Luis Hernández Navarro
Los maestros oaxaqueños acordaron un repliegue táctico. Después de 49 días de paro, reanudarán clases el próximo 14 de octubre, regresarán mayoritariamente a su estado y mantendrán a 20 por ciento de sus agremiados en el plantón del Monumento a la Revolución.
La sección 22 ha sido la locomotora que arrastra la insurgencia magisterial en todo el país. Su presencia masiva en la ciudad de México ha sido central en la lucha contra la reforma educativa. La suspensión de labores en Chiapas y Veracruz ha sido fundamental para mostrar el descontento de los mentores con la nueva norma, pero no ha tenido el efecto mediático alcanzado por las protestas en la sede de los poderes federales.
El repliegue de los maestros oaxaqueños no implica, ni mucho menos, el fin de la lucha. Es sólo el remate de una etapa. La disidencia magisterial cuenta con muchas otras locomotoras en el país. Las fuerzas de los docentes oaxaqueños están prácticamente intactas. En su estado se reorganizarán, recuperarán las escuelas que los priístas tomaron, estrecharán relaciones con los padres de familia, prepararán miles de amparos contra la reforma, darán tiempo a que los contingentes descontentos en otras entidades despeguen y se prepararan para una nueva ofensiva, que muy probablemente desemboque en un paro nacional.
La insurgencia magisterial ha alcanzado ya grandes triunfos. Le propinó al gobierno de Enrique Peña Nieto su más grande descalabro social. Ciertamente no ha abrogado la reforma, pero la ha deslegitimado masivamente. Ha quedado claro que no se trata de una reforma educativa, sino laboral y administrativa. Ni siquiera el más recalcitrante de sus defensores se atreve a decir lo contrario. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tiene hoy presencia en todo el país y ha sido reconocida por la Secretaría de Gobernación como una interlocutora necesaria. En muchos estados, los gobiernos locales se han visto obligados a negociar con ella.
Conforme pasa el tiempo, la insurgencia magisterial se extiende y se vuelve cada vez más compleja. Como pude verse en Guerrero, Oaxaca y ahora en Chiapas, Zacatecas y Veracruz, así como en la experiencia de los paros cívicos, se ha convertido en un movimiento popular, en el que otros sectores de la población se suman a la lucha, no sólo en apoyo a los profesores, sino con sus propias demandas.
Muestra de esta creciente complejidad y de cómo la dinámica preponderantemente gremial de la protesta se ha transformado en una movilización en defensa de la educación pública son las tomas de escuelas por padres de familia que rechazan la reforma educativa en la ciudad de México, Veracruz, Campeche, Zacatecas y Quintana Roo.
La distribución de la guía básica de autonomía y gestión escolar para el siglo 2013-2014, que explica las nuevas obligaciones a las que deberán sujetarse los padres de familia, ha propiciado una oleada de inquietud y malestar entre muchos de ellos. Allí se establece que las cabezas de familia son responsables de la limpieza, rehabilitación de la infraestructura del plantel, pintura, jardinería, pisos, ventanas, puertas, baños, salones de clases, mobiliario y otros daños que los directivos reporten ante las organizaciones de padres. También de los gastos de mantenimiento de las áreas verdes y mejoramiento de los patios. Se señala que las reparaciones que requieran de mano de obra deberán ser atendidas por maestros, padres de familia y alumnos.
Como documenta La Jornada Veracruz, los papás y las mamás de la escuela primaria Leopoldo Kiel, en Veracruz, ya vivieron en carne propia el alcance de la nueva norma. Como la integridad física de sus hijos está en peligro porque dos muros de la institución están a punto de caerse, demandaron a las autoridades educativas su reparación. Los funcionarios les respondieron que, de acuerdo con la reforma educativa, eso les correspondía a los padres. Indignados, convencidos de que el gobierno los engañó al decirles que la reforma no los iba a afectar, bloquearon la avenida Ávila Camacho de la capital del estado.
La gratuidad de la enseñanza está en entredicho y los progenitores temen por el futuro educativo de sus hijos. Con toda razón, se preguntan: ¿qué va a suceder con sus vástagos si no pueden pagar cuota?, ¿qué va a pasar si ellos no pueden participar en las actividades para recoger fondos para la escuela porque necesitan trabajar?
Un problema adicional, de proporciones relevantes, se aproxima, también, con la aplicación del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos, recientemente echado a andar. Los choques entre las instituciones responsables de llevarlo a cabo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Secretaría de Educación Pública (SEP), son cada vez más frecuentes. Centenares de miles de maestros han decidido boicotear el censo. Los encuestadores del Inegi han sido corridos de muchas aulas.
En parte, la intensidad del conflicto se debe a que la reforma está muy mal hecha. Entre los docentes de los Centros de Bachilleratos de Educación Tecnólogica y de Servicios (CBTIS), de Educación Agropecuaria (CBTAS) y de Educación Tecnológica Marina (CETMAR) hay gran inquietud. La reforma educativa los dejó en el limbo laboral. Hasta ahora, los maestros de estas instituciones han estado homologados con el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Sin embargo, el Poli, a pesar de no ser autónomo, consiguió, después de que lo solicitó Yoloxóchitl Bustamante, su directora, quedar fuera de la nueva norma. Pero eso no pasó con los miles de profesores de CBTIS. Ellos están en ningún lado.
Que nadie crea que el repliegue del magisterio oaxaqueño dará vida a la reforma educativa. Pésimamente diseñada y peor operada, la nueva norma nació muerta. Carece de consenso entre los maestros. No la revivirán satanizando a los docentes ni diciendo mentiras, como las que aparecen en el portal que la SEP abrió sobre sus mitos y beneficios. La locomotora oaxaqueña no está descarrilada. Desde otra estación seguirá jalando el tren de la insurgencia magisterial.
Twitter: @lhan55
