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Cada acción o medida que asume la banca que opera en el país, está perfectamente calculada y en línea con las demandas de Washington. El pasado 24 de mayo las autoridades de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México admitieron que estaba planeanda una nueva regulación para el mercado de venta y compra de dólares. Aseguraron que no se afectaría la paridad cambiaria y, aún más, que formaba parte de las medidas precautorias para frenar el ingreso de dinero sucio a los circuitos financieros del país.
Antes, no obstante, la banca había filtrado que “de forma voluntaria” restringiría el cambio de moneda en sus ventanillas y que no aceptaría transacciones mayores a 10 mil dólares. Así, será esta semana cuando se den a conocer los detalles sobre esta regulación que estuvo pensada desde las oficinas del gobierno estadounidense.
Fue la liberación de un reporte que se elaboró de manera conjunta entre los gobiernos de los dos países, en el que se ubica a México en una zona de alerta respecto a sus avances en el combate al lavado de dinero y esto motivó una temprana autorregulación de la banca y a su posterior regulación.
Para la banca en México su “temprana” reacción para negarse a seguir cambiando dólares por pesos en sus ventanillas le valió que las autoridades estadounidenses aseguraran en dichos reportes, liberados hace apenas unos días, que han sido diligentes en hacer cumplir las leyes vigentes contra el lavado de capitales.
Los reportes elaborados en Washingtin menciona los nombres de HSBC, BBVA, Bancomer y Banamex, instituciones que han dejado de aceptar depósitos en efectivo en ciudades altamente vulnerables al fenómeno del narcotráfico, tales como Jalisco, Michoacán, Guerrero y Sinaloa. Sin embargo, esta decisión no se ha hecho pública aunque ya está siendo aplicada.
Pero la banca en México no ha podido ir más allá –dicen los estadounidenses– porque no cuenta con un organismo equivalente a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC). De esta forma, también sin decirlo, la banca extranjera ha tomado decisiones sobre sus clientes sospechosos en México, al utilizar información generada por el gobierno de Estados Unidos.
Por ahora, el “Estudio bilateral de recursos de procedencia ilícita México-Estados Unidos” ofrece un detallado reporte de la operación de las llamadas organizaciones criminales trasnacionales.
El gobierno de Estados Unidos se niega a seguir identificando a los grupos de narcotraficantes como “cárteles”, pues ha descubierto sofisticadas cadenas de mando que los convierte en verdaderas multinacionales del crimen.
En conferencia de prensa el pasado 3 de junio, el subsecretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, John Morton, acompañado por el embajador de ese país en México, Carlos Pascual, presentaron en territorio mexicano las conclusiones del análisis supuestamente binacional. No estuvieron presentes, sin embargo, autoridades del gobierno mexicano.
En los resultados de la investigación ubicaron a México como la puerta de acceso para el dinero sucio que llega a Estados Unidos, con un monto que ocupó las planas de la prensa nacional: entre 19 mil y 29 mil millones de dólares.
Pero más allá del impacto mediático, otro documento del gobierno estadounidense envía otra advertencia. Se trata del reporte anual sobre narcotráfico y lavado de dinero del Departamento de Estado del gobierno de Barack Obama. En 479 páginas el gobierno estadounidense censura y condena a cientos de países sobre sus fallas en el combate a estos flagelos. Llama la atención, sin embargo, que en el documento no aparece ejercicio alguno de auto evaluación sobre sus propios resultados.
Al referirse a México, el Departamento de Estado norteamericano concluye: “México debe ajustar su legislación para frenar el financiamiento al terrorismo y al narcotráfico y cumplir con la Estrategia Mundial de las Naciones Unidas Contra el Terrorismo”.
El gobierno mexicano, dicen en Washington, debe promulgar leyes y los procedimientos para congelar de manera eficiente los bienes de los terroristas y narcotraficantes. Debe también cumplir plenamente y mejorar sus mecanismos de extinción de dominio, el control del contrabando a granel de la moneda a través de sus fronteras, monitorear los sistemas de pago por posible explotación, mejorar la regulación y supervisión de los circuitos financieros, restringir las licencias de centros cambiarios y centros de juegos de azar, así como ampliar la vigilancia para empresas vinculadas con este problema.
Además, el Departamento de Estado vuelve a insistir en la necesidad de mejorar la capacitación de los jueces y magistrados mexicanos para que sean capaces de procesar con éxito y condenar a los blanqueadores de dinero que también están financiando el terrorismo.
La corporativización del narcotráfico
El fortalecimiento de los grupos de narcotraficantes en México, dice el gobierno estadounidense en su análisis sobre la procedencia de bienes ilícitos, se presentó a partir de la persecución de las organizaciones colombianas.
