El gobierno de Calderón integra miles de expedientes financieros confidenciales en contra de “personas políticamente expuestas”, para acreditarles supuestos vínculos con el crimen organizado y su responsabilidad en el delito de lavado de dinero. Mientras las pesquisas contra los políticos de oposición son usadas con fines electorales, las de funcionarios panistas son congeladas. A los priistas les documentan cuentas financieras con depósitos bancarios millonarios “injustificables”, clasificados como “inusuales” y “relevantes”
El gobierno federal dispone del trabajo de diversas áreas de inteligencia para ejercer presión sobre políticos, empresarios y luchadores sociales que le son incómodos y los obliga a someterse para dejar de criticar sus políticas públicas.
Se trata de miles de expedientes, que integran la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en contra de quienes califica como “personas políticamente expuestas”, principalmente en periodos electorales como el que acaba de llevarse a cabo y el que viene para 2012.
Experta en investigar los delitos llamados de “cuello blanco”, esa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene abiertas miles de investigaciones por presuntos delitos de lavado de dinero. Contralínea ha dado cuenta de algunos de esos expedientes “confidenciales”: Patricio Patrón Laviada, Emilio Chuayffet, Gregorio Sánchez Martínez y ahora Manlio Fabio Beltrones.
Investigados por el área de inteligencia de la Secretaría de Hacienda, tan sólo estos cuatro políticos han corrido suertes distintas:
El excandidato a la gubernatura de Quintana Roo, el perredista Greg Sánchez Martínez, está preso en el penal de máxima seguridad de Nayarit bajo acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero, mientras que su esposa, Silvia Benítez Niurka Alba, es también investigada por el delito de tráfico de indocumentados procedentes de Cuba y Rusia.
El panista Patricio Patrón Laviada, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y amigo de Felipe Calderón, tiene abierto un expediente financiero que involucra a miembros de su familia con cárteles de la droga y elblanqueo de capitales; pero al contar con la protección de Los Pinos, la denuncia presentada por la UIF en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Procuraduría General de la República (PGR), fue “extraviada”, lo que motivó duras quejas de la Secretaría de Hacienda en oficios turnados a la PGR, y a pesar de lo cual no se ha procedido por tratarse de un destacado miembro del gabinete federal.
El priista Emilio Chuayffet, coordinador de la bancada mexiquense en la Cámara de Diputados, también tiene un amplio expediente abierto en la UIF, la cual reporta que el político del Estado de México nunca justificó el origen de varios millones de pesos que le fueron depositados en efectivo en diversas instituciones bancarias; sin embargo, la investigación se mantiene bajo reserva.
Manlio Fabio Beltrones
Próximo presidente del Senado de la República, cargo que ocupará a partir del 1 de septiembre, Manlio Fabio Beltrones y su hermano Roberto Alcides también son sujetos a investigaciones de la UIF y la CNBV, las cuales solicitaron información confidencial de las cuentas bancarias y movimientos financieros que han hecho los dos en los últimos cinco años.
El expediente del senador Beltrones, cuya copia posee Contralínea, da cuenta de que este político sonorense con aspiraciones presidenciales ha realizado operaciones financieras y bancarias “inusuales” y “relevantes”, lo que motivó a los investigadores de Hacienda a prender los focos rojos y abrir una amplia investigación en su contra.
La información de carácter financiero sobre el senador Manlio Fabio señala: “De la consulta realizada a la base de datos de la Unidad de Inteligencia Financiera se conoció la siguiente información sobre ciertas operaciones que las instituciones de crédito señaladas a continuación –en su carácter de sujeto obligado bajo el artículo 115, fracción II, inciso a, de la Ley de Instituciones de Crédito– reportaron a la propia Unidad”.
En las operaciones reportadas como “inusuales”, la UIF destaca una transferencia que hizo Manlio Fabio Beltrones, el 15 de noviembre de 2007, a la cuenta 31743-8 de la Casa de Bolsa Banorte, por 5 millones 614 mil 308 pesos. El motivo del reporte, dice Hacienda, es debido a que en las cuentas relacionadas en el contrato 378089, en donde el senador es el mismo beneficiario, se realizó un depósito de 5 millones de pesos el 27 de agosto de 2007.
