Los pobladores viven bajo constantes amenazas y presiones para que se marchen
Los habitantes dicen no estar en contra del proyecto, pero sí del robo y la reubicación marginal
JUAN CARLOS G. PARTIDA
Por 300 mil pesos en cada caso, al menos 10 poseedores de fincas en la zona donde se pretende construir un desarrollo turístico de alto nivel en la costa de Chamela, Jalisco, permitieron que sus casas fueran destruidas y luego abandonaron la pequeña población de unos 200 habitantes. El resto que se ha negado a entregar sus predios a la empresa Operadora Chamela, promotora del complejo turístico llamado Zafiro que se planea construir en las playas de esa zona de la Costa Alegre, viven entre mallas ciclónicas, con la primaria y el kinder restringidos al paso de los alumnos mediante cercas con púas, además de una creciente presión para que desalojen ante el inminente inicio de obras.
Salvador Magaña, dirigente perredista en el municipio de La Huerta y quien recientemente renunció a la secretaría general del PRD Jalisco, advirtió que el creciente malestar entre los pobladores está tomando forma por la presencia de policías privados, por el cierre de accesos a las playas y, en particular, por haber cercado las escuelas con alambres de púas. La denuncia también la ratifica la delegada municipal Elia González Ríos: las 10 personas que hasta ahora han aceptado los 300 mil pesos ofrecidos por la Operadora Chamela por “indemnización” son Antonio González Ríos, Rafael García, Jorge García Tolentino, Miguel A. García Tolentino, Octavio Urabo, Veronica García Tolentino, Epifanio Gonzalez, Juan. Manuel Figueroa, Adalberto Domínguez y Fernando Domínguez. Las 10 familias de cada una de estas personas ya abandonaron Chamela y en siete casos se derribaron las casas con uso de maquinaria y personal de la empresa constructora.
La presión reciente ha llegado al grado que la semana pasada fue detenido uno de los opositores al desalojo, Juan Valdovinos, quien fue enviado a la cárcel del vecino municipio de Cihuatlán, de la cual salió libre bajo fianza.
“Existen tres familias que están siendo presionadas e intimidadas por no querer recibir la indemnización, las de José González Cruz, Irma Hernández Casillas y María de los Ángeles Ríos Verdín, quien por cierto denunció que le quemaron su casa hace como dos años y medio y que por amenazas se refugia por las noches en casa de una de sus hijas, porque tiene temor de ser victima de algún atentado por ser ella una de las mujeres defensoras de los habitantes de la comunidad”, dijo Magaña.
El activista pidió el apoyo de las autoridades estatales para detener la voracidad de la empresa promotora del desarrollo turístico, en el que se menciona como uno de sus más fuertes accionistas al banquero Roberto Hernández, ex dueño de Banamex. Dijo que la Secretaría de Educación Jalisco tendría que ofrecer una respuesta puntual y solución a la circulación con alambres de púas de la primara Jaime Torres Bodet y el jardín de niños Valentín Gómez Farias.
La agente municipal, Elia González Ríos, afirmó que Operadora Chamela hace firmar a las personas que aceptan la “indemnización” un documento en el que aceptan que se retiran de Chamela por voluntad propia.
De acuerdo a ambos denunciantes, en cuanto Operadora Chamela logra el desalojo comienza la destrucción de las humildes fincas y todo es limpiado para de inmediato proceder a plantar palmeras.
De la consulta al despojo
Chamela es una comunidad que se encuentra a unas cuatro horas por carretera desde Guadalajara, enclavada en el corazón de la llamada Costa Alegre de Jalisco, una zona repleta de playas todavía sin colonizar por los grandes desarrollos turísticos. Está dentro de la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala, donde la UNAM tiene una estación de Biología, y donde ya existen al menos tres grandes complejos para turismo de altos recursos económicos. También invadiría el santuario tortuguero de las islas de la bahía de Chamela.
El proyecto Zafiro en Chamela es el más avanzado de varios desarrollos turísticos de gran nivel planeados en la costa, que incluye también playas semivirgenes en Chalacatepec y Campo Acosta, lugares al igual que Chamela supuestamente protegidos por su alta fragilidad ambiental.
