El 7 de julio dispararon contra una activista de derechos humanos guatemalteca que hacía campaña contra la explotación de una mina en su comunidad indígena. Otra activista que hacía campaña a nivel local contra la mina fue amenazada.
Deodora Hernández es una activista de base que ha protestado contra los efectos presuntamente negativos de la actividad minera sobre la comunidad indígena local a la que pertenece en Ágel, municipalidad de San Miguel Ixtahuacán, departamento de San Marcos, al suroeste de Guatemala. También ha alzado la voz en defensa del derecho de su comunidad al agua en medio del temor a que las operaciones mineras hayan afectado al suministro de agua local. El 7 de julio recibió un disparo a corta distancia en su propio domicilio. Sobre las 7 de la tarde, dos hombres desconocidos entraron en su casa y preguntaron si podían quedarse allí a pasar la noche. Un familiar de Deodora Hernández les contestó que no se podían quedar, pero les vendió dos tazas de café. Cuando Deodora Hernández entró en la habitación con el café, uno de los hombres le disparó en el ojo derecho, tras lo cual los dos hombres salieron huyendo. Deodora sobrevivió, pero resultó gravemente herida.
El 16 de junio, el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas visitó la municipalidad de San Miguel Ixtahuacán, para investigar si se había consultado adecuadamente a las comunidades indígenas sobre la puesta en marcha de la operación minera en su territorio. Los días 12 y 15 junio, Carmen Mejía, otra activista que hacía campaña contra las presuntas repercusiones que la actividad minera tiene sobre los derechos humanos de la población local, recibió varios mensajes de texto amenazadores, en los que se le advertía de que no debía defender los derechos humanos y que la matarían. Durante la visita del relator especial, Carmen Mejía habló con él en una reunión pública sobre los derechos humanos que presuntamente se estaban violando en la explotación de la mina. El 18 de junio Carmen Mejía recibió un nuevo mensaje de texto en el que se la amenazaba.
Ya deberían encontrarse bajo protección las 18 comunidades indígenas mayas de las municipalidades de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, en el departamento de San Marcos, dado que el 20 de mayo de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas cautelares de protección. La CIDH solicitó al gobierno guatemalteco que tome medidas para proteger su vida y su seguridad, y que suspenda la explotación de la mina Marlin, propiedad de Montana Exploradora de Guatemala, S.A., filial a su vez en propiedad absoluta de Goldcorp.
INFORMACIÓN ADICIONAL
En la solicitud de medidas cautelares presentada el 20 de mayo de 2010 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pedía que el gobierno guatemalteco suspendiera la explotación de la mina Marlin, propiedad de Montana Exploradora de Guatemala, S.A., filial a su vez en propiedad absoluta de Goldcorp, e implementase medidas para prevenir la contaminación ambiental, hasta tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptara una decisión sobre el fondo de la petición asociada a esta solicitud de medidas cautelares presentada por las comunidades ante la CIDH. La CIDH solicitó asimismo al gobierno guatemalteco que adoptase las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de las 18 comunidades indígenas.
El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas visitó Guatemala entre los días 14 y 18 de junio de 2010 a fin de analizar la situación de la aplicación de los principios de consulta con los pueblos indígenas en el país en relación con las industrias extractivas, con un enfoque especial en la situación de los pueblos indígenas afectados por las operaciones mineras en los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán. Al final de su visita, el relator especial declaró que había recibido alegaciones de múltiples ocasiones en que el Estado había otorgado supuestamente licencias para la […] explotación de los recursos naturales en territorios indígenas sin las requeridas consultas. Añadió además que había recibido testimonios directos acerca de […] hostigamientos y ataques […] de líderes comunitarios y, que estas alegaciones apuntan a la responsabilidad de las fuerzas de seguridad, y también a las compañías privadas u otros grupos privados supuestamente asociados a las empresas.
El 23 de junio, el gobierno de Guatemala anunció que atendería la petición de la CIDH de suspender la explotación de la mina por parte de la empresa, pero al día siguiente añadió que llevaría algún tiempo, ya que habría que iniciar los procesos legales y administrativos correspondientes. Hasta la fecha la empresa minera continúa con la explotación de la mina.
La defensa de los derechos humanos es una actividad legítima, fundamental para el progreso de derechos humanos para todos. Las autoridades de Guatemala han mostrado una tardanza injustificada a la hora de adoptar y aplicar un programa de protección de defensores y defensoras de los derechos humanos en peligro, así como un protocolo de investigación para casos de abusos cometidos contra ellos. Es fundamental que las autoridades guatemaltecas se tomen en serio su responsabilidad de garantizar una protección eficaz a los defensores y defensoras de los derechos humanos para que puedan desempeñar su labor con seguridad y sin temor, tal y como se establece en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la ONU en 1998. (Véase la declaración pública Índice: AMR 34/005/2010 y la carta abierta al presidente de Guatemala Índice AMR 34/004/2010: http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR34/005/2010/es y http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR34/004/2010/es)
Carmen Mejía trabaja para la Asociación para el Desarrollo Integral de San Miguel Ixtahuacán, (ADISMI). ADISMI fue legalmente constituida en el año 1994. Es una organización dedicada al desarrollo que representa a familias de las comunidades indígenas rurales de San Miguel Ixtahuacán, y que se ocupa de asuntos relativos al derecho al agua, a la tierra, a la vivienda, a la libertad de expresión y a la identidad cultural. ADISMI ha estado trabajando sobre el tema de la explotación minera con miembros de 22 comunidades indígenas. ADISMI fue una de las principales organizaciones que solicitó la visita del relator especial a San Miguel Ixtahuacán.
Texto completo: http://amnistia.org.mx/contenido/2010/07/22/guatemala-una-activista-contra-la-explotacion-de-una-mina-herida-de-un-disparo-otra-amenazada/
Difusión: Soberanía Popular
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