En comisiones, aprueban dictamen de Ley de Salarios Máximos

En comisiones, aprueban dictamen de Ley de Salarios Máximos

JESUSA CERVANTES

MÉXICO, DF.La Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma constitucional de la denominada Ley de Salarios Máximos, que establece que ningún servidor público podrá percibir ingresos superiores a los del presidente de la República. 

La aprobación de dicho dictamen, que pasará ahora a la Comisión de Puntos Constitucionales, no estuvo exenta de un intento de "albazo" del PAN --intentó votar modificaciones al dictamen sobre la Ley de Salarios Máximos--.para mantener inalterables los elevados sueldos de funcionarios federales, estatales y municipales. 

Sin embargo, legisladores del PRI y del PRD se percataron a tiempo y lo impidieron. 

Sorpresivamente, el presidente de la Comisión de la Función Pública, Benjamín González Roaro --colaborador cercano de Elba Esther Gordillo y exdirector del Fideicomiso de Vivienda del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Vima), la que se considera "caja chica" de la dirigente magisterial-- sometió a discusión y votación "nuevos cambios" a la minuta ya aprobada por unanimidad en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Frente a la maniobra, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el perredista Raymundo Cárdenas, llamó a sus compañeros de esa instancia, los también perredistas Carlos Altamirano, Mónica Fernández y Víctor Varela López, para que acudieran a la reunión de la Comisión de la Función Pública e impidieran el albazo.

Según reveló la diputada Mónica Fernández, durante la reunión se enteraron de que el PAN buscaba cuatro modificaciones de última hora.

La primera de ellas era incluir al artículo central de la reforma (el 127 constitucional) la palabra "irreductible".

Raymundo Cárdenas, al argumentar en contra de la propuesta, advirtió que avalar ese cambio implicaba en los hechos "congelar" la ley de salarios máximos, "acordada por unanimidad en la Comisión de Puntos Constitucionales", pero sobre todo "no corregir los excesos en los sueldos de muchos funcionarios".

Los diputados ajenos a la Comisión de la Función Pública fueron argumentando, uno a uno, su rechazo a las modificaciones a la minuta.

Altamirano aclaró: "El término 'irreductible' es muy delicado en la jerga presupuestal, significa nunca volver a reducir; el espíritu del dictamen que aprobamos en la Comisión de Puntos Constitucionales fue el de acabar con los abusos de algunos funcionarios, además, estamos en crisis económica que no se resolverá en poco tiempo, así que si un funcionario se 'autoasigna' un salario elevado --gracias a esa palabra que introducen ustedes (los panistas)--, su área se tendrá que endeudar para garantizar el pago de ese elevado salario".

"Un malentendido": AN

Ante la protesta del PRD, el panista Benjamín González Roaro, autor de la inclusión de la palabra 'irreductible', trató de calmar los ánimos alegando que "había un malentendido".

Sostuvo que la modificación se hacía para salvaguardar los salarios de quienes habían avanzado a través del servicio profesional de carrera, pero que de ninguna manera se trataba de echar abajo lo avalado en la Comisión de Puntos Constitucionales, y mucho menos permitir que continúen las 'megasalarios' entre los altos funcionarios.

El panista intentó, en más de tres ocasiones, justificar que la impugnada palabra no afectaría la esencia de la ley de salarios máximos.          

Molesto por el trato, el legislador del PRD e integrante de la Comisión de la Función Pública, Mario Enrique del Toro, le reviró:

"¡No creo que haya confusión, estamos muy claros en lo que pretenden hacer! Y quiero que ahorita mismo me aclare si este cambio es propuesta del presidente de la Comisión de la Función Pública o de la fracción del PAN".

González Roaro evadió la respuesta y cedió la palabra a otro legislador. Tocó entonces su turno al perredista Víctor Varela López, quien recordó que "el motivo de la reforma que aprobamos en la otra comisión fue el de acabar con los privilegios, y aquí en esta comisión parece que es para asegurar esos privilegios.

"¿Cómo van a explicar a la gente, a quien en los últimos días sí se les están reduciendo sus salarios con tal que no se cierren las fuentes de trabajo, que según ustedes los privilegios son irrenunciables e irreductibles?".

El perredista Del Toro insistió: "¿La propuesta es del PAN?, y ¿cuál es la posición del PRI?"

Nuevamente González Roaro evitó responder, pero alcanzó a decir que "la propuesta está causando mucha confusión, cuando sólo pretendimos dar certidumbre jurídica a los trabajadores de servicio de carrera".

El panista pidió entonces retomar una de las propuestas perredistas de que el adjetivo pudiera quedar en un transitorio, aclarando que entraría en vigor una vez estuviera vigente la nueva ley de salarios máximos.

El PRD se negó. Dijo que no sólo retiraba esa propuesta sino que además exigía se retirara ese cambio.

Raymundo Cárdenas le recordó a González Roaro el acuerdo alcanzado entre las fuerzas políticas para que ningún funcionario, incluidos los de órganos autónomos, ganara más que el presidente de la República. "A cambio el PRD cedió en que la nueva ley no afectara a los actuales magistrados y ministros".

Y remató con una advertencia: "Pido a los panistas que hagan honor a su palabra, porque las consecuencias para el partido que elaboró esta propuesta serán graves".

Entonces González Roaro intentó obtener el apoyo de los priistas, pero éstos guardaron silencio, por lo que no tuvo más opción que retirar las modificaciones.

Antes, el panista intentó deslindar a su partido de la maniobra: "No tiene a caso someter a votación este cambio que genera tanta confusión, y quiero aclarar que no es posición del PAN cuidar y proteger los salarios y privilegios de funcionarios. Así es que se retira la propuesta".

Los panistas, que a lo largo de la semana negaron a perredistas y priistas que promoverían esos cambios, optaron por retirar también otras modificaciones.

Una de ellas establecía que los funcionarios del Banco de México no se podían someter a esta nueva ley de salarios máximos, debido a que, según el argumento panista, este organismo no se sostiene con recursos del erario federal sino que son propios. Otro de los cambios era excluir de esta ley al procurador general de la República.

El tema llegó a oídos de los perredistas sólo porque un par de minutos antes de la reunión de la Comisión de la Función Pública, el propio presidente de esa instancia, González Roaro, comentó los cambios ante algunos medios de comunicación.

Los perredistas que lograron echar atrás el fallido albazo del PAN fueron los legisladores afines a Andrés Manuel López Obrador.

Finalmente, el dictamen se aprobó tal como lo había avalado previamente. El próximo jueves, se le dará primera lectura en el pleno y hasta el martes 31, el pleno de la Cámara de Diputados lo estaría aprobando.

El problema es que se avecinan las vacaciones de Semana Santa y que el actual periodo legislativo concluye el 30 de abril, es decir, sólo le restarían al Senado siete sesiones más para avalar esa ley. Si ello no ocurre, la minuta volverá a la 'congeladora'.