En la descripción de la operación, la UIF precisa: “Prioridad media. La fecha de apertura del contrato 31743-8 es el 23-11-2001, fue dado de alta como persona física sin actividad empresarial. No cuenta con cotitulares ni beneficiarios. Es senador de la LX Legislatura (2006-2009)”.
Una segunda operación, clasificada como “inusual” por la UIF, fue un depósito en efectivo por 16 mil 200 dólares (poco más de 200 mil pesos) como aportación al contrato/fideicomiso V10001456101 de Seguros Monterrey New York Life. Se trata del pago de primas, ingresos excedentes y/o aportaciones adicionales. En esta operación, los investigadores fiscales dicen que es “inusual” debido a los montos de las primas excedentes o aportaciones adicionales realizadas, que son iguales o mayores al equivalente a los 10 mil dólares.
La tercera operación “inusual” fue un depósito por 1 millón 725 mil 369.45 pesos, realizado el 16 de junio de 2005 a la cuenta 0141180002 de BBVA Bancomer.
Aquí la UIF explica que en el periodo del 10 de febrero al 20 de junio de 2005, el senador Beltrones recibió en su cuenta depósitos por 1 millón 725 mil 369.45 pesos, de los cuales 1 millón 303 mil 931.71 se constituyeron mediante tres depósitos de terceros por “CW”, de la cuenta 0113360970 de la Cámara de Diputados, por 103 mil 931.71 pesos, y un depósito más por 1 millón 200 mil pesos de la cuenta 0453638898 de Aregional, empresa registrada con actividad se servicios de contaduría y auditoría donde figura como apoderado Jesús Alberto Cano Vélez.
También dispuso de 350 mil pesos vía un cheque negociado en Banorte; la cuenta de Aregional número 0453638898, que se fondeó a su vez por 3 millones 61 mil 200 pesos por depósitos de “CW” y con cheque de otro banco proveniente de terceros.
“En las operaciones que realizó el cliente, se desconoce el origen real de los recursos. Las operaciones no son acorde a la actividad registrada como diputado federal, ya que se observa que las transacciones se salen del comportamiento habitual que ha venido realizado el cliente en el pasado”, dice la UIF.
Operaciones “relevantes” del senador
1. Un depósito el 11 de marzo de 2003 por 120 mil pesos, en la cuenta 262279 en American Express Bank.
2. Depósito el 9 de octubre de 2002 por 100 mil pesos, en Banca Serfin, Grupo Financiero Santander.
3. Depósito el 9 de octubre de 2007 a la cuenta 551653331, por 2 millones 165 mil pesos, en Banco Mercantil del Norte, Grupo Financiero Banorte.
4. Dos retiros por 200 mil pesos cada uno el 23 y 26 de agosto de 2002, respectivamente, de la cuenta de BBVA Bancomer.
5. Un depósito el 2 de septiembre de 2004 por 242 mil 791.81 pesos a la cuenta 4024750788 de HSBC, y en esta misma un retiro por 207 mil pesos el 5 de abril de 2004.
6. En la misma cuenta de HSBC, en 2003 y 2004 se reportan 14 movimientos con depósitos y retiros clasificados como “relevantes” por la UIF, por montos que oscilan entre los 100 mil y 600 mil pesos.
El hermano del senador
Roberto Alcides Beltrones Rivera ha sido fiscalizado por la Unidad de Inteligencia Financiera y lo reportan con operaciones “relevantes”.
Se trata de cinco depósitos en moneda nacional realizados a las instituciones financieras Banco Santander y BBVA Bancomer, por montos de 130 mil, 135 mil; dos por 200 mil cada uno, y uno más por 400 mil pesos; esto, entre 2003 y 2007.
La sorpresa para los investigadores de la UIF es que, en la información de carácter fiscal del hermano del senador, encontraron que no está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, aunque sí localizaron declaraciones anuales bajo un registro BERA490126M53, pero sin especificar el nombre propio. En estas declaraciones se manifiestan ingresos anuales en 2003 por 723 mil 555; en 2004, por 821 mil 496; en 2005, por 882 mil 299, y 2006, por 628 mil 432 pesos.
