Atoyac, ver.- A siete meses de que la Coordinadora de Pueblos en Defensa del Río Atoyac mantenga su resistencia pacífica, ha sido visible cómo las autoridades gubernamentales han ignorado esta lucha, pues a pesar de mantenerse día y noche en campamento para evitar que trasladen material, ninguna autoridad se “ha tomado la molestia” de dialogar con ellos.
Ante la indiferencia del gobierno y tras cumplir más de medio año en resistencia, integrantes de la coordinadora advirtieron con emprender nuevas acciones legales para evitar que se extraiga agua del Río Atoyac en beneficio de Córdoba que, aseguran, no será otorgado a las familias de escasos recursos como se ha planteado, sino para empresarios, incluyendo proyectos para zonas residenciales.
En un foro realizado por integrantes de la coordinadora, Edmundo Reyes explicó que en varias ocasiones el Tribunal Permanente de los Pueblos Indígenas ha emitido condenas a las autoridades que pretenden llevarse el agua del nacimiento del río sin consentimiento de los habitantes de la subcuenca.
Ante tal insistencia, dijo, los defensores del río se han dado a la tarea de demostrar la inviabilidad del proyecto Bandera Blanca, esto con datos y estadísticas que demuestran, por una parte, cómo el afluente se ha secado y no puede otorgar agua a los municipios vecinos, así como también han demostrado que el líquido que se pretende extraer tiene fines de lucro en favor de grandes empresarios.
Al cumplir siete meses de la defensa, advirtieron que “este día, los pueblos de la cuenca del río Atoyac nos reunimos para ratificar nuestra unidad y voluntad de lucha para impedir que el gobierno estatal así como los gobiernos municipales de Córdoba y Amatlán lleven a cabo el proyecto denominado Bandera Blanca.
Recordaron que la verdadera intención de este proyecto es extraer agua del afluente -desgastado y altamente contaminado- en beneficio de las comunidades y municipios de Amatlán, Atoyac, Cuitlahuac, Carrillo Puerto, Cotaxtla, Medellín de Bravo, Boca del Río y Veracruz. Aunque quien fuera el principal promotor de este proyecto, cabe recordar, fue el ex alcalde Juan Antonio Lavin Torres, quien preservara Bandera Blanca como solución a la falta de agua en la zona serrana de Córdoba, sin embargo, la coordinadora asegura tener pruebas de que la realidad es otra.
Ante este pretendido despojo y los resultados de sus investigaciones, dijo, entre las medidas que han adoptado lograron ser tomados en cuenta por el Tribunal Permanente de los Pueblos, para denunciar el delito en el que estarían incurriendo los tres órdenes de gobierno en favor de grandes empresas, pasando por alto el derecho colectivo al agua, al territorio a la autodeterminación, a la salud y seguridad.
Para darle solución al tema, han recurrido a todo tipo de asesorías, incluyendo distintas preaudiencias del Tribunal Permanente en tres estados, todo esto para estar informados, exponer el caso, pero sobre todo buscar la manera de actuar en contra del gobierno del estado de Veracruz que incurre en este delito a través de la CAEV, así como los gobiernos municipales involucrados.
Este recorrido en busca de justicia ha derivado en que tanto el Tribunal de los Pueblos así como los comités dictaminadores de la Audiencia Temática sobre devastación ambiental pidan a las autoridades la cancelación oficial de Bandera Blanca, sin que el gobierno de Veracruz haya acatado este dictamen.
Ante la evidente indiferencia de las autoridades al tema y la insistencia de seguir sobre Bandera Blanca, a siete meses de esta lucha, la coordinadora refiere que lo que pretenden es una solución social y viable para la crisis del manejo de las aguas residuales industriales y urbanas. Exigen también la clausura y remediación de los basureros de Cuitlahuac, Atoyac, Cotaxtla y Chocamán; igualmente, piden cerrar las granjas de pollos y cerdos que arrojan desechos al río Atoyac, asimismo, solicitan la realización de un estudio epidemiodológico de salud.
La coordinadora exigió el castigo a los funcionarios que hayan incurrido en actos de corrupción que intentan imponer Bandera Blanca.
Además de estas y en respuesta a la omisión del gobierno veracruzano hacia los activistas, aseguraron que “esta lucha se mantiene”.
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