría a Pemex e incorpora la figura de los “contratos de utilidad compartida” aun antes de que se aprueben las reformas constitucionales a los artículos 27 y 28 y sin que se conozcan los detalles de la legislación secundaria.
La propuesta ya generó fuertes críticas dentro de la bancada del PRD en el Senado, así como en la Cámara de Diputados. También la fustiga el exdirector de Pemex Adrián Lajous Vargas, quien propone suspender la aprobación de un nuevo régimen tributario en materia de hidrocarburos basado en los contratos de utilidad compartida porque “aún no se conocen el contenido y los alcances de esos contratos”.
Por su parte, el constitucionalista Diego Valadés Ríos considera que las reformas a los artículos 27 y 28 “darían a los particulares derechos reales; es decir, de posesión o propiedad sobre la parte de los recursos que hayan sido objeto de la contratación”.
La nueva Ley de Ingresos de Hidrocarburos propuesta en el paquete fiscal por la SHCP establece dos regímenes fiscales de operación simultánea: uno para Pemex Exploración y Producción, y otro para las empresas privadas operando al lado de la paraestatal o compitiendo con ésta.
La iniciativa de Hacienda modifica la naturaleza de Pemex y las instituciones que giran en torno a ella, como la Secretaría de Energía (Sener), que adquirirá mayor poder de decisión. Esta dependencia se encargaría de asignar a la paraestatal los bloques en explotación directa.
Al mismo tiempo se crearía una empresa para comercializar los hidrocarburos –gas natural o petróleo– obtenidos mediante los contratos de utilidad compartida. El dinero generado se entregaría a la SHCP para su reparto.
Así lo establece la iniciativa en su exposición de motivos:
“El comercializador del Estado entregará al fideicomiso todos los ingresos derivados de la producción, una vez descontado el pago por los servicios de aquél, de conformidad con lo establecido en el contrato de recolección y venta que formalicen con la Secretaría de Energía”.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1928, ya en circulación)
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