Entre la década de los ochenta y noventa se fracturaron las rutas de transportación a través del Caribe, entonces catalogada como la ruta de menor costo. Fue entonces cuando se inauguró la siguiente ruta a través de México, sus carreteras y aguas: en 1991 el 50 por ciento de la cocaína venía desde México y en 2004 aumentó al 90 por ciento. México se convirtió entonces en el Fedex de la cocaína, asegura el reporte en alución a la principal empresa de mensajería.
Los principales beneficiarios de los ingresos ilícitos resultado de la venta de drogas en Estados Unidos son las organizaciones criminales transnacionales, producto del contrabando de narcóticos, armas y hasta personas en la frontera sur de ese país.
Dichos ingresos, gracias a la debilidad de los colombianos, resultaron determinantes para que sostuvieran sus operaciones y adquirieran insumos con la industria farmacéutica para ampliar sus operaciones a otros sectores en los que los mexicanos aún dependían de socios extranjeros.
Por ello, en respuesta al incremento y sofisticación de sus operaciones, el gobierno de Estados Unidos dice que está incrementando la cooperación bilateral entre ambos países para frenar el flujo de recursos. Antes, sin embargo, se ocupó de desentrañar el esquema de operación de las organizaciones criminales transancionales (OCT) mexicanas.
La cadena de suministro a granel de efectivo de los narcotraficantes se basa en un sistema en donde todas las órdenes provienen de las cabezas de las OCT en México. Esto es relevante por varias razones: en primer lugar, revela la importancia de la comunicación en toda la cadena de suministro para regular el flujo de caja a granel (de dólares); en segundo se establece que el mando mexicano tienen la mayor influencia en la organización para proteger sus intereses y controlar el flujo de mercancía y efectivo.
De las entrevistas realizadas por lo investigadores estadounidenses, se desprenden dos tendencias para manejar el efectivo producto de los delitos que se comenten en Estados Unidos y México.
Modelo interno (Insource): se basa en el transporte a granel de efectivo que se controla a través de células de la propia organización.
Modelo externo (Outsource): transporte a granel de efectivo manejado por un contratista independiente o corredor de dinero.
El modelo interno permite a las cabezas de las OCT en México mantener el control del efectivo en grandes cantidades y controlar su ubicación. El modelo de externo se utiliza cuando se desea diversificar el flujo de caja a granel o cuando hay un acceso limitado a los recursos.
El reporte del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos logró confirmar, por lo pronto, que en Seattle, Yakima, Washington, Denver y Colorado, las organizaciones criminales transnacionales mexicanas tienen una escasa presencia de narcóticos porque no han logrado establecer las rutas adecuadas para el manejo de efectivo.
Por ello, las organizaciones criminales de narcotraficantes han buscado otros esquemas, pero es un hecho, como lo confirman los estadounidenses, que la mayor parte del dinero resultado de operaciones de compra y venta de drogas se transporta a granel entre la frontera de México y Estados Unidos. A partir de esta conclusión se ubica la importancia de frenar en México el cambio de dólares por pesos.
También se ha puesta en macha la contratación de personas para mover dólares de manera física o contratar transferencias electrónicas como las que ofrece Western Union. De hecho, en febrero de 2010, las procuradurías de Arizona, California, Nuevo México y Texas anunciaron investigaciones sobre transacciones por más de 94 millones de dólares con Western Union.
Esa compañía había sido acusada de permitir que las personas que estaban trabajando a nombre de narcotraficantes mexicanos enviaran fondos desde los Estados Unidos a México. Las tarjetas prepagadas también se utilizan para las transferencias de efectivo y en breve se esperan medidas sobre este esquema.
Otro ejemplo de lavado de dinero es la venta de ropa de segunda mano. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, a lo largo de la frontera Estados Unidos-México, cientos de establecimientos venden grandes cantidades de ropa de segunda mano que se introduce en México a través de medios ilegales, pagando con dólares resultado del narcotráfico. Así, el contrabando de ropa usada es otra manera de lavar dinero. Un delito sobre otro.
El siguiente flanco que atacarán las autoridades estadounidenses serán los equipos de comunicación que han permitido a las organizaciones criminales mantenerse en contacto para regular y defender sus operaciones pero, sobre todo, proteger el transporte de su mercancía.
El gobierno de Washington ha establecido toda una estrategia de regulación en México del dinero sucio producto del tráfico de drogas y parte de su plan es blindar la frontera con nuestro país y seguir utilizando nuestro territorio como un laboratorio para mantener ocupado al crimen organizado y quedarse ellos con las ganancias de dinero que les significa tener el mercado de consumo de drogas más grande del mundo. En esto, el gobierno de Felipe Calderón está de acuerdo y sumiso a lo que le dicte Washington.
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