Frenar violencia, exigen 25 mil triquis en Oaxaca

Cerca de 25 mil indígenas del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui marcharon ayer por las principales calles de la capital de Oaxaca para exigir al gobierno estatal frenar la violencia contra los integrantes de esa organizaciónFoto Octavio Vélez Ascencio


Instalan mesa de negociación con autoridades del gobierno estatal

Piden aclarar paradero de las hermanas Ortiz Ramírez, dos miembros del EPR y un integrante de la APPO, todos desaparecidos en 2007


Octavio Vélez Ascencio
Corresponsal La Jornada
Oaxaca, Oax., 18 de marzo. Unos 25 mil indígenas afiliados al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) marcharon este miércoles por las principales calles de la capital de Oaxaca para exigir al gobierno estatal la instalación de una mesa de diálogo que atienda sus reclamos de justicia, porque los agravios y la violencia cometidos durante dos años contra los integrantes de esa organización no se han detenido ni esclarecido.

Los manifestantes partieron del monumento a La Madre, en la salida poniente de la ciudad, pasaron por la carretera del Cerro del Fortín y se dirigieron al zócalo de la ciudad. La movilización causó congestiones de tránsito debido a que detrás de los triquis avanzaron decenas de vehículos que los indígenas utilizaron para trasladarse desde sus comunidades.

El dirigente de la organización, Heriberto Pazos Ortiz, dijo que el MULT protestó para presionar a la administración estatal a que responda sus peticiones, principalmente de justicia.

Indicó que entre los agravios a los triquis destaca la desaparición de las hermanas Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, maestra bilingüe y estudiante de segundo año de secundaria, respectivamente, ocurrida el 5 de julio de 2007, así como los 46 asesinatos perpetrados durante los dos años recientes en la zona poniente de Oaxaca, donde habita la etnia.

Asimismo, demandó que se presente con vida a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), y a Lauro Juárez, indígena chatino simpatizante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, (APPO) desaparecidos en diciembre de 2007.

También pidió la libertad de los ocho presos políticos y de conciencia de San Agustín Loxicha, indígenas zapotecas presos desde 1996, acusados de pertenecer al EPR, y la entrega de recursos financieros para proyectos productivos.
Pasado el mediodía, una comisión del MULT se trasladó al gimnasio Ricardo Flores Magón para reunirse con el secretario general de Gobierno, Jorge Toledo Luis, y con otros funcionarios.

El encargado de la política interna de Oaxaca dijo que la administración estatal atenderá las demandas del MULT, al cual calificó de organización seria y comprometida. Expuso que la administración que encabeza el gobernador Ulises Ruiz Ortiz no distingue colores partidistas o agrupaciones sociales por trabajar para todos, más cuando se trata de organizaciones responsables como el MULT.

Ante los planteamientos presentados por los inconformes en la mesa de trabajo, el procurador General de Justicia del estado, Evencio Nicolás Martínez, informó que en el caso de las hermanas Ortiz Ramírez ya se agotaron todas las averiguaciones y están pendientes los arrestos de cuatro personas presuntamente vinculadas con esas desapariciones.

En cuanto a los presos loxichas, acotó que este caso es del fuero federal, pero aseguró que la administración estatal tiene la intención de coadyuvar a su pronta liberación.

En la reunión se acordó que un equipo de abogados del gobierno estatal y del MULT revise la respuesta que se ha dado a peticiones de la organización, como introducción de agua potable, energía eléctrica y drenaje, entre otras obras, a fin de acelerar los procedimientos para apoyar a comunidades indígenas y a diversas organizaciones sociales.

En la reunión también estuvieron el secretario de Seguridad Pública estatal, Javier Rueda Velázquez; el subsecretario general de Gobierno, Joaquín Rodríguez Palacios; el coordinador de visitadores del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Roberto López Sánchez, y el director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Alan Loren Peña Argueta, entre otros servidores públicos.