México D.F., 23 de marzo de 2010 (Cencos).- Conforme avanza el sexenio, los argumentos y pruebas del fracaso de la estrategia del gobierno federal en el combate al crimen organizado aumentan, coincidieron organizaciones civiles de defensa y promoción de los derechos humanos.
Las violaciones de derechos humanos por parte de militares van en aumento y tan sólo en 2008 y 2009 sumaron 3 mil 21 ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “sin que esto signifique que sean todas; estas son sólo las que llegaron ante la CNDH”, dice Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional México. Paralelo a esta cifra también ha aumentado el número de efectivos militares desplegados en tareas de seguridad pública que a mediados de 2009 llegaron a ser 48 mil 750.
Esta escalada de violencia y de transgresión a los derechos fundamentales de las y los mexicanos ha crecido sin importar que la “guerra” contra el narcotráfico declarada por el Ejecutivo Felipe Calderón sea “inconstitucional, ilegal y comprometa a nuestro estado de derecho” a decir de Miguel Concha Malo, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P., organizador del Foro Militarización, Seguridad y Derechos Humanos.
El diputado Enrique Ibarra Pedroza, integrante de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, urgió a que se reforme el artículo 57 del Código de Justicia Militar para que los crímenes y violaciones contra civiles cometidas por sus elementos puedan ser juzgados ante el fuero común. Esta reforma debe ser implementada por el gobierno mexicano en cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del desaparecido guerrerense Rosendo Radilla.
Contrario a esto, las intenciones del Ejecutivo van encaminadas a que se legalicen las funciones actuales del Ejército, según una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que envió al Congreso de la Unión en abril pasado y que ha sido cuestionada recientemente por el Comité de Derechos Civiles y Políticos de la ONU.
El tema de la violación de derechos humanos por parte de militares “no debe limitarse a reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar”, dijo Alberto Herrera, ya que “en realidad los recursos jurídicos en todos los ámbitos de impartición de justicia han resultado insuficientes para conseguir justicia en estos casos”, mientras que Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez llamó a analizar otros elementos que han permitido el aumento e impunidad de las violaciones como la “opacidad, falta de investigación, y el uso de los medios de comunicación con fines propagandísticos”.
“Juárez ha sido un triste ejemplo de la estrategia fallida en seguridad pública", agregó.
Fuente: CENCOS
Difusión: Soberanía Popular
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