Niega PGR abrir averiguación previa los Patrón Laviada
La Secretaría de Hacienda reprochó a la Procuraduría General de la República (PGR) el “extravío” de la denuncia penal por el delito de lavado de dinero, presentado ante la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, en contra de familiares y amigos del procurador federal de Protección al Ambiente, Patricio Patrón Laviada.
La acusación penal por el delito grave de blanqueo de capitales, elaborada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, acusa directamente a Ricardo José Patrón Laviada, Cecilia Margarita Laviada y Arrigunaga, Jhonny Alberto Benítez Cetina y José Baltazar Cetina Pech, quienes habrían participado en el lavado de dineroproducto del narcotráfico.
El director general adjunto de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, Alberto Elías Beltrán, envió, el 1 de septiembre de 2009, un oficio clasificado como “confidencial” y “reservado” para su difusión hasta por 12 años (número 110/F/26/2009), al titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda de la PGR, maestro Irving Barrios Mójica, en donde le informa de la documentación con que cuenta esa área de inteligencia de Hacienda y sobre los delitos en que habrían incurrido varios miembros y amigos de la familia Patrón Laviada:
“Toda vez que esta Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) conoció información respecto de los hermanos Patricio, Alejandro y Ricardo Patrón Laviada (el primero actual miembro del gabinete de Felipe Calderón), así como de otras personas físicas y morales relacionadas con ellos, remitió, por oficio 110/F/332/2008 el 7 de noviembre de 2008, el reporte de análisis de operaciones UIF/PGR/144/2008 a nombre de Patrón Laviada Alejandro José; Agropecuaria Sac Becan, SPR de RL de CV; Patrón Laviada Patricio José, Cervera Hernández Pilar, Hernández Guerra Aída Amira, Industrial Empacadora, Propesca y Zabaleta Laviada Alfonso Humberto; así como diagrama, cédulas de operaciones relevantes, constancia de la consulta al Registro Federal de Contribuyentes y al Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de Economía.”
Con cinismo y descaro, la PGR reconoce en el oficio CG1/F6/190/2009, con fecha del 8 de enero de 2009, la pérdida de la denuncia penal y que nunca se abriera alguna averiguación previa para investigar el grave delito de lavado de dinero producto del narcotráfico, que involucra a un miembro del gabinete actual, y cuyo oficio original 110/F/332/2008 también fue extraviado; por ello, la UIF remitió el reporte de análisis de operaciones y todo el soporte electrónico y documental de nueva cuenta.
La PGR argumenta: “Se realizó una minuciosa búsqueda en el Libro de Gobierno de esta Unidad Especializada, bases de datos existentes y se solicitó información a los fiscales y agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos, obteniéndose como resultado que al día de la fecha no existen datos o registros de antecedentes de la denuncia de hechos y el oficio por el cual menciona fue presentada la misma, no averiguación previa iniciada en contra de dichas personas”.
En respuesta, la UIF acusa a la PGR de actuar contrario a derecho, en virtud de que Hacienda cuenta con la copia certificada del acuse de recibo del oficio 110/H/245/2006, del 25 de octubre de 2006, en donde el Ministerio Público Federal acepta haber recibido la acusación penal.
“Esa representación social de la federación tenía la obligación de investigar los hechos denunciados a través del citado oficio, llevando a cabo una averiguación previa, practicando y ordenando la realización de todos los actos conducentes para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los inculpados y, en su caso, determinar la reserva o el ejercicio de la acción penal”, argumenta la Unidad de Inteligencia Financiera.
Ante el “extravío” de la denuncia penal que acusa la PGR hubo en sus oficinas centrales, la UIF volvió a remitirle, el 1 de septiembre de 2009 (hace apenas 11 meses), el oficio de denuncia y toda la documentación soporte por el presunto delito de blanqueo de capitales.
Hasta el cierre de esta edición, la PGR seguía sin abrir alguna averiguación previa en contra de los familiares de Patricio Patrón Laviada, quien hasta hoy sigue al frente de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
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Fuente: Contralínea
Difusión: AMLOTV
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