Zafiro se construiría sobre 910 hectáreas en las cuales se ubicarían un hotel de 175 habitaciones, 246 lotes residenciales, un spa, un campo de golf, una aeropista privada, además de una reserva ecológica privada de 263 hectáreas , de acuerdo a los datos que presentó Ari Nieto Vélez, de la Operadora Chamela el pasado 22 de febrero cuando el proyecto fue presentado a la opinión pública en La Huerta, como lo exige el proceso de consulta a que están obligados los desarrolladores.
Ahí quedó claro que Zafiro retoma dos viejos proyectos que no fueron autorizados en 2007 –San Carlos y La Tambora, este último del banquero Roberto Hernández-, y se estima una inversión de 450 millones de dólares que, dijo Nieto Vélez, generaría más de 2 mil empleos durante su construcción, además de 369 permanentes una vez que esté operando.
El delegado de la Semarnat en Jalisco, José de Jesús Álvarez Carrillo, dijo ese día que en esos momentos el proyecto se encontraba en proceso de evaluación, luego que desde enero inició la consulta pública. La reunión en La Huerta, afirmó, sirvió para que todos los que tengan algo que decir sobre Zafiro, a favor o en contra, lo hicieran y sus opiniones pudieran ser consideradas por la autoridad para incorporarlas a la evaluación final.
En esa ocasión no acudieron funcionarios de la estatal Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades), cuya titular Martha Ruth del Toro afirmó entonces que no tenían mayores detalles sobre Zafiro y que esperaban conocerlos para emitir una opinión formal sobre las posibles implicaciones ambientales.
Sin embargo, Salvador Magaña dice que esa consulta de febrero fue una farsa, porque no se efectuó en Chamela, donde están los pobladores directamente perjudicados. Afirmó que las “indemnizaciones” que ahora se entregan, pese a que el proyecto evidentemente aún no se autoriza por las autoridades federales, estatales y municipales, condenan a quienes las reciben a continuar ahora en otro lugar, bajo la misma marginación en que hoy se encuentran.
“Vemos que siguen presionando a la gente que no ha querido dar sus casas para sacarla. Los pobladores poseen varias palapas en las playas, en la zona federal, pero Operadora Chamela dice que compraron esos terrenos. Son los vicios del sistema político mexicano, porque originalmente pertenecían al Banco Ejidal que al parecer se los vendió a la familia Landeros, de Guadalajara, la que luego hizo una operación dudosa y los hipotecó. Y ahora resultó que salió propiedad de Operadora Chamela”, dijo Magaña.
Afirmó que no están en contra de la llegada de desarrollos turísticos, pero no a costa del despojo y la reubicación marginal de los actuales posesionarios de las tierras, quienes tras recibir los 300 mil pesos se van a comunidades cercanas en Tomatlán o La Huerta, a continuar viviendo en la pobreza. Dijo que lo justo sería que el desarrollo del municipio fuera equilibrado y sustentable para todos.
Las dos cabezas visibles de la presión contra los pobladores son las de Ari Nieto, representante de Operadora Chamela, y Rodolfo Brito Barba, quien fue secretario general en el ayuntamiento panista de La Huerta 2004-2006.
“Ha habido un tráfico de influencias muy evidente, nadie levanta la voz, tienen miedo, hay gente armada. Si no hacen las cosas con justicia nos van a tener que obligar a hacer una resistencia civil, a movilizarnos con la gente y defender el patrimonio por la vía de la manifestación”, agregó Magaña.
Ante la gravedad de la situación, exhortó la intervención de organismos ambientalistas, de las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos y a todos los sectores para hacer un frente en defensa de las playas. Por lo pronto, anunció que el próximo fin de semana acudirá el diputado federal por el PT, Enrique Ibarra, para conocer a detalle lo que ocurre en el lugar y por su lado dijo que, sabedor que los desarrolladores “son capaces de todo”, los hacía responsables si existían actos de represalia en contra de los lugareños que se niegan a “dejarse despojar”.
Fuente: La Jornada de Jalisco
Difusión: Soberanía Popular
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